Es un compromiso tantas veces firmado como incumplido y que ahora el PNV cree blindado. A su inclusión en el acuerdo de investidura del pasado 10 de noviembre se ha sumado el reciente acuerdo del PSOE con Junts en el que se han comprometido competencias en materia de inmigración. El Gobierno vasco reclama desde hace años su propia competencia en torno a la inmigración. En su caso no compromete la titularidad estatal en las cuestiones principales sino que se centra en la asunción de herramientas para actuar en el proceso de acogida a la inmigración.

Tras el acuerdo con la formación de Puigdemont, Sabin Etxea ha elevado el tono, tanto a través del partido como del propio lehendakari, para acelerar el traspaso de la competencia en los términos que vienen negociando desde hace meses y que el Gobierno ha ido demorando. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz aseguró ayer en Vitoria que el Ejecutivo cumple sus acuerdos y que el traspaso se llevará a cabo. El Gobierno vasco ya remitió hace meses al Gobierno central una propuesta de traspaso y sobre la que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo.  

Entre los acuerdos PNV-PSOE figura el de transferir en el plazo de tres meses desde su firma la cesión de la llamada “fase de acogida” de la inmigración que llega a Euskadi. De este modo, al País Vasco se le cedería herramientas administrativas para que se responsabilizase de los itinerarios para facilitar inclusión social de la inmigración. El pacto de legislatura con el PNV estableció que el Ejecutivo desarrollaría de modo íntegro el Estatuto de Gernika pendiente –cerca de una treintena de materias- en el plazo de dos años y que en sólo tres meses las tres transferencias más avanzadas deberían estar cedidas: Inmigración, ferrocarriles y homologación de títulos extranjeros.

Recibirles en "condiciones dignas"

Desde el PNV se confirmó ayer que el cruce de documentación para completar esta transferencia está ya muy avanzado, aunque no cerrado. Los nacionalistas confían en que para finales de febrero o marzo se complete el traspaso. Sabin Etxea ha insistido en que esta vez requerirá un cambio de actitud al Ejecutivo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos si quiere continuar contando con su apoyo. Además de reclamar más diálogo y la renuncia al abuso de los decretos para aprobar sus propuestas, los nacionalistas vascos reclaman ser consultados y participar en los procesos de aprobación de leyes y normas que requieran su respaldo.

En el listado de competencias pendiente que periódicamente actualiza el Gobierno vasco se incluyó hace años la referida a la inmigración. Ante el incremento de la llegada de la inmigración y su evolución como realidad, la Administración vasca la incluyó en el lista de transferencias a reclamar y que inicialmente no figuraban como tal en el Estatuto de Gernika. Apeló a la necesidad de dotarse de nuevas herramientas de gestión en un ámbito que es competencia íntegra del Estado. Así, el Gobierno vasco cree necesario disponer de instrumentos para “recibir en condiciones dignas a las personas integrantes de los nuevos movimientos migratorios”. Además, las reclama también para facilitar el regreso de quienes por razones de crisis económica o laboral hayan podido abandonar el País Vasco, tras formarse y crecer en él, para brindarles “condiciones dignas de regreso”.   

La necesidad de encauzar la inmigración de modo adecuada es un objetivo que tanto el Gobierno Urkullu como desde el mundo de la empresa se viene reclamando ante los problemas demográficos y de falta de mano de obra que ya se siente en la economía vasca. A ello se suma que la percepción generalizada en la sociedad vasca hacia la inmigración no es mala sino que se asume como una posibilidad de mejora económica.

Frenar el "exilio económico"

Por ello, las materias de inmigración sobre las que el País Vasco reclama poder tener competencias se refieren fundamentalmente a las actuaciones de carácter administrativo para su asistencia en el campo sanitario, de bienestar social, de trabajo y de desarrollo comunitario. En un documento remitido al Parlamento Vasco el Ejecutivo de Urkullu detalla cómo las “funciones y servicios a transferir” serían los relativos al acogimiento y atención socio-sanitaria, a la orientación a las personas inmigradas, integración social y económica, lingüística y cultural. Además, reclama la ejecución de la legislación laboral en materia de autorizaciones de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Euskadi.

En la justificación que siempre se ha esgrimido para ser competente en estos aspectos se apela al incremento del fenómeno de la inmigración que se está produciendo en los últimos años así como el “exilio económico de los jóvenes” que se está produciendo y al que se quiere poner fin con medidas de regreso “dignas”. El País Vasco se inspira en gran medida a competencias que ya posee Cataluña en lo que define como funciones de primera acogida a personas inmigrantes.

Entre las funciones que solicita el País Vasco figuran la regulación de medidas para facilitar la integración lingüística -para promover el conocimiento de euskera y castellano a los inmigrantes-. También ser competente para las autorizaciones de trabajo de personas extranjeras y para resolver recursos en materia laboral. Por último, el tercer gran bloque de las competencias que se reclaman hace referencia al régimen de sanciones e inspecciones en materia de inmigración. También se reclama poder participar en las decisiones que en materia de inmigración pudiera adoptar el Estado y que tuvieran especial trascendencia para el País Vasco.