El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Noia ha acordado iniciar una investigación por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el vertido a la costa gallega de millones de pellets de plástico, según el escrito al que ha tenido acceso El Independiente. La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente había iniciado unas pesquisas esta semana que ahora tendrá que dejar en manos de la jueza quien ha admitido una querella de Podemos, así como de varias fundaciones ecologistas.

La jueza Andrea Cernadas Lado ha ordenado oficiar a la Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que remita al juzgado un informe en el que se consignen “los datos recabados en relación con la titularidad de la embarcación Toconao, las circunstancias en las que se produjo la pérdida de la carga, el contenido de dicha carga, la composición y posible toxicidad de los pellets vertidos, así como el alcance del vertido y la delimitación del área afectada”.

El vertido de cientos de bolitas de plásticos en la costa gallega, tras la pérdida de carga de un buque frente a Portugal el 8 de diciembre, ha irrumpido esta semana en el panorama político después de que Galicia y Asturias hayan solicitado la acción del Gobierno central. La magistrada ha recibido estos días una denuncia presentada por el partido político Podemos y otra interpuesta conjuntamente por la Fundación Montescola, Ecologistas en Acción y la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia. Todas ellas formarán parte del procedimiento como acusación popular.

Los denunciantes “se encuentran legitimados para intervenir en el proceso como acusación popular dado que, a pesar de los intereses particulares que puedan resultar afectados, los hechos objeto de investigación en el presente procedimiento podrían ser indiciariamente constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en el que entran en juego intereses supraindividuales o institucionales que legitiman su intervención”, indica el escrito de la togada.

Asimismo, la magistrada explica que no están determinadas “la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido”, por lo que entiende que es procedente iniciar estas pesquisas y practicar algunas actuaciones para dirimir si existe responsabilidad penal.