Mientras la política española sube de temperatura ante las negociaciones entre ambos sectores del Gobierno con Junts, pese a las peticiones del partido catalán de una ley de amnistía antes incluso de que se vote la investidura, la calma reina entre los empresarios. Al menos, de cara al público. Ni la visita de la vicepresidenta Yolanda Díaz al expresident de la Generalitat -huido de la fjusticia ahora española desde 2017 y ahora eurodiputado- en Bruselas, ni tampoco la convicción socialista de seguir dando pasos al frente para tejer un pacto con Junts han conseguido remover a la cúpula de CEOE. O al menos, no de forma pública.

En otras ocasiones, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, ha opinado sobre el polvorín catalán. Lo hizo asegurando que los indultos serían bienvenidos si servían para normalizar las cosas, declaraciones que después se vio obligado a rectificar, asegurando que se habían sacado de contexto. Durante la negociación de la reforma laboral, lamentó tenerla que negociar con "unos señores que estaban en la Puerta del Sol hace once años con el 15-M". No son pocas las ocasiones en las que el representante de los empresarios ha opinado sobre temas políticos que trascendían a sus competencias, pero ahora impera el silencio.

Garamendi criticó dos días después de las elecciones que la formación de un gobierno dependa de un partido minoritario, pese al importante porcentaje de voto que ostentan socialistas y populares. "Cuando ves y analizas estas elecciones y ves que el 73% de los escaños están en manos de PP y PSOE, realmente te sorprende que tengamos que estar pendientes de minorías que puedan influir en un momento tan decisivo y tan importante para nuestro país. Es el momento de que los grandes partidos se sienten a hablar y yo de nuevo lo reclamo y que nos den una estabilidad", dijo en una entrevista en Onda Cero. Desde entonces, el vasco no ha comentado las negociaciones para conformar un ejecutivo, ni los contactos con los líderes independentistas.

Desde su formación aseguran en privado que CEOE no tiene nada que decir mientras no se ha producido ningún tipo de acuerdo, y que su obligación es permitir negociar y después opinar sobre lo decidido. Esperan que los avances que se produzcan estén dentro de los "cánones constitucionales", prefiriendo pactos entre los partidos que sí están dispuestos a respetar el orden legal "y la separación de poderes", pero eso no quiere decir que por el momento estén dispuestos a criticar ninguno de los avances que por el momento se están produciendo, y que todavía son discretos, con la excepción del encuentro de Díaz.

Sin embargo, para el sector catalán de los empresarios, la situación es distinta. También están situados en la discreción, pero desde ese sigilo se están produciendo movimientos. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se ha visto recientemente en varias ocasiones con Puigdemont, como publicó en exclusiva La Vanguardia. Según el mismo diario, al gran empresariado catalán le interesa fomentar un pacto que aporte tranquilidad a la región, que deje de lado la posibilidad de convocar referéndums de independencia no pactados y las declaraciones unilaterales, con el fin de recuperar el papel de Cataluña como motor del país e impulsar las inversiones. Ese sería el objetivo de estas reuniones.

Fuentes de Foment descartan que se hayan planificado viajes a Bélgica exclusivamente por ese motivo, relegando esos encuentros a "coincidencias" a raíz de otros eventos que la patronal ha aprovechado para dialogar, de la misma manera que lo hace con fuerzas políticas de todo tipo -excepto con Bildu-. Pero los choques entre Foment y el Govern de Pere Aragonès son conocidos. No alcanzan el mismo nivel al que llegaron las tensiones durante la legislatura anterior, bajo el mando de Quim Torra, pero sí es cierto que la patronal echa de menos aspectos que podrían resolverse si Junts tuviese un mayor papel, sobre todo por cercanía ideológica en temas económicos.

A Sánchez Llibre -que hace diez años era portavoz adjunto de CiU en el Congreso y dirigente de Unió- le gustaría que hubiera un gobierno lo más rápido posible, ya sea con amnistía o sin ella. "Todo lo que solucione la situación política nos parece bien, los pactos nos parecen bien, pero ni nos atrevemos a decir que sí o no a la amnistía. Lo importante es tener un gobierno y ayudar a generar empleo de calidad, y que se genere riqueza", cierran filas desde la patronal catalana. En esta ocasión, y como novedad, también se manifiestan como "alineados con la CEOE" en este aspecto, tras importantes roces durante el año pasado, que llevaron a Foment a presentar en el último momento una candidata a la presidencia de la Confederación como rival de Garamendi.

En este marco, el empresariado deberá ahora tratar de aunar los anhelos de un colectivo que persigue ciertos intereses comunes, como el regreso de las compañías que salieron de Cataluña en 2017 y la recuperación del poderío económico, pero que a la vez está dividido en dos por el independentismo, con voces como la de la Cambra de Comerç como su máximo exponente dentro del sector. Y solo los próximos meses dirán si continúa sin posicionarse en contra o por la amnistía o si decide tomar bando en público.