Habrá que esperar aún más para saber si Alemania entrega o no al ex presidente catalán Carles Puigdemont para que pueda ser juzgado en nuestro país por declarar la independencia unilateral de Cataluña.
Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, encargada de decidir si entrega a España al ex presidente catalán Carles Puigdemont, ha decidido de nuevo retrasar su decisión sobre si ejecuta o no la euroorden cursada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena por los delitos de rebelión y malversación.
De esta forma, los jueces Martin Probst, Matthias Hohmann y Matthias Schiemann incumplen el plazo máximo de 90 días previsto en la legislación europea para cumplimentar la citada euroorden. Dicho plazo vencía este martes 26 de junio. La decisión ha estado fundamentada en la “complejidad” del asunto, según ha podido saber este periódico.
Se da la circunstancia de que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein comunicó este lunes esta nueva prórroga al Eurojust, organismo que transmitió la decisión alemana al Tribunal Supremo en la tarde de ayer.
Segunda prórroga
El pasado mes de mayo los jueces alemanes ya acordaron una primera ampliación de plazo –de los 60 días habituales para cumplimentar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE)- a los 90 días que excepcionales para resolver sobre dicha entrega de Puigdemont a España. Ahora, lo vuelven hacer sin tener en cuenta que ya han transcurrido tres meses desde que el Supremo reclamó al ex president tras ser procesado por liderar el intento de independencia de Cataluña.
Aunque el pesismismo está instalado en el Alto Tribunal, debido a las trabas que Alemania ha puesto desde un primer momento para entregar a Carles Puigdemont, el pasado mes de abril el juez Llarena hizo un nuevo intento de convencer a los togados germanos y les dio la opción de cumplimentar dicha euroorden atendiendo a los delitos de rebelión, sedición y también conspiración para la rebelión.
El instructor del procés abría así la posibilidad a que en caso de que la Audiencia de Schleswig-Holstein no apreciara finalmente el concepto de violencia que incluye la rebelión entregara a Puigdemont por sedición; un delito que exige de un alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales “la aplicación de las leyes, el ejercicio legítimo de la autoridad o el cumplimiento de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.
En su escrito, Pablo Llarena también dio la opción a Alemania de calificar los mismos hechos como una tentativa de violencia en la conspiración para la rebelión.
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