Rafael Catalá sigue al frente del ministerio de Justicia, departamento al que llegó en septiembre del 2014 tras la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón. La tarea que tiene pendiente no es fácil. Las asociaciones judiciales y fiscales reclaman desde hace tiempo un pacto de Estado para solucionar la delicada situación de la justicia. Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha provocado una caída del 40% de asuntos en los tribunales por la despenalización de las faltas y la no tramitación de atestados sin autor conocido, queda pendientes otras reformas de igual o mayor calado que permitan agilizar el proceso penal.

Además, el ministerio de Justicia tendrá que terminar de implantar las nuevas tecnologías en los juzgados y en las fiscalías que en estos momentos no está completada  y que está provocando desajustes, ya que no existe un sistema único en todas comunidades autónomas.

La designación de esta plaza también va a permitir que se desbloquee el nombramiento de puestos clave en la fiscalía desde la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que si no es confirmada en este puesto antes del 16 de enero del 2017 cesará ese día. Además, quedan pendientes 30 plazas clave en esta institución como la jefatura de Anticorrupción, de la Audiencia Nacional y de Antidroga.