El Partido Popular mantiene sus concentraciones en contra de la ley de amnistía que ha convocado en las capitales de provincia el domingo 12 a las 12 de la mañana, donde se procederá a leer un comunicado común en toda España. El riesgo que corre ahora el PP es que se les infiltren elementos ultras en sus actos de protesta, hasta ahora sin incidentes y donde el eslogan más repetido ha sido "Puigdemont a prisión". En la planta séptima de la calle Génova no creen que los acontecimientos de las últimas dos noches tengan porqué tener un reflejo el domingo que, de producirse, "ya les invitaríamos a irse".

De hecho, los populares no se libran de los insultos y de las descalificaciones de los violentos. Mientras el líder de Vox, Santiago Abascal, se paseó el lunes por la manifestación entre gritos de "presidente, presidente", los concentrados gritan "PP-PSOE la misma mierda es", "¿dónde están, no se ven los votantes del PP?" "o en otra versión "¿dónde está, no se ve al gallego del PP". Porque si bien la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre acudió el sábado a Ferraz, en aquel momento la movilización era muy incipiente, poco numerosa y sin intervención de los extremistas.

Que Abascal acudiera a la manifestación del lunes es una muestra, dicen, de "debilidad y de desesperación"

Se trata de actos abiertos, -similares a los que han venido celebrando a lo largo de semanas en Madrid, Valencia o Málaga sin que se registraran incidentes- pero no tanto con un formato de mitin partidista. Los populares quieren monopolizar la protesta "pacífica pero contundente" en la calle y temen que la presencia de grupos de la ultraderecha, agitando la oposición a la futura ley de amnistía, "lo único que hace es beneficiar al PSOE y a Pedro Sánchez y facilitar el pacto con Junts", en la medida en que se identifique las críticas a dicha ley con las posturas mas extremas de la derecha.

Por contra, en el equipo de Feijóo dicen dudar de que Vox saque tajada de estas movilizaciones. Que Abascal "apadrinara" la manifestación del lunes es una muestra, dicen, de "debilidad y de desesperación" ante unos sondeos que no les son favorables. Los populares están en una clara estrategia de distanciamiento con Vox a pesar de compartir con ellos no pocos gobiernos autonómicos y municipales. De hecho, el lunes también se dejó ver en los alrededores de Ferraz el vicepresidente del gobierno autonómico de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

Vox ha perdido el que era uno de sus más poderosos instrumentos de oposición: la presentación de recursos de inconstitucionalidad ante el TC que tan buenos resultados le dio durante la legislatura pasada sobre todo mientras Macarena Olona, abogada del Estado, se encargaba de los mismos. Pasar de 52 escaños a 33 les ha dejado sin el mínimo necesario (50) para acudir al tribunal de garantías. Confían en poder presentar una cascada de recursos a través de los gobiernos autonómicos, pero, en ese caso, el protagonismo se lo llevaría el PP.

El pleno de la Cámara Alta da el plácet a la reforma de su Reglamento para ampliar el trámite de la ley de Amnistía

Interrogada ayer la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, sobre si acudirán a las concentraciones convocadas por Génova, explicó que "iremos siempre y cuando no nos lo prohíban como la última vez, porque esto no es una cuestión partidista", en referencia al multitudinario acto del pasado 24 de septiembre en la plaza de Felipe II que el PP convirtió en mitin para que los de Abascal no asomaran por allí. Sin embargo, Millán puntualizó a continuación que acudirán a las concentraciones "siempre que lo permita la agenda", que viene a ser un modo de excusar su ausencia. Por su parte, en Génova dicen estar muy tranquilos respecto a esta eventualidad.

La dirección nacional del PP ha decidido no apartarse ni un ápice de su estrategia anti-amnistía incluido el frente del Senado y su mayoría absoluta. El pleno de la Cámara Alta dio ayer el plácet a la reforma de su Reglamento para ampliar el trámite parlamentario de las proposiciones de ley, de modo que la Mesa pueda decidir sobre su urgencia. Se trata de una reforma ad hoc para retrasar lo más posible la entrada en vigor de la ley de Amnistía ante la intención de Moncloa de solventarla en el menor tiempo posible.

Los populares aducen que el objeto específico de esta reforma "no es otra que la de ofrecer mayores oportunidades al rigor y la calidad de la función legislativa del Senado, abriendo la posibilidad de que, en el trámite de las proposiciones de ley, y a diferencia de lo que sucede con los proyectos, los senadores cuenten con el tiempo necesario para poder paliar, al menos, los déficits de documentación y análisis técnico y jurídico, así como de debate público y de participación social, de los que, como la experiencia demuestra, suelen adolecer este tipo de iniciativas legislativas".