La redacción de esta ley de amnistía incluye un larguísimo preludio con el que ya pretende establecer la constitucionalidad de la norma que a continuación se desarrolla. Se dice reiteradamente que esta ley se dirige a "excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes" y se repite una y otra vez que la amnistía es la medida idónea para "abordar circunstancias políticas excepcionales"

Eso estaría muy bien si del otro lado alguien, alguien de ese entorno con responsabilidad en la toma de decisiones que han conducido al procés, se hubiera comprometido a no volver a repetir lo que en este momento es objeto de una amplísima amnistía. Pero no ha sucedido así sino todo lo contrario: no hay en el texto de marras ni una sola acción de arrepentimiento por parte de los que van a ser amnistiados de aquí a poco.

Por otra parte, la ley ata de pies y manos a los recursos que tanto el Tribunal Supremo como los demás tribunales menores iban a presentar ante el Tribunal Constitucional quedan sin efecto porque una de las cosas que la ley deja establecidas es que "en todo caso se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones"

Por eso ha blindado el proyecto de tal manera que los recursos que los tribunales planteen ante el TC no podrán hacerlo en esta ocasión. Aunque no es seguro que esta cláusula sea constitucional. Eso es algo que tendrá que establecer el propio Tribunal que interpreta la Constitución.

Pero está, aparte de esta ley, el documento pactado entre el PSOE y Junts y el rubricado entre el PSOE y ERC. En el primero se habla de unas comisiones parlamentarias que actuarán de filtro de las resoluciones judiciales, de modo que el Poder Legislativo pasa a convertirse en una suerte de habilitación de lo que los tribunales hayan establecido como verdad judicial. Y eso es inaceptable.

Ahí entrarán los casos de los amigos de Carles Puigdemont como son Gonzalo Boye o Laura Borrás que no entran en la ley porque no se habla en ella de lawfare pero sí se habla dentro del documento firmado entre el PSOE y Junts. Y es seguro que Puigdemont exigirá el cumplimiento de todos los puntos contenidos en ese documento.

Josep Lluis Alay estaría dentro de la ley de amnistía porque en ella se dice que "también se entenderán comprendidas en este supuesto aquellas actuaciones desarrolladas, a título personal o institucional, con el fin de divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares o lograr que otras entidades públicas o privadas prestaran su apoyo a la consecución de la independencia de Cataluña".

De manera que tenemos una ley de amnistía, que de acuerdo con el Partido Socialista es "plenamente constitucional", y de otra parte tenemos el acuerdo firmado por el PSOE con Junts donde la separación de Poderes salta por los aires. Veremos qué queda de todo esto en el futuro.

Aquí lo que hay, ley de amnistía incluida, es una cesión absoluta a los partidos independentistas por parte del PSOE por la necesidad que tiene Pedro Sánchez de esos 14 votos

Luego está el documento firmado por el PSOE con ERC, de hecho rubricado por Félix Bolaños y Oriol Junqueras, por el que se perdona la deuda de 15.000 millones pertenecientes al FLA y se hace el traspaso íntegro de las Cercanías de Cataluña.

No ha habido una consulta a la ciudadanía para aprobar esta ley de amnistía por más que en la exposición de motivos de la ley que se presentó ayer se habla constantemente del "interés general". Se habla también de la "soberanía popular" cuando esa expresión no existe en la Constitución. En el texto constitucional de lo que se habla es de la "soberanía nacional" que es un concepto muy diferente en su significado.

Aquí lo que hay, ley de amnistía incluida, es una cesión absoluta a los partidos independentistas por parte del PSOE por la necesidad que tiene Pedro Sánchez de esos 14 votos. Y no hay más.

Resumiendo, estamos ante una ley de amnistía hecha a medida de unos señores que jamás se han arrepentido del delito cometido, Unos políticos amnistiándose a sí mismos, lo cual es una inmoralidad se mire por donde se mire, acompañado de unos documentos que comprometen al PSOE en términos absolutos.

Y esto está acompañado de una protesta generalizada de asociaciones profesionales de todo tipo más la protesta de los ciudadanos que están saliendo a la calle en proporciones masivas.

Todo por catorce votos, siete y siete, que son los que van a garantizar la investidura de Pedro Sánchez.