El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha declarado este lunes en la Audiencia Nacional como testigo en el marco del 'caso Tándem' y se ha desligado por completo de la actuación del comisario José Manuel Villarejo. Según fuentes presentes en el interrogatorio, Torres ha explicado que no supo de la existencia del policía hasta junio o julio de 2018, a pesar de que ya había informaciones publicadas a partir de mayo sobre el banco. Ha pasado toda la responsabilidad de la investigación sobre la entidad financiera a los agentes externos y ha asegurado que haber dado orden de que se colabore con la Justicia.

La declaración ha durado cerca de las tres horas en las que, según fuentes presentes, el tono ha sido tenso con la Fiscalía Anticorrupción que ha señalado ciertas contradicciones en su relato. El fiscal Alejandro Cabaleiro le ha reprochado haber aportado información "parcial y sesgada" entregando correos electrónicos "incompletos", pero Torres ha negado cualquier maniobra para entorpecer las pesquisas. El alto cargo del banco ha dejado claro que acudía ante el juez en calidad de testigo presencial de algunos hechos que habían sucedido, pero no en representación de la entidad bancaria.

Cabe recordar que esta situación se produjo después de que la directora global jurídica de la entidad y persona que reportaba al comité lo que se iba realizando en la entidad, María Jesús Arribas de Paz, se acogiera a su derecho a no declarar por la relación profesional que le unía al BBVA.

En esta ramificación del caso 'Tándem', la pieza separada número 9, se mantiene imputado el propio banco como persona jurídica, así como el expresidente Francisco González por los servicios que la empresa Cenyt, del comisario Villarejo, realizó para ellos al menos entre 2004 y 2017 por lo que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

Torres ascendió a la presidencia del banco en enero de 2019, pero antes había ocupado el puesto de consejero delegado (desde 2015) y otros cargos directivos. En todo ese tiempo, según ha declarado este lunes, no supo de la existencia del comisario sobre el que gira toda la trama.

La primera noticia en la que aparecía que el banco podría haber pagado esos millones a Villarejo data de mayo de 2018 y esa madrugada el director de comunicación envía un correo a toda la cúpula de la empresa advirtiendo de las informaciones que estaban saliendo en prensa. Torres ha asegurado en la Audiencia Nacional que él no llegó a leer ese mail nunca a pesar de que era uno de los destinatarios, algo a lo que la Fiscalía le ha mostrado sus reticencias por tratarse de una información demasiado delicada como para pasarla por alto siendo un alto cargo.

Es en junio o julio cuando dice que conoce del escándalo y a partir de octubre se produce una reunión en la que María Jesús Arribas presenta en un excel todos los contratos y los pagos. En un primer momento, según ha descrito, fue la propia entidad la que trató de conocer qué había pasado, recopilando documentación sobre las contrataciones. Entre el 15 y el 22 de octubre de 2018 se celebraron unas reuniones por el Comité Global de corporate Assurance donde se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. A partir de 2019 todo cambia.

Es entonces cuando se producen varios cambios en la cúpula del banco y cuando deciden externalizar todo el asunto entre agentes externos Garrigues, Uría Menéndez y PWC. Es a ellos a quien Torres pone todo el peso de la responsabilidad a partir de entonces.

Según él, son estos "externos" los que deciden todos los elementos de la investigación. En ese 'forensic' se decidieron palabras claves sobre las que buscar dentro del banco y, casualmente, el nombre del presidente quedó fuera de esas búsquedas. Torres ha defendido que esto fue una decisión total.