Hace 45 años se aprobó la Constitución de 1978 en un contexto muy complicado pero cargado de ilusión por vivir en democracia. La Constitución nació para ser de toda la ciudadanía, con el objetivo de limitar el poder, siempre sometido a la ley, y garantizar que todas las personas seamos libres e iguales. En este sentido, la Constitución se presenta como ejemplo de norma fundamental consensuada entre las fuerzas políticas de la Transición, por tanto, fruto de un acuerdo político. Pero lo cierto es que en ese acuerdo no participó toda la sociedad.

En una fecha como el 6 de diciembre hemos de reivindicar la importancia de la Constitución garantizando su significado como norma fundamental de convivencia y nexo de unión y no como elemento de ruptura o desencanto que provoca el alejamiento de grupos sociales, ya sea por edad, por género o por cuestiones territoriales. En otras palabras, afirmar la vigencia de la Constitución significa voluntad de rejuvenecerla y reactivarla, día a día, para que no pierda vigor.

Cierto es que tras 45 años de vida algunos cambios son necesarios e incluso urgentes, pues pensemos que gran parte de la sociedad de hoy nació después de su aprobación y que no la sienten como suya o propia de su tiempo. En este sentido, la Constitución de 1978 se ha desconectado de una parte de la sociedad, lo que provoca desapego de esta sociedad de fines de 2023 respecto de aquella otra en cuyo seno se gestó en las postrimerías de la década de los setenta.

Los cambios sociales profundos y disruptivos han agrandado esa distancia “generacional” entre texto y sociedad, que se verifica en la falta de conocimiento de la norma y en el alejamiento de la misma. Y de esta realidad se deriva un innegable riesgo de disociación entre Constitución y pueblo soberano que, si no se gestiona adecuadamente, puede conducir a situaciones graves de conflictividad social.

Afirmar la vigencia de la Constitución significa voluntad de rejuvenecerla y reactivarla, día a día, para que no pierda vigor

Si nos consideramos una sociedad madura en términos democráticos se ha de apostar de forma decidida y valiente por crecer desde la Constitución. Ahora bien, para conseguir este propósito la clase política tiene que estar altura. Las fuerzas políticas constitucionalistas deben dar ejemplo a la sociedad, deben generar cultura constitucional entre la juventud para seguir disfrutando de lo que tenemos gracias a la Constitución. Eso sí, tienen que predicar con el ejemplo, decidiendo y actuando desde la firme convicción de que la Constitución es el marco de actuación y de que fuera de esta no hay nada, porque al margen de ella no hay Estado de derecho. Ninguna razón impide que haya diálogo y deliberación para alcanzar el consenso, siempre y cuando estemos de acuerdo en que es lo necesario para alcanzar un objetivo común: el de construir una sociedad igualitaria, justa, equilibrada y, por tanto, democrática.

Se necesita consenso, diálogo, volver al camino. El consenso también hubo que trabajarlo en la Transición, exactamente durante tres años que duró el proceso constituyente, dejando al margen aquellas cuestiones o contenidos que cerraban la puerta al acuerdo y poniendo en valor el objetivo final: salir de la dictadura, aprobar la Constitución y vivir en libertad.

Pero el consenso requiere estar de acuerdo en lo fundamental, en lo necesario para crecer, para seguir madurando como sociedad inclusiva e igualitaria, justa y avanzada, potenciando lo que une y alejando lo que separa.

Ahora, al cumplir 45 años la Constitución, creo que esto es lo que demanda la inmensa mayoría de la sociedad. Un reencuentro constitucionalista donde las mujeres (antes excluidas) y los hombres de España decidamos seguir juntos, construyendo país, tejiendo redes para las generaciones futuras para que cuando miren hacia atrás tengan claro el ejemplo a seguir y puedan sentir orgullo de su Nación y compromiso con su Constitución. La opción constitucionalista solo puede ser esta: un acuerdo para convivir dentro de la Constitución y dentro del resto del ordenamiento jurídico que se debe a ella.

La opción de no abordar el debate y la discusión para llegar a un acuerdo se alinea con la negación misma de la esencia democrática o, lo que es lo mismo, considerar que nuestro modelo de organización y convivencia está agotado. Y esto, como constitucionalistas, no lo podemos asumir.

Ana Aba Catoira. Decana de la Facultad de Derecho y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña.