El nuevo ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, tendrá este martes sobre la mesa una primera patata caliente en cuanto tome posesión de la cartera. El exalcalde de Valladolid deberá afrontar en los primeros días de su mandato una huelga de cinco jornadas en Renfe y Adif, convocada por los sindicatos en contra de la segregación de las empresas públicas a consecuencia del traspaso íntegro del servicio de Rodalies (cercanías) a la Generalitat de Cataluña contemplado en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Esquerra Republicana (ERC).

A la espera de posibles nuevas reuniones en los próximos días, fuentes sindicales aseguran mantener vigente la convocatoria de paros prevista para los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre en todo el territorio nacional. Esto afecta a los días previos al puente de la Constitución.

Fuentes sindicales de Renfe tachan "abusivos" los servicios mínimos propuestos por la dirección de la compañía pública. Al igual que en Adif, será el propio Ministerio quien tenga que emitir resolución. El pasado viernes mantuvieron una reunión con el todavía secretario de Estado de Transportes, David Lucas, que se saldó sin avances.

Puente, una apuesta de fuerte perfil político, será el ministro encargado de encauzar el traspaso de Rodalies prometido a los independentistas de ERC. Todavía hay muchas incógnitas abiertas a cerca de la fórmula que se elegirá para hacerlo.

Por otro lado, los sindicatos también han hecho un frente común contra lo que ven como una "privatización encubierta" de la sociedad Renfe Mercancías. La dirección de la operadora pública ha elegido a la naviera MSC como socio industrial para dar un impulso a su actividad y comenzar un proceso de expansión internacional.

Existe un plan del Ministerio llamado 'Mercancías 2030' que pretende elevar la cuota de este modo de transporte al 10% frente al menos del 5% que supone en la actualidad. Además, el Ejecutivo ha aprobado incentivos a cambio de no implantar el pago por uso en las carreteras (peajes) prometido a Bruselas en el Plan de Recuperación.

De momento, el proceso con MSC está en fase de auditoría (due diligence) para valorar los activos con los que cuenta Renfe Mercancías y que, al igual que el personal, deberán ser traspasados mayoritariamente a otra sociedad compartida. Renfe Mercancías se mantendrá como sociedad pública, aunque solo para prestar servicios esenciales.

El proceso tendrá que pasar también por el Consejo de Ministros debido a la envergadura económica de la operación y tendrá que ser examinada por las autoridades de competencia, ya sea a nivel español (Comisión Nacional de los Mercados y la Compentencia) o comunitario (Comisión Europea). No en vano, MSC cuenta con una operadora privada de mercancías, Medway, con negocio activo dentro de España.

Liberalización ferroviaria y torres de control

En materia de ferrocarriles, el sucesor de Raquel Sánchez también tendrá en agenda la segunda fase de la liberalización de la alta velocidad que ya está preparando Adif, en un momento en el cunde la sensación de que hay un notable aumento de las incidencias en las líneas donde ya hay varios operadores prestando servicio.

La compañía que dirige María Luisa Domínguez puso en marcha hace unos meses una encuesta dirigida a todas aquellas compañías interesadas en entrar a operar en el sector. Quería conocer sus inquietudes y necesidades de cara al diseño de la nueva etapa, que incluirá la apertura de nuevos corredores a la operación de nuevas empresas además de la francesa Ouigo (filial de la pública SNCF) e Iryo (controlada por la pública italiana Trenitalia y los accionistas de Air Nostrum).

En el sector aéreo, Puente también tendrá que afrontar varios puntos calientes. Por un lado, la segunda fase de liberalización impulsada en las torres de control de los aeropuertos. Desde 2011, hay 12 torres ya liberalizadas. Y hace unos meses, el Mitma sacó hace unos meses a audiencia pública una orden ministerial para la liberalización del servicio de control aéreo de los aeródromos de las torres de siete aeropuertos (Bilbao, Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago, Tenerife Norte y Tenerife Sur). Tanto Aena como las aerolíneas animan a seguir adelante. Pero todo quedó en suspenso tras el sonoro rechazo de los sindicatos y de Unidas Podemos.

El handling de Aena

Por otro, el contrato de handling (servicios de asistencia en tierra) de la compañía semipública que preside Maurici Lucena amenaza también con abrir un conflicto laboral. De momento, el sindicato UGT ha decidido convocar huelga sectorial en la semana del puente de diciembre, con una fecha todavía por concretar.

Iberia perdió sus licencias en ocho de los grandes aeropuertos -salvo Barajas- y ha cuestionado el resultado de la adjudicación a otras compañías del sector. Desde Aena defienden la transparencia del proceso y animan a la compañía del grupo hispano-británico IAG a que decida si Iberia se prestará esos servicios a sí misma y a otras aerolíneas del conglomerado como Vueling.

Precisamente, durante el mandato de Puente debería llegar la resolución del proceso de compra de Air Europa por parte de Iberia. Actualmente, el proceso está pendiente de que el holding que preside Luis Gallego haga llegar a los servicios de Competencia de la Comisión Europea el expediente con los detalles de la operación valorada en 500 millones de euros para su posterior análisis.

Una vez se haga llegar esa propuesta formal, Bruselas tendrá un plazo de 35 días para dar luz verde a la misma en los términos en que se plantea o solicitar cambios como, por ejemplo, cesiones de rutas a otras aerolíneas para evitar una concentración excesiva en manos del grupo como ya apuntaron las instituciones comunitarias en 2021. Del éxito de la compra depende, en buena medida, el impulso al hub de Barajas para que el aeródromo madrileño pueda competir con los 'grandes' de Europa en las conexiones intercontinentales, especialmente con Asia.

Modelo concesional del autobús

Por su parte, otra de las 'patatas calientes' del nuevo ministro de Transportes será recuperar el trámite del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible cuyo texto decayó en las Cortes con la convocatoria de elecciones generales. Entre otras cosas, esa norma abría la puerta a un cambio en el modelo del transporte de viajeros por carretera, con una cierta apertura del actual modelo concesional.

El sector se encuentra dividido entre las compañías que gozan actualmente de los contratos con la Administración y explotan las rutas, y otras empresas como la alemana Flixbus que presiona para que se flexibilicen las condiciones de acceso a este mercado.

Asimismo, Puente tendrá en sus manos la política de abonos gratuitos y bonificaciones al transporte público. El propio presidente Sánchez anunció en su discurso de investidura que se extenderá hasta al menos julio de 2024. La idea es que la medida se convierta en estructural para determinados colectivos.

Lo que no tendrá Puente entre sus manos son las competencias de Vivienda, que hasta ahora sí estaban integradas en el Ministerio. Será Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno durante los últimos meses de la pasada legislatura, la que tomará las riendas de esa cartera que queda desgajada del Mitma.