Ecuador, en estado de emergencia. Unos encapuchados han entrado armados en un canal de televisión que se retransmitió en directo, han incendiado coches y atentado con explosivos. La jornada de terror dejó al menos diez muertos en distintos actos violentos. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador deploró este martes la "ofensiva del crimen organizado", después de los motines carcelarios de las últimas horas.
Agentes de la Policia Nacional de Ecuador han ingresado en las instalaciones del canal TC Televisión horas después de ser asaltado y ha detenido al menos a trece personas.
Las fuerzas policiales de élite lograron liberar a todos los rehenes, que están sanos y salvos, salvo dos empleados que sufrieron heridas leves y están siendo atendidos en un centro hospitalario, y han desplegado un fuerte operativo en las inmediaciones del canal, con la ayuda de efectivos del Ejército, después de que el presidente Daniel Noboa declarara "conflicto armado interno".
La CNJ, en un comunicado, dijo que "repudia severamente la ofensiva del crimen organizado contra la vida, libertad e integridad" de los ciudadanos y de la propiedad privada por parte de bandas delictivas.
Asimismo, el pleno del supremo tribunal de administración de justicia rechazó los ataques y amenazas que han surgido en contra del presidente de la CNJ, Iván Saquicela, y de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
"Esos hechos ponen de manifiesto la reacción violenta de las estructuras de corrupción y delincuencia frente al accionar del sistema de justicia", agregó la corte.
Tras remarcar que la función judicial no ha sido amedrentada por la acción violenta del crimen organizado, el máximo tribunal llamó a jueces y demás miembros del sistema judicial a tomar decisiones que "coadyuven a la lucha contra el actuar de los grupos criminales y se evite la impunidad".
Respaldó al gobierno del presidente Daniel Noboa por aplicar acciones encaminadas a superar la crisis de inseguridad que se abate sobre el país, y también a las fuerzas del orden (policías y militares) por buscar preservar la seguridad ciudadana.
"Solicitamos de manera urgente a las autoridades de la Función Ejecutiva proporcionar el suficiente resguardo policial y militar a la Corte Nacional de Justicia y a los complejos judiciales del país", agregó la corte en el escrito.
Finalmente, hizo un llamamiento a la unidad a todas las instituciones del Estado a enfrentar la ola de violencia en el país con "acciones conjuntas y articuladas".
Este martes, Ecuador soportó una jornada de terror por la actuación de grupos de delincuencia organizada (GDO), que se desató después de que el presidente Noboa decretara el lunes el estado de excepción, que incluyó un toque de queda de seis horas durante la noche como medida para atajar el avance de la violencia.
América acude en ayuda de Ecuador
Numerosos Gobiernos de América, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comunidad Andina, así como organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch (HRW), condenaron hoy la ola de violencia registrada este martes en Ecuador y algunos se ofrecieron a apoyar a las autoridades de ese país incluso con el envío de efectivos armados si fuese necesario.
El Gobierno de Estados Unidos monitorea "de cerca" los reportes de "violencia, secuestros y una serie de explosiones en Ecuador" y está listo "para brindar asistencia", dijo a EFE un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, expresó su "preocupación por los graves hechos de violencia cometidos por bandas delincuenciales" en Ecuador.
Perú declara la emergencia en su frontera
El Gobierno de Perú anunció que declarará en emergencia toda la frontera norte del país y enviará a las Fuerzas Armadas para que vigilen la zona junto con la Policía Nacional ante la oleada de violencia en el vecino país.
El primer ministro, Alberto Otárola, señaló que "el primer mensaje" que envía el Gobierno de Dina Boluarte es "un llamado a la calma, a la tranquilidad" a los ciudadanos de las zonas de Piura y Tumbes, regiones fronterizas con Ecuador.
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