El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Koen Lenaerts, ha constatado in situ la situación de "desolación" que vive el Tribunal Supremo. El magistrado estuvo este lunes en España y comió con varios togados del alto tribunal, según confirman fuentes jurídicas, con quienes compartió impresiones sobre la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El viaje del belga tiene como telón de fondo también la ley de amnistía que el Gobierno pretende aprobar a la espera de que los jueces europeos resuelvan sobre la inmunidad del expresident Carles Puigdemont.
La cita tuvo lugar en el Palacio de las Salesas (Madrid) en el marco de un seminario entre dos delegaciones (del Supremo y del TJUE) en el que los magistrados de ambos órganos debatieron sobre el Estado de Derecho, el derecho de los consumidores y los derechos fundamentales. Fuentes presentes en la reunión explican que buena parte de las conversaciones giraron en torno a la independencia judicial y a la grave crisis institucional que vive España en lo referente a uno de los poderes del Estado.
"Lenaerts explicó que hay países con Consejo y otros que no lo tienen, pero que lo relevante es que se respete. Ha dicho que estaría vigilante", comentan dichas fuentes, que explican que se hizo mención a casos como el de Polonia. El mandato caducado del CGPJ desde 2018 y la consiguiente reforma de la ley que prohíbe a sus miembros hacer nombramientos en las cúpulas judiciales ha provocado que el 30% de las plazas del Supremo esté vacante. A la situación, que ya de por sí preocupa en exceso, se une la falta de expectativa de que el Tribunal Constitucional la próxima semana revierta la situación. El pleno del órgano debe examinar un recurso del PP y otro de Vox, pero las fuentes consultadas en el Supremo confiesan que hay "pocas" esperanzas puestas en el fallo.
La reunión de togados de este lunes terminó con una comida celebrada en la Sala conocida como "Rotonda" con el presidente del TJUE y los magistrados europeos Lourdes Arastey (que es española) y Octavia Spineau-Matei. Durante el seminario se han producido las intervenciones del actual presidente del Supremo, Fransico Marín Castán, y el expresidente del CGPJ y actual juez de la Sala Tercera Carlos Lesmes.
En la ponencia de éste último basada en el "Estado de Derecho e independencia judicial", Lesmes se refirió al principio de no regresión, que se apoya en la existencia de unos estándares de independencia que hay que cumplir en una Democracia. Las fuentes presentes señalan que también se puso en valor la dimisión del magistrado como llamada de atención a los partidos políticos para buscar un revulsivo que hiciera efectiva la renovación, a pesar de que no hizo efecto. Además, han comentado que el hecho de que Lenaerts hable un perfecto español facilitó el poder compartir con él la desilusión de la carrera judicial ante el bloqueo y su preocupación por un exceso de jubilaciones anticipadas en los últimos meses a causa de las pocas expectativas en la carrera.
Asimismo, intervinieron el magistrado de la Sala Segunda Javier Hernández, el de la Sala Cuarta Ángel Antonio Blasco y el de la Sala Quinta José Alberto Fernández Rodera. Citadas fuentes señalan que no se hizo mención alguna a la situación de Puigdemont, pero a pocos se les escapa que es el TJUE el que debe decidir en los próximos meses sobre la medida cautelar que facilitaría la entrega del expresident a España para ser juzgado por el 'procés'.
El debate en el Constitucional sobre el CGPJ
En este caldo de cultivo crece la expectación por el debate que este lunes tendrá el Tribunal Constitucional para resolver una sentencia muy esperada en el ámbito judicial en los últimos años. Existen dos ponencias distintas -- una del conservador César Tolosa y otra de la magistrada María Luisa Balaguer-- que dicen una cosa y la contraria: que sí es constitucional que el Gobierno haya limitado las funciones del Consejo General del Poder Judicial mientras esté en funciones y que no lo es.
"Esperando a verlas venir", comenta una fuente de la Sala Tercera del alto tribunal, que es la que más puestos vacíos tiene. La reforma legal que desde marzo de 2021 impide a los vocales realizar nombramientos en las cúpulas judiciales fue recurrida por PP y Vox y el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha convocado un pleno monográfico el próximo lunes 2 de octubre para estudiar ambos recursos. En realidad, las resoluciones llevan listas más tiempo, dicen diversas fuentes jurídicas, pero la irrupción de los dos procesos electorales (autonómico y nacional) provocó que el órgano apartara las deliberaciones por una norma no escrita de no fallar sobre temas controvertidos en las fechas previas a unas elecciones.
En el Supremo las fuentes consultadas hablan de "desesperanza" y sobre la esperanza que tienen en que el fallo devuelva las competencias al Poder Judicial, son claros: "poca".
El artículo en discordia es el 122 de la Carta Magna que establece las bases de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El debate en el Constitucional se prevé intenso, puesto que Balaguer es partidaria de desestimar el recurso de inconstitucionalidad del partido de Santiago Abascal ya que considera que no está escrito en ningún lado prohibición o impedimento alguno para modificar esta ley. Mientras, Tolosa propone estimar el que ha interpuesto la formación de Alberto Núñez-Feijóo al expresar que el legislador no puede hurtar al Consejo una competencia clave que garantiza la independencia de poderes del Estado.
El recurso del PP señala que la reforma legal impone "limitaciones absolutamente arbitrarias" y afecta al funcionamiento del Poder Judicial. La clave está en cómo lo interprete en pleno. Si considera que esta ley maniata a los vocales en una función nuclear para que el Estado funcione, como alega el ponente conservador, la sentencia podría devolver las funciones al CGPJ.
Pero muchos magistrados del Supremo ponen el acento en la composición del órgano de garantías y en su aplastante mayoría progresista (siete a cuatro). Para los consultados, este "rodillo" que ha ejercido el sector progresista durante todos estos meses desde que en diciembre cambiaran las mayorías es motivo suficiente para entender que la ponencia que saldrá adelante será la de Balaguer.
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