Las negociaciones avanzan con sigilo y a buen paso. Fuentes cercanas al sector independentista explican que la hoja de ruta está marcada: la pretensión de Junts y ERC pasa por registrar la ley de amnistía a través de una proposición de ley en la Mesa del Congreso que ya está constituida antes de la fecha de la investidura. Una vez este trámite esté hecho se podrá celebrar entonces el día en que Pedro Sánchez se proclame nuevamente presidente del Gobierno habiendo asumido ya el compromiso de aprobar el perdón total a los líderes del procés.

El "asunto está maduro", indican fuentes conocedoras de las negociaciones. Los equipos de un lado y el del otro están puliendo los flecos para evitar que cualquier tribunal pueda agarrarse a algún recoveco en el que los juristas no hayan reparado y no apliquen la amnistía. El PP no esconde su malestar porque la presidenta de la Mesa de la cámara baja, Francina Armengol, no haya seleccionado todavía una fecha en el calendario para la investidura pero esto, según citadas fuentes, no es casual sino que forma parte de la estrategia del PSOE y los partidos catalanes.

Si el Rey Felipe VI propuso como candidato a Alberto Núñez Feijóo el pasado 22 de agosto, Armengol tardó sólo un día en decidir la fecha para que intentara ser presidente. El 23 se produjo la llamada de rigor entre el líder popular y ella y la chincheta para el día grande se puso el 26 y 27 de septiembre. Ahora, la línea temporal tiene límite y es el 27 de noviembre, plazo máximo que permite la ley para que otro candidato vuelva a intentar vestirse de presidente. Pero en el PP hay malestar porque el monarca hace ya una semana que dio la venia a Sánchez para su intento y Armengol todavía no ha acotado cuándo será.

"Parece una militante", dijo Feijóo sobre la presidenta de la Cámara de los Diputados hace unos días en una entrevista en Onda Cero. Ella llegó a decir que elegiría el día "en el momento en el que la situación esté lo suficientemente madura". Fuentes cercanas al independentismo explican que la intención es terminar de cerrar los flecos para dejar la proposición de ley presentada en el Congreso y que esto certifique el compromiso de todos los partidos para aceptar que la amnistía será una de las primeras normas en aprobarse una vez haya Gobierno.

La redacción debe ser cuidadosa con en el preámbulo y la exposición de motivos porque el Parlamento tendrá que justificar que la amnistía no es un beneficio político para Sánchez, como contó este periódico. Los constitucionalistas preguntados admiten que debe haber por escrito argumentos de peso para la paz social que nutran la motivación y el porqué un perdón absoluto de todos los delitos a los líderes del proceso independentista catalán va a beneficiar a toda la sociedad.

Además, el PSOE no quiere bajo ningún concepto que haya alguna posible interpretación negativa de la labor de los jueces. Las fuentes consultadas aclaran que en el foco de la norma estará borrar los delitos de los procesados en el Tribunal Supremo, que son los altos cargos de la Generalitat como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pero también de los cargos intermedios de la política catalana que están bajo la jurisdicción del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Allí se ha liderado la investigación contra una treintena de cargos del Govern por la organización del 1-0.

En el escrito de procesamiento, la magistrada constató la voluntad de celebrar una consulta, ensayada en noviembre de 2014, “con la finalidad de ejercitar el derecho de autodeterminación y la constitución de un nuevo estado, independiente de España, y que tuvo su plasmación en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y su corolario en la declaración de independencia realizada por el presidente de la Generalitat el 27de octubre en el Parlament”. Entre los imputados están  el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; a la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; a los directores de TVC, Vicent Sanchis, y de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y a excargos del Diplocat. Allí se ha investigado también a la mano derecha de Oriol Junqueras, Josep María Jové.

Entre las dudas de cómo quedará redactado el documento final está si se incluirán casos que muchos juristas desvinculan del procés como por ejemplo el que mantiene investigado a Gonzalo Boye por unos delitos vinculados al blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional o la condena de Laura Borrás por haber troceado contratos de forma ilegal y habérselos adjudicado a un informático de su confianza. Fuentes jurídicas consultadas en este sentido señalan que si esto se sumara al texto sería más difícil justificar la constitucionalidad del mismo por razones de convivencia social pues son delitos que no están vinculados al fin común de la independencia catalana.

Sumar, un globo sonda

Por su parte, la propuesta que presentó este martes Sumar en Cataluña, las fuentes cercanas a la negociación la califican de globo sonda. Una especie de maniobra para despistar del verdadero negocio político, que beneficia por un lado a la formación de Yolanda Díaz porque la coloca en el foco y, por otro lado, en orquesta con el partido de Sánchez para que puedan seguir trabajando bajo reserva.

En el dictamen expuesto este martes y confeccionado por cinco juristas se expone que la amnistía cabe perfectamente en la Constitución y se citan distintas sentencias del Tribunal Supremo, como la que mencionó El Independiente que Junts pretendía utilizar sobre el caso del exjuez Baltasar Garzón.

Sobre las posibilidades de aplicación de este perdón, el documento de Díaz deja algunas pistas. "No puede existir un tratamiento diferenciado entre quienes participaron en los hechos", relata. En otras palabras, dice, "la amnistía sería extensiva a todos los sujetos que los materializaron cualquiera que fuera la posición adoptada en el conflicto, al que se pretende poner punto y final a través de una Ley de amnistía".