Radio Televisión Española (RTVE) intentará recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional en la que paraliza la convocatoria de las oposiciones que daría trabajo a más de 1.000 personas en el ente público. Para ello, según ha podido conocer este periódico, ha contactado con el despacho de abogados Sagardoy para que le asesore de la mejor manera posible de cara a que se puedan celebrar las oposiciones.

Según fuentes conocedoras de la situación, esta contratación no es definitiva ya que deberá pasar por el consejo de administración. El órgano ejecutivo se reunirá el lunes de la semana que viene para debatir varios puntos del día, entre los que se encuentra la asesoría de Sagardoy.

Las mismas voces relatan que el consejo de administración se encuentra dividido en recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional puesto que judicializar este proceso “podría demorar entre un año y año y medio” la celebración de las polémicas oposiciones. Un hecho que desde varios integrantes del organismo no ven con buenos ojos.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional declaró la nulidad de la baremación y el año de experiencia requeridos en las oposiciones de RTVE, que no ingresa a nuevo personal desde 2007. El pasado 21 de diciembre, la presidencia de RTVE, encabezada por Elena Sánchez Caballero, firmó las bases de la convocatoria que pretendía incorporar a 1082 trabajadores fijos procedentes de los procesos de consolidación de empleo temporal y de una convocatoria pública abierta.

Una sentencia de la Audiencia Nacional ha declarado la nulidad de la baremación y el año de experiencia requeridos en las oposiciones de RTVE, que no ingresa a nuevo personal desde 2007. RTVE anunció que el proceso selectivo continúa pero deben adaptarse las bases, lo que obliga a aplazar los exámenes hasta nueva fecha.

No obstante, la AN estimó parcialmente la demanda de la Federación de Espectáculos, Información, Papel y Artes Gráficas de la Confederación General de Trabajadores (Feipag-CGT) contra RTVE el pasado 16 de junio, que advertía que las bases para participar eran "injustas" y "podían ser ilegales". A esta denuncia se adhirió también el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).