El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una subida del 0,5% para la remuneración de los funcionarios, que afecta a todos los empleados públicos. De media, el incremento supondrá unos 180 euros más al año. Como ha explicado la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, la medida tendrá un coste para las arcas públicas de 791 millones de euros, un importe que ya se recogía en los presupuestos generales del Estado.
El personal público recibirá en su nómina del mes de octubre esta subida salarial, con efectos retroactivos desde enero de 2023. La subida forma parte del acuerdo que alcanzó la administración pública con los representantes de los trabajadores y estaba condicionada a la evolución del índice de precios al consumo (IPC).
El pacto que alcanzaron los sindicatos y el Ministerio de Función Pública incluía que además de la subida del 2,5% que se aplicó desde principios de este año, si la suba del IPC armonizado de 2022 (5,5% en diciembre) y del mismo índice en septiembre de 2023 (3,2%) era superior al 6%. Al superarse ese incremento en los precios, el Gobierno ha aumentado el salario que percibirán los empleados públicos.
En cuanto a los trabajadores de las empresas públicas, la ministra ha explicado que "ese incremento también opera, pero se sujeta también al convenio y, por tanto, a la interlocución sindical con la representación legítima que tenga cada ente instrumental, pero esta subida apela a todo el conjunto de empleados, funcionarios locales y de comunidades autónomas".
Además de este incremento, el acuerdo con los sindicatos contempla otra subida adicional del 0,5%, en función de cómo evolucione el producto interior bruto (PIB). Si la economía avanza más de un 2,1%, como recoge el cuadro macroeconómico presentado por el Ejecutivo, la remuneración de los funcionarios crecerá esas cinco décimas más.
La medida beneficiará a casi 3,5 millones de trabajadores, la mayoría de los cuales trabajan al servicio de las Comunidades Autónomas, el 60% del total.
Negociación presupuestaria
Preguntada sobre los próximos presupuestos generales del Estado (PGE), la ministra de Hacienda ha reconocido que "habrá decalaje" en el calendario con "respecto a los años anteriores". El Gobierno ya debería haber presentado los objetivos de Estabilidad ante el Congreso de los Diputados.
No obstante, como ha indicado Montero, este proceso que da inicio a la elaboración de los presupuestos tendrá que esperar a que "la investidura se ponga en marcha". En cuanto a la aprobación, ha señalado que "con que se apruebe en los primeros días de enero no hay problema". "Contamos con tener cuentas nuevas para 2024", ha subrayado.
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