Más que Sáenz de Santamaría, ganadora de las primarias celebradas este jueves, la mayor incertidumbre en la carrera política de Pablo Casado reside en este momento en la instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid por las presuntas irregularidades en la obtención del máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en el año 2008/09. ¿Será imputado el vicesecretario de Comunicación del PP, como ya lo está Cristina Cifuentes?
Ni la magistrada Carmen Rodríguez-Medel tiene respuesta a esta pregunta. De momento, la magistrada ha dado algunos pasos: ha pedido a la Presidencia del Congreso que certifique la condición de diputado de Casado -éste goza de aforamiento y sólo podría ser investigado y eventualmente enjuiciado por el Tribunal Supremo- y ha requerido diversa documentación a la Universidad que impartió el curso de posgrado para tratar de determinar si obtuvo el título de forma legal.
En sus múltiples comparecencias ante la prensa, Pablo Casado siempre ha asegurado estar tranquilo y ha exhibido la documentación que, en su opinión, "avala" haber cursado el máster. Cuando estalló el caso, el dirigente del PP dijo no recordar si asistía a las clases pero se escudó en que lo cursó antes de que entrara en vigor el Plan Bolonia y que, debido a ello, el criterio de asistencia -establecido en el 80% por norma general con la citada ley- era más flexible. "Cada centro planteaba las fórmulas de seguimiento de las asignaturas, no está reglado que exista trabajo de fin de máster, no está reglado que exista tribunal, lo que yo tengo y he encontrado son muchos trabajos", defendió.
La juez ha puesto la lupa sobra la convalidación al político del PP de 18 de las 22 asignaturas que integraban aquel curso de posgrado, a fin de determinar si se incurrió en delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y cohecho impropio. A fin de avanzar en la instrucción de esta pieza separada, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid ha citado a declarar el próximo 1 de agosto en calidad de investigados a dos profesores -el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del instituto de la URJC que ofreció el máster, y Alicia López de los Mozos- y a Fernando Suárez Bilbao, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la URJC en los años que se investigan las presuntas irregularidades.
La magistrada también ha pedido a la Universidad que le remita el listado de todos los alumnos que se matricularon en el curso 2008/09, la promoción del dirigente del PP nacional Pablo Casado y que le detalle la identidad de los profesores que anotaron las calificaciones de las asignaturas en la plataforma informática.
Casado asegura estar tranquilo y dice disponer de toda la documentación que "avala" que hizo el curso de posgrado
La instrucción del caso máster se inició a finales de abril tras la denuncia interpuesta por la catedrática de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo Burrieza, tras conocer que se había falsificado su firma en las actas académicas oficiales con las que la Comisión de Garantías convalidó a diez alumnos -entre ellas Cristina Cifuentes- las asignaturas La financiación de las comunidades autónomas y de las entidades locales, Estructura institucional de las comunidades autónomas y de los entes locales, y Las políticas públicas autonómicas y locales en ordenación urbanística y medio ambiente en su reunión del 24 de mayo de 2012.
El caso acumula ya 15 imputados, de los que 10 son profesores: Enrique Álvarez Conde, Pablo Chico de la Cámara, Cecilia Rosado, Alicia López de los Mozos, Susana Galera, Rodrigo Martín, Jesús Primitivo Rodríguez, Manuel Arenilla, Elena Pérez y Esther González. Completan el listado de investigados Cristina Cifuentes; la ex asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito; la funcionaria de la URJC Amalia Calonge y el ex vicerrector Fernando Suárez.
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