El PNV se lo advirtió al presidente del Gobierno desde el primer momento. Esta vez sería más exigente con los plazos y con el cumplimiento de lo acordado. Y parece que el Gobierno está dispuesto a rectificar y no caer en el incumplimiento del que le acusó el PNV. Sabedor de que en esta legislatura todos los votos son imprescindibles, también los de los jeltzales, el Gobierno se ha dado prisa en demostrar una nueva disposición y voluntad. Le ha bastado un mes de legislatura para acreditarlo. En Sabin Etxea están contentos. El portavoz del PNV ayer no lo ocultaba, “estoy contento, el Gobierno empieza a cumplir”, dijo Aitor Esteban al inicio de su comparecencia.

Hacía sólo unas horas que el Consejo de Ministros había aprobado dos de las promesas firmadas con el PNV. Por la tarde se desbloquearía el proceso de transferencias pendientes que reclama el Gobierno vasco desde 2020 en cumplimiento del Estatuto de Gernika y que acumulaba dos años y tres meses de parón. La última vez que se reunió la comisión mixta de transferencias nos remonta a mayo de 2021, cuando se formalizó el traspaso de la competencia de prisiones.

A última hora de ayer el nuevo ministro de política territorial, Ángel Víctor Torres, se reunió con la consejera de Gobernanza vasca, Olatz Garamendi. A la salida, el giro de actitudes quedó claro. El ministro se comprometió a esta vez sí cumplir los plazos, "el gobierno cumplirá", dijo, y a convertir la transferencia de competencias a Euskadi en una cuestión “prioritaria”. Torres reconoció que algunas son especialmente delicadas y complejas, pero se comprometió a trabajar para lograr lo pactado. En Navidad los contactos entre ambas administraciones continuarán y en enero se celebrarán las reuniones técnicas previas a la cesión de materias. Garamendi lo dejó claro, “se abre un nuevo escenario”, dijo. Incluso se felicitó de los “avanzadas” que tenía el ministerio de Torres algunas materias a acordar.

Supone un paso relevante que el PNV da por bueno por demostrar una nueva voluntad. El acuerdo de investidura que el 10 de noviembre suscribieron el PNV y el PSOE incluía esta vez garantías en forma de fechas y plazos que comprometían al Gobierno. En su negociación los nacionalistas no evitaron amenazar con dejar caer al Ejecutivo si, como terminó la legislatura anterior, el cumplimiento de los acuerdos se frenaba o, peor aún, quedaba paralizado.

Tres materias en marzo, el Estatuto en dos años

Al punto 4.c del pacto entre ambas partes comenzaron a sacarle brillo ayer. En él se establece que las tres materias más avanzadas en su diseño de cesión deberán estar en manos de la administración vasca antes del 19 de marzo. Se trata de la gestión de las líneas de Cercanías, la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros y la cesión de la titularidad del sistema de acogida a inmigrantes.

Son sólo tres de la veintena larga de competencias que el Gobierno vasco insiste en que tiene pendientes de transferir el Ejecutivo central para que se pueda dar por completado el Estatuto de Gernika de 1979. Entre ellos figura la cesión del régimen económico de la Seguridad Social, pese a que su asunción no tiene fecha fijada, -más allá de los dos años en los que el PSOE se comprometió a completar todo el Estatuto vasco pendiente-.

Además de las tres transferencias que ayer se abordaron con más detenimiento, la negociación entre los gobiernos también tiene sobre la mesa propuestas detalladas y avanzadas que fueron remitidas hace meses por el Ejecutivo Urkullu ante la inacción del Gobierno. Se trata de competencias como el servicio de meteorología, la gestión del litoral, los fondos de apoyo a la cinematografía o la inmigración.

Los avances en transferencias no son los únicos que tienen contento al PNV. Además, el Gobierno Sánchez ya ha accedido a otra de las peticiones incluida de modo expreso en el acuerdo de investidura. Lo ha hecho incluso con más celeridad de la que en él se establecía, de seis meses. Le ha bastado un mes para modificar la ley de bases del Régimen Local para rebajar a 4.000 habitantes el umbral para convertirse en municipios independiente. Una petición que había incluido para facilitar el paso la localidad de Usansolo, ahora dependiente de Galdakao, pero que venía reclamando su segregación y que la justicia había impedido en aplicación de la norma vigente que limitaba a poblaciones de más de 5.000 habitantes la posibilidad de convertirse en municipio.   

Prevalencia de convenios y terrenos de Loyola

A todo ello, en la satisfacción que el PNV expresa en las últimas horas se suma que el Consejo de Gobierno aprobó la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, una reclamación que la formación de Ortuzar ha reclamado en negociaciones anteriores. A partir de ahora, los convenios firmados en Euskadi prevalecerán a los estatales.

La medida, que aún debe ser convalidada por la Cámara Baja, se ha acordado mediante la modificación del Estatuto de los Trabajadores en sus artículos 84. 3 y 84.4. Las prisas del Ejecutivo por satisfacer al PNV en esta materia las acredita el hecho de que el acuerdo le daba un margen temporal para llevarlo a cabo de seis meses y únicamente ha requerido de un mes.

Además, el lunes el Ministerio de Defensa completó la operación de compraventa de los terrenos de los cuarteles de Loyola en San Sebastián. Las 17,5 hectáreas que ocupaban las instalaciones militares pasarán a formar parte del Consistorio y permitirán la expansión de la capital guipuzcoana. En ellos está proyectada la construcción de 1.700 viviendas.  Se trata de un histórico enclave de hasta ahora ocupado por el Ejército y que se convertirá en una prolongación de Donostia tras una operación que requerirá el pago 73,3 millones de euros.