El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha nombrado un nuevo gobierno libre de ex consejeros imputados por el 1-O. Pero lo ha hecho anunciando también una querella por prevaricación contra el Gobierno por haber bloqueado el anterior decreto de nombramiento de gobierno en el que incluyó a los ex consejeros Jordi Turull y Josep Rull, en prisión preventiva, y a los huidos Lluís Puig y Toni Comin. Será la primera decisión que adopte el nuevo Govern, para intentar despejar la imagen de cesión ante el Gobierno de Mariano Rajoy
El Gobierno ha reivindicado su firmeza y determinación para defender la legalidad ya que cree que eso es lo que ha permitido que Cataluña pueda contar a partir de ahora con un Govern "en condiciones de cumplir sus obligaciones y atender sus responsabilidades" tras conocerse la designación del nuevo ejecutivo. Fuentes del Ejecutivo han hecho hincapié en que esa posición del Gobierno de Mariano Rajoy es la que ha obligado a Torra a rectificar.
La primera reunión del nuevo Govern se centrará adoptar en iniciativas legales contra el ejecutivo de Mariano Rajoy
En respuesta a esa reivindicación de la firmeza del Gobierno, Torra ha anunciado que el primer Consell Executiu, presumiblemente el próximo martes, tendrá un contenido muy centrado en los tribunales. Acordará la presentación de una querella por prevaricación contra Mariano Rajoy por bloquear la publicación del primer decreto de nombramientos en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC).
Una decisión que el Gobierno escudó en la composición de ese ejecutivo aludiendo a la petición de un informe a la Abogacía del Estado, aunque ese informe no ha llegado en los diez días que legalmente tiene el DOGC para publicar decretos del president, plazo que se agotó el martes.
El informe de la Comisión Jurídico Asesora de la Generalitat aseguraba que la autorización previa por parte del Gobierno debía ser "un control meramente formal y constituye un acto debido y reglado" y advertía que en caso "de que se deniegue expresamente, los órganos que han de autorizar la publicación del decreto ncuren en un incumplimiento que es contrario al ordenamiento jurídico y por tanto susceptible de control judicial". Y ese será el argumento de la querella anunciada por Torra.
El nuevo Govern impugnará también la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Una medida acordada por el Senado el pasado 27 de octubre e implementada por el Gobierno al día siguiente, que el independentismo siempre ha defendido que se había llevado a cabo cometiendo fraude de ley. Torra ha anunciado además que su gobierno presentará alegaciones a las impugnaciones a once leyes autonómicas presentadas por el Gobierno durante el medio año en el que ha estado vigente la aplicación del 155.
El nuevo presidente catalán ya advirtió en sus discursos de investidura que uno de los objetivos prioritarios sería la denuncia de a aplicación del 155 así como revertir todos sus efectos. Para ello Torra se comprometió a crear un Comisionado del 155, responsable de fiscalizar la gestión que el Gobierno ha hecho de la administración de la Generalitat durante los últimos seis meses.
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