El acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sobre la ley de amnistía que permita la investidura de Pedro Sánchez ha puesto de acuerdo a los principales sindicatos policiales contra ella. Por un lado, rechazar el perdón al movimiento independentista allí donde tengan causas pendientes, y por otro respaldan a los agentes imputados por las cargas del 1 de octubre de 2017.

"Es una amnistía para todos, sin exclusiones, para todos los implicados", dijo el líder republicano, Oriol Junqueras, en la rueda de prensa para explicar los pormenores del acuerdo. Esto implica a políticos, condenados o fugados, como él mismo, Carles Puigdemont, Raül Romeva, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, Carme Forcadell, alcaldes y concejales de municipios catalanes pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)... y a los policías que cumplían el mandato judicial para impedir el referéndum ilegal.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) mostró su "firme oposición" a una amnistía en favor de "aquellos que cometieron delitos graves, incluyendo a terroristas urbanos como son los CDR". La organización señala que estos grupos violentos "tenían como objetivo acabar con la vida de un policía" y recuerda que hay tres agentes que han tenido que dejar su trabajo "debido a las lesiones de por vida" que les produjeron las agresiones de aquellos días de octubre de 2017 cuando se libraron batallas campales en Barcelona.

"Esta amnistía no solo borrará la responsabilidad penal de los autores de esos hechos, sino que el estado les pide perdón. Esto no solo envía un mensaje equivocado a la sociedad, sino que también socava la autoridad del Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los cuales trabajamos incansablemente para mantener el orden constitucional cuando más comprometido estaba nuestro estado de derecho", añade el SUP.

Todas las organizaciones consultadas creen que llevar a los policías del 1-O dentro de la amnistía "blanquea el ataque a la Constitución".

Quieren ir a juicio

"Queremos someternos a un juicio con todas las garantías como los Junqueras, Homs, Turull, y así poder demostrar que actuamos conforme a derecho, los cuales fueron enjuiciados e indultados en tiempo récord, mientras los policías llevan 6 años de calvario por el empecinamiento y capricho del juez", añaden las fuentes consultadas.

El secretario general de Jupol, Aaron Rivero, apuntaba en sus redes sociales que "si se lleva adelante la amnistía a los impulsores del golpe de Estado del 1-O en Cataluña" dejará en papel mojado las actuaciones de los "policías heridos, los compañeros jubilados por las lesiones ni los imputados". A principios de año, el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona ha sentado en el banquillo a 45 policías nacionales por las cargas de aquél día con las que se trató de disuadir a los manifestantes que se congregaron en los colegios donde se produjeron las votaciones. Ahora esos agentes serían amnistiados, algo a lo que se oponen frontalmente.

"Parece que nos quieren salvar. En el juicio ya nos defenderemos nosotros. La amnistía para Puigdemont, nuestra actuación fue ejemplar", argumentó un agente de los antidisturbios que estuvo en varios colegios electorales aquellos días en conversación con El Independiente.

Por su parte Jupol dice, en un comunicado, "no" al "Pacto de Halloween" entre el Gobierno y los independentistas catalanes porque "supone un ataque directo a la democracia, al estado de derecho, a la separación de poderes, a la igualdad entre españoles y a la propia Constitución, de los que la Policía Nacional ha sido siempre el garante".

Afirma que el presidente en funciones Pedro Sánchez pretende "perdonar un golpe de Estado" y considera "incongruente" que compare a los policías "con los delincuentes que solo buscan romper España", poniendo de relieve que la ley "dejará imputados a policías y perdonada los delitos de los CDR y de Tsunami Democrátic".

La Confederación Española de Policía (CEP) destaca "ni todas las amnistías del mundo podrán proteger frente al ridículo que hicieron el 1-O" los miembros del colectivo independentista, y afirma que "alterar las reglas de juego del Estado de Derecho constituye una medida excepcional que traslada un mensaje perjudicial para el trabajo policial".

La CEP expresa su apoyo a los agentes investigados por intervenciones el 1-O y reclama "que nadie les convierta en moneda de cambio para legitimar o dignificar un acuerdo político ajeno a nuestras misiones constitucionales". 

Críticas de guardias civiles

El acuerdo entre el PSOE y ERC no incluye a guardias civiles, pero esto no ha impedido que alguna asociación critique el pacto sobre la amnistía. El pasado sábado, tras comunicar Pedro Sánchez en el comité federal del PSOE su defensa de la futura ley, Jucil escribió en sus cuentas de redes sociales: "La mayor felonía que se puede cometer contra una nación es la traición de quienes tienen el deber de defenderla. El interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español".

La Guardia Civil dio parte este domingo a sus servicios jurídicos para iniciar actuaciones disciplinarias o penales contra la asociación por sus palabras contra el presidente del Gobierno en funciones. El instituto armado ha tomado esta decisión al considerar que el mensaje transmitido por Jucil en las redes sociales supone "quebrantar el principio de neutralidad política que obliga a todos los miembros de la Guardia Civil", señalaron fuentes del Ministerio del Interior a Efe.

Es inusual que Interior censure el posicionamiento de alguna asociación de guardias civiles o policías nacionales. Según las fuentes, "hace tiempo que se viene llamando a la responsabilidad a determinadas asociaciones que han sobrepasado reiteradamente los limites de la defensa gremial para creerse una suerte de actores políticos, confundiendo los fines legítimos de su actividad y corrompiendo los valores de la Guardia Civil"