El Gobierno no ha hablado ni con la familia ni con la orden que custodia los restos de Franco

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha hablado ni con la familia Franco ni con la congregación religiosa que tiene encomendada la custodia de los restos del dictador en la basílica del Valle de los Caídos desde hace casi 43 años cuando han transcurrido varios días desde que el presidente del Ejecutivo anunció públicamente su intención de ejecutar la exhumación de manera inmediata.

El presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, ha confirmado a este diario que ningún representante del Gobierno se ha puesto aún en contacto con los familiares para comunicarle formalmente que pretenden trasladar los restos a otra sepultura lejos de Cuelgamuros en contra de lo que afirmó este jueves la vicepresidenta y titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo. En una entrevista en TVE, la número dos del Ejecutivo de Sánchez confirmó que ya se han realizado los contactos con la Iglesia y con los descendientes del dictador, ya que “se trata de unos restos humanos que también tienen que tener todo el decoro que corresponde”.

“No tengo constancia de que se hayan dirigido a la familia ni por escrito ni de forma verbal. Todo obedece a una burda intoxicación”, ha indicado Chicharro a este diario a última hora de la mañana de este viernes. La fundación ya ha anunciado que pleiteará en los tribunales si el Ejecutivo consuma la exhumación, después de que la familia haya mostrado su rotunda oposición a que los restos de Franco sean trasladados desde la sepultura ubicada a los pies del altar mayor de la basílica en la que descansan desde el 23 de noviembre de 1975.

En paralelo, otras fuentes confirman que el Gobierno tampoco se ha dirigido todavía a la orden benedictina, congregación a la que el Rey Juan Carlos I encargó en la tarde del 22 de noviembre de 1975 que recibieran los restos del dictador y los custodiara. La comunidad benedictina de Silos (Burgos) fue la elegida por la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos -constituida el 23 de agosto de 1957- para establecer una abadía en Cuelgamuros que se encargara de aplicar el culto en el templo y dirigir el Centro de Estudios Sociales, entre otras obligaciones. El convenio que vinculaba a ambas partes se firmó el 29 de mayo de 1958 y se mantiene vigente.

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Antes de hacer públicamente la determinación Pedro Sánchez, los nietos del dictador enviaron una carta al prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, en la que le hacían ver la oposición a un eventual traslado de los restos de Franco. La misiva fue entregada en mano por Juan Chicharro el pasado 18 de junio, antes de que Pedro Sánchez anunciara a los periodistas su intención de consumar la ejecución durante el mes de julio para dar cumplimiento a un mandato del Congreso de los Diputados.

Las fuentes añadieron que el abad ya ha trasladado la posición de la familia a Solesmes -localidad francesa en la que se encuentra radicada la ‘casa madre’ de la que dependen los monjes benedictinos del Valle de los Caídos- y precisaron que de momento no se han recibido instrucciones concretas a la espera de que el Gobierno dé un paso adelante y pase de las palabras a los hechos.

En una entrevista concedida a este diario el pasado mes de marzo, el prior Cantera defendió que es la Iglesia la que tiene la custodia de la basílica, pero quien tiene la potestad para determinar la salida de los restos cadavéricos de Franco sería "la familia y la jefatura del Estado". "Quien entregó a la comunidad benedictina la custodia del cuerpo de Franco fue el Rey y, por lo tanto, es una cuestión que depende de la familia y de la autoridad estatal competente. Nosotros lo que tendríamos que impedir es una extracción ilegal del cuerpo. Eso no lo podríamos permitir, ni de él ni de nadie. Si la familia pide sacarlo y el Rey determina que sí, nosotros no nos podemos oponer. No fue decisión de la comunidad benedictina traer los restos ni tampoco está en nuestras manos la decisión de sacarlos", mantuvo.

"Procedimiento y rigores"

Como días antes Pedro Sánchez, Carmen Calvo insistió en declaraciones a TVE que el Ejecutivo quiere cumplir el mandato del Parlamento en relación con la exhumación de los restos de Franco "cuanto antes mejor" porque ya es hora –dijo– de "dejar de tener en un lugar de honor a un dictador". Con todo, la vicepresidenta del Gobierno no ignoró que "estas cosas, en un Estado de Derecho, tienen un procedimiento y rigores que el Gobierno menos que nadie se puede saltar".

Con la oposición frontal de la familia, la consumación del traslado desembocaría con total seguridad en una batalla judicial entre el Ejecutivo y los Franco. La medida despierta no pocas dudas jurídicas, por cuanto el templo –declarado basílica menor por Juan XXIII el 7 de abril de 1960– es inviolable en virtud del acuerdo alcanzado entre el Estado y la Santa Sede en enero de 1979.

"No lo van a tener fácil. Al menos, no con la ley en la mano. En un Estado de Derecho, el poder está sometido al imperio de la ley y ésta es clara al exigir la autorización de la familia para llevar a cabo una exhumación salvo que concurran razones sanitarias excepcionales. Una vez que la familia de Francisco Franco se ha pronunciado de forma unánime, clara y terminante en contra de cualquier exhumación y de la utilización política de los restos mortales del Generalísimo, sólo podría cumplir el gobierno su macabro propósito violentando la ley y la voluntad de sus familiares", ha advertido la Fundación Francisco Franco.