Las trágicas muertes de 13 personas en una discoteca de Murcia este fin de semana ya está en su fase de investigación. La Policía Nacional lleva días intentando identificar a los cadáveres. La violencia de las llamas ha dificultado las tareas, y los agentes han tenido que pedir a los familiares enseres personales para hacer los cotejos de ADN.

La Justicia también ha empezado su camino. Este martes, el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha habierto diligencias por los 13 homicidios imprudentes ocurridos en la discoteca La Fonda, propiedad de Juan Inglés Rojo. Una de las claves está en averiguar qué ocurrió con el expediente de cese de actividad que el Ayuntamiento tenía abierto desde principios de 2022 y que ordenó comprobar en octubre de ese mismo año. También dónde y cómo se inició el fuego, ya que la explotación comercial de Fonda Milagros corría a cargo de Juan Esteban Ramírez, un empresario colombiano.

Para el abogado Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados y experto en derecho administrativo, "el Ayuntamiento tiene que comprobar que se lleva a cabo el cese de actividad". Es decir, que tras indicar a la empresa que tenía que cerrar el local, era la propia administración la que tenía que asegurarse de ello. Según La Opinión de Murcia, la Policía Local no recibió comunicación del cierre.

Cese de actividad

Las discotecas implicadas -La Fonda, Teatre y Golden- formaban parte de una misma parcela. El propietario, Inglés Rojo, quiso trocearla para convertirla en tres salas de baile. El Consistorio murciano, en enero de 2022, le comunicó que debía cesar la actividad de todas ellas al entender que lo que tenía que hacer era pedir una nueva licencia para cada una. En marzo presentó un nuevo proyecto para los tres establecimientos que todavía no se ha resuelto. En octubre fue cuando el Ayuntamiento requirió a los trabajadores municpales que se cercioraran del cierre.

En la rueda de prensa de este pasado lunes, el actual teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro (PP), y quien ocupase las responsabilidades de Urbanismo hasta las elecciones de mayo, Andrés Guerrero (PSOE), explicaron el expediente de cese de actividad que tenía la discoteca en firme desde octubre. Este martes se ha conocido que, a pesar de eso, en febrero Teatre pasó una inspección sanitaria satisfactoriamente. El medio local citado explica de fuentes consistoriales que "superar el informe no implica que tenga licencia de apertura".

Los frentes judiciales

Se abren ahora para todos los actores -dueño y Administración- diferentes escenarios que tendrá que dirimir la Justicia. El primero es el que atañe al propietario de las discotecas. Se enfrenta a dos posibles procesos, uno penal y otro civil dentro del mismo. En el primero hará frente a la presunta responsabilidad de que se produjesen los fallecimientos, y en el segundo a las posibles compensaciones a las víctimas, explica Benítez.

Al mismo tiempo, Juan Inglés Rojo, el dueño de la discoteca, puede ver cómo el Ayuntamiento le abre un procedimiento sancionador por incumplir la orden de cese "que puede llegar a los 300.000 euros". Esto es independiente del proceso judicial, lo iniciaría el Consistorio murciano y "puede empezarlo ya, si quiere", señala Benítez.

El Ayuntamiento, posible culpable

El Ayuntamiento de Murcia también puede enfrentarse a procesos judiciales. Si se demuestra una dejadez de funciones a la hora de cerrar Teatre y La Fonda, podría ser encausado penalmente. También "podría tener una presunta responsabilidad subsidiaria" en este caso, si se demostrase que algún trabajador municipal fue el responsable de no cerciorarse de la clausura de las salas. En este caso el Consistorio también se haría cargo de las compensaciones económicas.

Si el juez no encuentra indicios suficientes para ir por la vía penal contra el Ayuntamiento, cabe la posibilidad de que se enfrente a una presunta responsabilidad patrimonial. Aquí se harían cargo de los daños que hayan sufrido las víctimas. Esta vía es paralela a la penal, pero no podría ser condenado por ambas. La penal, señala el abogado de Administrativando, tiene preferencia.

En relación a la inspección de sanidad de la que han informado fuentes municipales este martes, Benítez dice que es independiente al de cese de actividad. "Son requerimientos distintos. Pueden hacer ese trámite para que en el futuro pudiese abrir de nuevo" de cara al público.

Propietario vs empresario

En medio del cruce de acusaciones, queda por ver si Juan Esteban Ramírez, el empresario que subarrendaba la discoteca Fonda, podría tener también su parte de responsabilidad. Y más sabiendo que las primeras informaciones apuntan a que las llamas se originaron en su local.

"Todo depende de donde comenzara el incendio", asegura Antonio Lloret, presidente de APCAS (Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías) de la región de Murcia. "Si se produjo por un fallo en la instalación eléctrica, habría que ver quién es el dueño de ésta. Si pertenece al suministro eléctrico original, seguramente sea Teatre. Pero si forma parte del suministro que se hizo a raíz de la reforma para separar el local en dos, quizás Fonda sea responsable", añade.

Otra cosa sería que las llamas se hubiesen originado por, pongamos por caso, una bengala o cualquier otro artefacto incendiario. Ahí la cosa, según explica Lloret, se complicaría aún más. Porque si esa bengala la portaba el camarero de una discoteca, la responsabilidad civil de explotación sería de ese local en concreto. Pero si la hubiese encendido un cliente incluso el experto duda de quién sería el responsable, y apunta a que eso "debería dictaminarlo el juez".

En cualquier caso, según explica Lloret, si los tres locales afectados por el incendio tuviesen pólizas de seguro contratadas de manera perfectamente legal, lo normal sería que los seguros cubrieran los daños materiales "sin preguntar". Y luego el juez tendría que dictaminar quién tiene la responsabilidad civil, "si es que alguien la tiene". Pero si los locales no tenían licencia, como se ha dicho, esos seguros podrían no ser válidos.

"Mi forma de verlo, desde el punto de vista legal, es que no podemos responsabilizar al Ayuntamiento de lo que ha ocurrido. Para mí las personas que ha abierto esos locales sin licencia son responsables", asegura Lloret, que admite que el gobierno municipal falló no comprobando meses después que las discotecas hubieran cerrado. Aunque se muestra convencido de que, a raíz de lo ocurrido, eso no volverá a suceder más, y las administraciones estarán mucho más pendientes a partir de ahora.

Sin embargo, el experto insiste una y otra vez en que hasta que se resuelva la investigación, todo son conjeturas: "Es un tema muy complejo y hay que hilar muy fino. Yo he visto trabajar a la Policía en estos casos, y lo hacen fenomenal. Tienen unos conocimientos impresionantes. Pero la investigación durará tiempo. Yo nunca he trabajado en un incendio de tal calibre, y menos con muertes. Pero sí lo he hecho en incendios de grandes naves, y la investigación en esos casos duraba entre dos y tres meses. No se ciñen sólo a lo que ven, recopilan información de todo tipo para hacer un informe impresionante".