El español Daniel Sancho ingresó este lunes en la una cárcel al sur de Tailandia, después de que un juez del tribunal provincial de la isla decretara prisión provisional para el joven por el presunto asesinato del colombiano Edwin Arrieta.

Sancho, de 29 años, permanecerá en esta prisión al menos hasta que comience el juicio y desde ahora será sometido a un aislamiento de diez días por protocolo Covid-19, periodo durante el cual solo podrá ser visitado por su representante legal.

Daniel, hijo del actor Rodolfo Sancho, confesó el asesinato y desmembramiento de su amigo, el médico colombiano. La Policía tailandesa encontró intestinos troceados, partes de las nalgas y el pene en un saco de fertilizantes. En un primer momento negó los hechos, pero al verse acorralado por la pruebas no tuvo más que confesar.

"Rehén" de la víctima

Según Sancho, él era un "rehén" de la víctima. Mantenían una relación comercial, ya que Arrieta iba a invertir en uno de sus negocios en Madrid. Quedaron en Tailandia para cerrar los flecos del acuerdo y visitar el festival Full Moon Party. Según el español, el médico se había "obsesionado" con él. "He hecho cosas que jamás haría", ha llegado a decir. Ante esta actitud, decidió, según su versión, acabar con su vida.

La Policía del país asiático ha retransmitido con pelos y señales cada paso que ha ido dando con Sancho, algo poco habitual. El detenido, desde su confesión, ha mostrado una colaboración total. Es ahí donde podría estar la clave para poder pagar su condena en España.

Convenio internacional

España y Tailandia mantienen un acuerdo internacional penitenciario desde 1983. Sancho se enfrenta a la pena capital, pero si esta fuese conmutada -algo que no sería una excepción- podría pasar el tiempo en prisión en nuestro país.

La aplicación de este convenio no es automática, y dependerá del caso en cuestión y de la actitud del detenido. En última instancia es Tailandia, y por tanto su rey, de quien depende la medida de gracia.

El acuerdo, que también sirve para que ciudadanos tailandeses detenidos en España pasen sus días entre rejas de su país natal, puede activarse si el código penal de ambos países recoge el delito por el que se le condene. Hay excepciones, como que el delito sea contra la seguridad del Estado o contra patrimonio del país.

La cadena perpetua, a la que se puede enfrentar Sancho, está contemplada en el acuerdo. El problema es que no explica cómo se interpreta la prisión permanente revisable, lo más parecido a la pena tailandesa.

Para venir a una cárcel española, Sancho tendrá que pasar el mínimo previsto para la cadena perpetua en Tailandia. En la legislación del país este tiempo está estipulado en ocho años. Sería entonces, si se dan todos los condicionantes, cuando podría venir a España.

Españoles en Tailandia

Cuatro españoles cumplen condena en la cárcel de Lard Yao, en Bangkok. Daniel Sancho ingresó este lunes en otra cárcel, la de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de que un juez decretase el encierro provisional

Dos de los españoles presos en la cárcel de Bangkok lo son por delitos de sangre; uno de ellos, Artur Segarra, condenado a muerte como autor del asesinato premeditado y posterior descuartizamiento del también español David Bernat, en 2016.

En total, según datos del Ministerio de Exteriores, a 31 de julio de este año, un total de 908 españoles cumplen condena en cárceles en el extranjero; 794 hombres y 114 mujeres, informa Efe.

El país con más reclusos españoles es Francia, donde cumplen sus penas 187 personas (169 hombres y 18 mujeres); seguido de Alemania, donde hay 129 reclusos españoles (114 hombre y 15 mujeres).

En tercer lugar de esta lista figura Marruecos, donde cumplen condena 99 españoles (92 hombres y 7 mujeres), según datos oficiales.

La mayoría de los casos son por tráfico de estupefacientes, muchos de ellos jóvenes detenidos cuando portaban pequeñas cantidades de droga (especialmente, en el sur de Europa) o por ejercer de mulas con varios kilos de drogas, unos casos que se dan más en Sudamérica. Las mujeres representan el 12% del total y en su caso, la vinculación al tráfico de drogas sube al 63%.