La Mesa del Congreso de los Diputados ha dado luz verde en su reunión del viernes, aplazada por la jura de la Constitución de la princesa Leonor y la festividad de Todos los Santos, el nombramiento del nuevo letrado mayor de la cámara baja, Fernando Galindo. Éste ha sido propuesto por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y será el responsable de rubricar la ley de amnistía una vez la proposición de ley sea registrada por PSOE y sus socios.
La decisión adoptada por el organismo con el rechazo del PP, que tiene representación minoritaria frente al dominio de PSOE y Sumar, ha sido trasladada por fuentes socialistas próximas a Presidencia. Las mismas han apuntado que es la primera vez que un secretario general del Congreso, Galindo, es designado con el rechazo de algún grupo. Y es que hasta la fecha ha habido consenso en esta materia en todo caso se ha producido alguna abstención.
"El PP está en la dinámica de cuanta más confrontación, mejor", han asegurado esas fuentes, que han puesto en valor el "reconocido prestigio" y el rodaje ejercido en el Congreso con ya "varias responsabilidades" a sus espaldas. Galindo pertenece al cuerpo de letrados de las Cortes Generales desde hace trece años. Entró en 2010, y desde entonces ha trabajado en el gabinete de la ministra Isabel Rodríguez, titular de Política Territorial.
Entre sus primeras misiones está el análisis de la proposición de ley de amnistía a los encausados por el procés, todavía pendiente de registro, ya que deberá firmar la norma en representación de los letrados con una breve anotación o bien con un informe más amplio, si así lo solicitan los miembros del PP presentes en la Mesa.
El letrado mayor anterior, Carlos Gutiérrez, que estuvo en el cargo casi diez años, causó baja el 1 de noviembre y hasta hoy el puesto estaba en funciones a cargo de José Antonio Moreno.
La última vez que se calificó una ley para pedir la amnistía de los encausados por el procés fue en marzo de 2021, cuando el anterior letrado mayor emitió un informe desfavorable al señalar que la norma era inconstitucional porque aquel texto suponía la concesión de un indulto general al afectar a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme.
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