La oferta de vivienda de alquiler de Barcelona ha caído un 60% en los últimos cinco años, según el estudio de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (CPUBCN). Es el resultado de analizar las ofertas de los tres principales portales inmobiliarios Habitaclia, Fotocasa e Idealista. La Cámara atribuye la caída de la oferta a la falta de vivienda nueva, la "inseguridad jurídica" de los propietarios y la amenaza del tope a los alquileres, además de una mayor estabilidad en los contratos de alquiler ya vigentes.

El estudio confirma a Barcelona como la capital española que encabeza los problemas de acceso a la vivienda, pese a que las políticas de vivienda han sido la prioridad de los dos mandatos de Ada Colau. La capital catalana registra también récords en el precio del alquiler, que ha sufrido una subida anual del 12,7% según los datos del Incasòl, el instituto del suelo de la Generalitat. El estudio de la Cambra confirma esa subida y apunta además una caída del 10% en los nuevos contratos de alquiler.

Según los datos recopilados por la Cámara, entre el 27 de noviembre de 2018 y la misma fecha de 2023 en Habitaclia la oferta de viviendas de alquiler cayó un 67,37% -pasando de 8.437 a 2.753 viviendas-. En Fotocasa la reducción fue de un 60,68% -de 7.179 a 4.356 viviendas- y en Idealista del 49,53% -de 10.423 a 5.260 viviendas-. "Haciendo la media de los tres portales, la oferta comercial de alquiler se ha reducido un 59%" destacó el gerente de la Cámara, Òscar Gorgues, al presentar el estudio.

Inseguridad jurídica

El organismo destaca en las conclusiones del Informe sobre el Mercado del Alquiler en Barcelona que la capital catalana "sufre un importante déficit de oferta de pisos provocado por una fuerte presión demográfica que no ha venido acompañada por la construcción de nueva vivienda". Pero alerta también de la "inseguridad jurídica" a la que las nuevas normativas han expuesto a los propietarios.

Cataluña ha liderado las reformas legales sobre el mercado de la vivienda, con una Ley de Derecho a la Vivienda de 2007, que permite obligar a los promotores a una reserva del 30% de nuevas promociones y edificios restaurados para vivienda social. Una medida que el Ayuntamiento de Barcelona acordó implantar en la ciudad en 2018 -es el único ayuntamiento catalán que lo ha hecho- y que ha generado una caída en las nuevas promociones, según denunció la Cámara de Contratistas.

En 2020 el Parlament aprobó la Ley de regulación del mercado de alquiler, que fijaba topes al precio del alquiler -punto recurrido y suspendido por el Tribunal Constitucional- y establece la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social a los inquilinos en situación de vulnerabilidad para los "grandes tenedores" fijados a partir de cinco viviendas.

Esta inseguridad jurídica, advierten desde la Cambra de Propiedad Urbana, perjudica la oferta para la población "con menos recursos y más susceptible de incurrir en procedimientos judiciales por morosidad y situaciones precarias". Además, añaden, los propietarios "prefieren disponer de su capital" y sacar los misos del mercado ante la "amenaza del control de los alquileres".

Estabilidad de los contratos

El organismo señala también que tanto propietarios como inquilinos buscan una mayor estabilidad en los contratos, favorecida por la nueva regulación, que alarga los contratos a 7 años. Así, los pisos que ya están alquilados difícilmente salen al mercado, porque los propietarios "cuando encuentran un buen inquilino" son partidarios de prorrogar el contrato.

Cada cambio de inquilino supone para el propietario pagar costes de puesta a punto de la vivienda, el mantenimiento, el coste de tener la vivienda vacía y los honorarios de la agencia inmobiliaria, señalan para explicar la poca rotación del mercado y la falta caída de la oferta comercial. "De hecho, muchos pisos ya no salen al mercado, ya que funcionan por referencias o listas de espera".