El Ministerio del Interior da largas a la Generalitat en la esperada autorización para proporcionar escolta policial a Carles Puigdemont en Bélgica. No hubo avances en esta materia en el encuentro mantenido este lunes por el ministro Fernando Grande-Marlaska, y el consejero catalán Joan Ignasi Elena. Un encuentro que sirvió para demostrar pese a ello que Gobierno y Generalitat recuperan a marchas forzadas la confianza perdida en esta materia tan delicada.

No era el primer encuentro de Marlaska y Elena, pero sí la primera vez que el conseller acudía a la sede ministerial. Tras el acuerdo alcanzado el año pasado para la ampliación del cuerpo de Mossos d'Esquadra hasta los 20.000 agentes en los próximos cinco años, con el consiguiente apoyo económico, la relación entre Gobierno y Generalitat fluye de forma más relajada, pese a los problemas de seguridad que siguen acuciando al conseller. Problemas que revisará la próxima Junta de Seguridad de Cataluña, que acordaron celebrar durante el primer trimestre de este año.

El punto en el que no hubo avances, sin embargo, fue la escolta de Puigdemont. Elena reclamó al ministro la autorización solicitada el pasado 14 de noviembre, el día antes de la investidura de Pedro Sánchez, apoyado por primera vez por los diputados de Junts. Tras cerrar el pacto de investidura, la Oficina de Puigdemont volvió a reclamar la escolta, que esta vez contó con el apoyo inicial del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Pero los Mossos necesitan autorización del Ministerio del Interior para actuar fuera de España, por lo que Elena trasladó la petición a Marlaska, que se comprometió a iniciar los trámites. Este lunes, el conseller reiteró la petición, pero Marlaska adujo que el ministerio sigue pendiente del informe de la Abogacía del Estado sobre la pertinencia de dar escolta policial a una persona sobre la que pesa una orden de detención dictada por el Tribunal Supremo.

Fuentes del departamento que dirige Marlaska explicaron que no hay fecha prevista para que llegue ese informe. Cuando llegue, se autorizará o no que varios agentes de Mossos d'Esquadra puedan desplazarse a Bélgica, donde permanece el expresident, y puedan portar armas reglamentarias.

El trabajo

Este tipo de operativos los realiza la Policía Nacional, que cuenta con una unidad para ello. Cuando el Govern volvió a pedir la autorización para escoltar a Puigdemont, a mediados de noviembre, la estupefacción recorrió a los policías destinados allí. Ninguno se imaginaba haciendo trabajos de protección en un país extranjero para un fugado de la Justicia. Menos para el ejecutor del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Como publicó este periódico, finalmente serán mossos los que velen por la seguridad de Puigdemont cuando esta sea aprobada. Estos policías van de paisano y cobran unos 250 euros más al mes por desempeñar esta labor que, según fuentes del Cuerpo, se presta voluntariamente. Los agentes que no van con uniforme reciben una compensación de unos 200 euros al año para ropa. En caso de los que hacen trabajos de protección a "VIPs" la cuantía asciende a 400 euros.

El trabajo empieza cuando se recoge a la persona a proteger. En un coche con chófer, la recogen en su lugar de vivienda a la hora indicada y hasta que no lo vuelven a dejar no terminan su jornada. No son turnos de 24 horas, ya que la seguridad de edificios de especial protección la llevan otras unidades. Trabajan un día y descansan al siguiente, por lo que los operativos cuentan con entre dos y cuatro agentes, dependiendo de la peligrosidad.

La ley de ex presidentes de la Generalitat establece que tendrán derecho a una Oficina de ex president con tres asistentes, escolta y coche oficial. Carles Puigdemont disfruta de la oficina, instalada en el Palau Centelles de Barcelona, pero no de la escolta policial, que el Ministerio del Interior ha denegado hasta ahora habida debido a su condición de prófugo de la justicia.