El Gobierno dice haber comprobado la diferente "preocupación" que a la Comisión Europea le suscitan dos cuestiones en el debate político en España. Bruselas no está inquieta por la ley de amnistía, y sí lo está con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). O sea, "preocupación cero" por la amnistía y "preocupación máxima" por la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces, en palabras del superministro Félix Bolaños, que este jueves se entrevistó sucesivamente con la vicepresidenta de Valores y Transparencia del Ejecutivo comunitario, Věra Jourová, y con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

Bolaños sostuvo que la "mayor parte del tiempo" en las reuniones se consumió para hablar sobre el CGPJ, porque el lunes se cumplirán ya cinco años desde que venció su mandato (acumularán diez años en el cargo), porque no solo afecta a la "normalidad institucional" sino también al derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, ya que al estar en funciones el CGPJ no puede hacer nombramientos y eso afecta a la cobertura de las vacantes de los tribunales. En cambio, "sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna", aseguró rotundo el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes durante su comparecencia ante los medios en la capital comunitaria.

Hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de derecho y la separación de poderes en España", asegura el ministro

El ministro aseguró que la Comisión no tiene "ninguna duda de que este es un asunto interno", de España, pese al intento del PP de internacionalizarlo. El Ejecutivo comunitario "conoce la proposición de ley" registrada el pasado 13 de noviembre por el PSOE en el Congreso, y "sabe que es absolutamente conforme con la Constitución y al sistema legal español, también con el Derecho de la UE y de los valores de Europa". "Es conocida por todos. Todo el mundo ha visto que es impecable, sólida desde el punto de vista legal, técnico, e impecable desde el punto de vista constitucional", sostuvo.

Él trasladó a los dos miembros del Gabinete de Ursula von der Leyen que la norma "no tiene por beneficiarias a 300 personas que tienen causas penales, sino a toda la sociedad catalana y a toda la sociedad española", ya que persigue "normalizar" la situación política. Bolaños pidió al PP que "no intente dañar la reputación del país", porque en Europa "no hay ninguna preocupación con el Estado de derecho en España". "Es legítimo oponerse a la amnistía", admitió, pero no "jugar con el buen nombre de España para hacer política". "Se es patriota cuando se defiende a España", y no se generan "ruido y dudas, cuando no hay ninguna", insistió.

Bruselas urge a renovar primero el CGPJ y luego ver si es posible cambiar la forma de elección

El contraste, para el Gobierno, está en el CGPJ, en la "máxima preocupación" de la Comisión por la falta de renovación. Bruselas "conoce por completo quién es el responsable" del bloqueo y exige que se produzca el relevo "de manera urgente y prioritaria", para que luego se abran "conversaciones" para ver si es posible hallar "otro método" para nombrar a los vocales del CGPJ. Es decir, que la UE mantiene su criterio de primero renovar y luego cambiar la ley.

"Una barbaridad" un mandato caducado cinco años

¿Qué hará el Ejecutivo? De momento, apremiar al PP, insistiéndole en que "cinco años de mandato caducado es una barbaridad" y ya "no cabe ninguna excusa más para no cumplir con la Constitución". Por su parte, pondrá todo su "esfuerzo" en "conseguir un gran acuerdo". Pero no dijo cómo, ni tan siquiera si llamará pronto al PP. Esta mañana, en TVE, tampoco Pedro Sánchez anticipó si telefonearía a Alberto Núñez Feijóo, aunque dio a entender que habrá llamada. El ministro se limitó a decir en la capital belga que se irán viendo los "próximos pasos" en búsqueda de ese gran pacto. El mensaje a los conservadores, no obstante, es claro: que "entre en razón" y cumpla con la Carta Magna y con la ley y proceda a renovar el CGPJ.

El Gobierno estudiará la sentencia del Supremo y comunicará "si lleva a cabo alguna acción" en los próximos días

Bolaños fue preguntado por el doble varapalo infligido al Gobierno este jueves desde el mundo de la Justicia. Por un lado, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no reunir el requisito legal de "jurista de reconocido prestigio". Por otro, el CGPJ no avaló a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.

El Ejecutivo "respeta pero no comparte" la resolución del Supremo, menos aún porque no cree que se pueda "abrir la puerta a que una entidad privada", la Fundación Hay Derecho, la que recurrió la designación de Valerio, pueda "cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España, como es nombrar presidente del Consejo de Estado".

Bolaños elogió el "gran trabajo" que Valerio está llevando a cabo en el máximo órgano consultivo del Gobierno desde que llegó al cargo, hace poco más de un año, y destacó su "trayectoria muy dilatada" como funcionaria de carrera, como responsable de puestos directivos, como consejera de Castilla-La Mancha y como ministra. Un "conocimiento de la Administración y del Derecho" que no solo la hacen "merecedora del puesto [...], sino que lo está demostrando, haciendo una labor magnífica al frente del Consejo de Estado", que está siendo "aceptada" y "reconocida".

Ahora el Ejecutivo estudiará la sentencia y comunicará en los próximos días "si se lleva a cabo alguna acción". El nombramiento es nulo, aunque la sentencia, firme, se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Respecto al CGPJ, el Ejecutivo entiende que ha ido más allá de la comprobación de los dos requisitos exigidos por la ley: ser un jurista de reconocido prestigio y tener más de 15 años de experiencia. "Ambos requisitos se dan" en García Ortiz, destacó, y de hecho así lo reconoció el propio CGPJ hace un año, cuando le dio su conformidad tras la dimisión de Dolores Delgado. El dictamen del órgano de gobierno de los jueces es preceptivo, pero no vinculante.

Bolaños incide en que el CGPJ va más allá: los dos requisitos que se exigen para el cargo de fiscal los cumple García Ortiz

"Cualquier informe que se haga estableciendo requisitos diferentes para llegar a una conclusión distinta a la que el propio Consejo llegó hace un año es al margen de la ley. Lo que se está haciendo en el Consejo no es más que emitir un informe que es contradictorio con el que emitieron hace un año", aseguró. El ministro acabó alabando la "labor magnífica" de García Ortiz al frente de la Fiscalía. Es una persona "comprometida, respetuosa con los valores constitucionales, con la ley, con el Derecho", elogió.

Tanto Jourová como Reynders escribieron sendos tuits tras sus reuniones con el titular de Justicia español. Más parca fue la vicepresidenta: "Un placer conocer al ministro Bolaños. Discutimos la ley de amnistía, el CGPJ y aspectos más amplios sobre la democracia y el Estado de derecho". "Muy buena reunión con el nuevo ministro de Justicia Bolaños. Hicimos un balance de la situación del CGPJ y de las últimas novedades relativas a la ley de amnistía. El diálogo continuará con las autoridades españolas", posteó por su parte Reynders, haciendo hincapié en que el hilo de comunicación con el Gobierno de Sánchez seguirá.

El diálogo continuará con las autoridades españolas", señala el comisario Reynders

Bolaños aseguró en la rueda de prensa que las dos reuniones —más la que mantuvo con el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, el español Juan Fernando López Aguilar— fueron "cordiales, de trabajo conjunto y cooperación leal, respetuosa, entre la Comisión Europea y el Gobierno de España". Era "importante" que viajara a Bruselas para "intercambiar opiniones" con el Ejecutivo comunitario y poder hablar con ellos "con claridad y de manera directa y leal".