La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido este jueves extraditar a España al ex presidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por un presunto delito de rebelión.
La extradición sólo se hará efectiva si lo aprueba la Fiscalía General alemana. El tribunal además ha resuelto que Puigdemont, que reside actualmente en Alemania, siga en libertad. Con esta decisión, los jueces cumplen con la petición de la Fiscalía General regional, aunque solo en parte. El Ministerio Público, siguiendo la euroorden dictada por el Tribunal Supremo español, había solicitado a principios de junio por segunda vez tanto el reingreso en prisión del político separatista como su extradición a España.
El paso dado este jueves da un giro en la estrategia seguida hasta ahora por la Justicia alemana, que en un primer momento se mostró poco proclive a acceder a los deseos del magistrado español Pablo Llarena. Puigdemont fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español.
Tras pasar doce días en prisión, los máximos jueces regionales resolvieron dejar al político soberanista en libertad bajo fianza a la espera de que se tomase una decisión sobre su posible entrega a España. Desde entonces, Puigdemont vivió en Berlín y posteriormente trasladó su residencia a la región de Schleswig-Holstein a la espera del fallo judicial que espera se produzca en los próximos días.
Presentará recurso
El abogado del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicado que prevén recurrir al Tribunal Constitucional alemán la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein de permitir la entrega a España por malversación descartando el de rebelión.
En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, Cuevillas ha valorado la decisión "de ocho sobre 10 porque el cargo más grave que había era el de rebelión", porque a su entender es evidente que no ha habido violencia y así lo ha descartado el tribunal regional.
El abogado ha puntualizado que antes de acudir al Constitucional deberán hacer un recurso de reforma para agotar la vía interna, que es un trámite, y acudirán al Tribunal Constitucional por "la falta de garantías para un juicio justo" y, respeto a la malversación, porque la argumentación tiene contradicciones, asegura.
Por su parte, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha indicado este jueves que todavía no tiene "conocimiento oficial" de la resolución del tribunal de la región alemana de Schleswig-Holstein.
"Todavía no tenemos conocimiento oficial de la resolución y el texto habrá que estudiarlo. Solo tenemos información de la prensa. De momento no podemos decir más. Una vez que analicemos la resolución, ya les diremos", ha manifestado Segarra a los medios de comunicación a su llegada al homenaje a su antecesor en el cargo, Julián Sánchez Melgar, en un hotel de Madrid.
La fiscal general ha aprovechado la ocasión para agradecer la "importante colaboración" prestada por el Ministerio Público alemán en el caso de Puigdemont, al tiempo que ha reivindicado la "importancia de los mecanismos de cooperación internacional".
"La Fiscalía seguirá apoyando y creyendo en los mecanismos de cooperación y confianza mutuas y seguiremos trabajando en ese sentido", ha garantizado.
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