El Gobierno pagará 7.500 millones de euros de la extra de las pensiones con deuda

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes disponer de 7.500 millones de euros procedentes de emisiones de deuda realizadas por el Tesoro Público para sufragar la paga extraordinaria de julio de las pensiones.

El Gobierno debe abona estos días la paga ordinaria correspondiente a 9,6 millones de pensiones, así como la primera de las dos extras del año. La factura asciende a más de 17.700 millones de euros.

Para ello, usará parte de los ingresos procedentes de cotizaciones sociales aprovechando el buen ritmo de recaudación, pero ante las tensiones de liquidez que sufre la Tesorería General de la Seguridad Social ha decidido recurrir al crédito presupuestado de 10.192 millones de euros contemplado en la prórroga de los Presupuestos de 2017.

Por tanto, el Ejecutivo rehúsa de momento tocar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, cuya cuantía ronda los 8.000 millones de euros tras las recurrentes disposiciones realizadas desde 2012, después de haber superado los 60.000 millones de euros.

Una de las razones por las que la Seguridad Social no hará uso en esta ocasión de la 'hucha de las pensiones' es que su operatividad es más compleja y el Gobierno tenía que moverse con agilidad ante lo apretado de las fechas. Así, usar parte del crédito presupuestario solo implica una transferencia del Tesoro Público a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Hay margen para pagar la extra de Navidad

El Presupuesto de 2018 contempla otro crédito que supera los 15.000 millones de euros. De esta forma, una vez se aprueben las cuentas, al Seguridad Social dispondrá de margen suficiente para sufragar la paga extra de Navidad.

No obstante, aún está pendiente de conocerse cuándo y en qué cuantía se efectuará la paga compensatoria para devolver a los pensionistas la diferencia entre la subida de las pensiones del 0,25% vigente y el 1,6% presupuestado, que debe materializarse una vez se aprueben las cuentas de esta año.

Incorporados estos desembolsos, el Gobierno podría tener que hacer frente a un pago de unos 30.000 millones de euros en apenas dos meses.