La Fiscalía Anticorrupción ha descendido un 27,5% el número de asuntos que iniciaron en 2022 con respecto a 2021, a pesar de un incremento en las denuncias. Fuentes fiscales confirman, además, que ni en ese año ni en lo que va de 2023 se utilizó el nuevo delito que introdujo el Gobierno (a la vez que rebajó la malversación) de enriquecimiento injustificado y consideran "muy difícil" llegar a aplicarlo por la forma en la que está redactado en el Código Penal.

Fueron 29 el número de diligencias incoadas el pasado año, frente a las 40 que se iniciaron el año anterior, según reflejan los datos de la Memoria Fiscal. En total, con las que ya se estaban tramitando, Anticorrupción trabaja actualmente sobre un total de 67 procedimientos. Esto pudo deberse, en parte, al número de diligencias que se abrieron en 2021 a raíz de los conocidos como 'caso mascarillas', una serie de tramas distintas en las que se investigaban distintos fraudes respecto a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Muchas de ellas terminaron archivadas, como las que involucraban al Gobierno o las que salpicaban al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, los ciudadanos, cada vez más conscientes del trabajo contra la corrupción, denuncian más. Pero parece que estas denuncias no llgan a buen puerto. De entre la totalidad de escritos registrados en Fiscalía, 1.495 correspondieron a denuncias, un notable incremento frente a las 1.291 del año 2021 y las 1.069 del año 2020, la tendencia es ascendente. El grueso termina archivándose. "Es de resaltar que la mayoría ponían en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que no constituían delito, no se sustentaban en mínimos indicios de actividad criminal, o estaban referidos a eventuales infracciones penales ajenas a la competencia de esta Fiscalía Especial", expone el fiscal jefe Alejandro Luzón.

En lo que sí se registró un ligero incremento es en el número de procedimientos judiciales en los que participó esta Fiscalía especial: pasó de 801 a 841 en un año.

El fiscal destaca en su resumen que 2022 fue reseñable por una importante actividad legislativa en el Parlamento tendente a modificar los delitos competencia de Anticorrupción. Los remaches del Código Penal que realizó el Gobierno de coalición bajo el mandato de Pedro Sánchez incluyeron lareforma del delito contra la integridad moral, los desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, que afecta a los delitos de malversación, "profundamente reformados", y, en menor medida, los de estafa, apropiación indebida, contra el mercado y los consumidores y contrabando.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, explicó cuando presentaron la reforma del texto punitivo la novedad que introducían, con un nuevo delito. “Hemos presentado esto, ¿para contrarrestar qué? Nada. Para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción, para poner un nuevo tipo de delito que no existía en nuestro ordenamiento jurídico y que ha hecho que demasiados cargos públicos que se han enriquecido ilícitamente no hayan tenido ninguna consecuencia”. Lo cierto es que, de momento, según fuentes fiscales este delito no se ha podido acoplar a nadie.

Durante el año 2022, se han dictado 27 sentencias, en primera instancia, en causas judiciales en las que ha intervenido esta Fiscalía Especial.
De ellas 20 han sido condenatorias y 7 fueron absolutorias. Recordemos que en 2021 se dictaron 22 sentencias y 16 en 2020.

La Memoria Fiscal recuerda que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -de la que España es miembromostró su preocupación por el elevado número de casos archivados debido al resultado fallido del auxilio judicial internacional. Anticorrupción revela frustración en las diligencias en las que se requiere la ayuda de otros países para avanzar y ésta finalmente no llega.

Fue lo que ocurrió, por ejemplo, en marzo del pasado año cuando Anticorrupción confirmó el archivo de las causas del Rey emérito Juan Carlos I. En ese caso, había distintas razones como la inviolabilidad del monarca durante todo su reinado, pero lo cierto es que los fiscales solicitaron información a Arabia Saudí y ésta nunca llegó.

En relación a las comisiones rogatorias recibidas, el Ministerio Público detalla que se trataron de delitos de blanqueo de capitales (9), enriquecimiento ilícito (2) y tráfico de influencias (2), cohecho (4), insolvencia punible (1), malversación y prevaricación (2), fraude en contratos de obra pública (1), delitos de corrupción y conexos (1), delitos de colusión agravada y negociación incompatible (1), delitos de corrupción propia y organización criminal (1), delitos de asociación ilícita y contra la Administración Pública (1), delito de financiación ilegal de partidos políticos (1), abuso de autoridad y violación de
los deberes de los funcionarios públicos (1), pertenencia a organización criminal (2), falsedad continuada, y negociaciones prohibidas a los funcionarios (1).

Igualmente, la OCDE mostró su "especial preocupación" por el breve plazo de prescripción de los delitos cometidos por las personas jurídicas, que sitúa en
cinco años, y urge a España a elevarlo sin dilación. Es decir, que se necesite más tiempo para que un delito cometido por una empresa deje de constar como delictivo.

El caso de las obras de arte

De entre las peticiones de colaboración internacional que sí que funcionan, Anticorrupción destaca, por ejemplo, un caso que se ha seguido en la Audiencia Nacional. España solicitó a las autoridades suizas la devolución de
varias obras de arte y artículos de embargados y depositados en el Puerto
Franco de Ginebra, susceptibles de ser decomisadas en el procedimiento. Se mantuvieron varias reuniones virtuales de coordinación entre autoridades suizas y españolas para analizar, entre otras cosas, las distintas alternativas para afrontar el pago de las cantidades adeudadas por el tiempo del depósito en Suiza y la forma de sufragar el seguro y transporte de los objetos.

Todos ellos ya se encuentran en España. El valor declarado en aduanas supera los dos millones de euros, si bien su valor comercial puede ser mucho mayor, anuncia Anticorrupción.