El Gobierno desclasifica la documentación del CNI sobre el espionaje a Aragonès con 'Pegasus'

El Consejo de Ministros desclasificó este martes documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el espionaje con el programa 'Pegasus' al president de la Generalitat, Pere Aragonès, según confirmaron primero fuentes del Ejecutivo y ratificó después la portavoz, Pilar Alegría. El alzamiento del secreto lo había solicitado el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, que ha iniciado una investigación tras la querella del dirigente independentista.

Esta es la antesala de la declaración de la exdirectora del CNI, el 26 de enero, en calidad de investigada

Está por ver qué documentos dará el Ejecutivo al juez de Barcelona. En ningún caso podrá desvelar los métodos y protocolos que utiliza el CNI para llevar a cabo sus operaciones evitando poner en peligro la seguridad nacional. En esto mismo insistió Alegría desde la Moncloa: se trata de una “desclasificación parcial de este pleito en concreto”, y “a petición de un juez”, insistió una y otra vez, dando a entender que no habrá más desclasificaciones. “En ningún caso afecta a la seguridad nacional, en ningún caso”, remarcó.

Esta es la antesala a la declaración de la exdirectora del CNI Paz Esteban, que será el próximo día 26 de enero en calidad de investigada. De esta forma, la que fuera alto cargo de Defensa podrá hablar sin reserva de por qué se interceptó el móvil del presidente catalán en enero de 2020 cuando era vicepresidente de la Generalitat.

Insuficiente para el Govern

La decisión del Gobierno fue recibida con precaución por la Generalitat, que rompió las relaciones institucionales cuando se hizo público que Aragonès había sido espiado con el software de fabricación israelí Pegasus. "No demos pátina de excepcionalidad a algo que debería haber pasado hace meses, ahora se acuerda la desclasificación que ya se tendría que haber hecho", advirtió la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja.

El Ejecutivo catalán ha amparado las demandas de todos los afectados según la entidad Citizen Lab, no solo la de Aragonès

Plaja avisó de que esta decisión "es un paso más, pero no estamos al final del camino" y recordó además que se trata de una reclamación "del Govern y los afectados". La portavoz aseguró que "está probadísimo que fuimos espiados" y señaló que "es relevante" que la desclasificación se produzca antes de la declaración de la exdirectora del CNI para que "se pueda aclarar de una vez quién estuvo detrás y con qué intenciones".

El Ejecutivo catalán ha amparado las demandas de todos los afectados según la entidad Citizen Lab, no solo la de Aragonès, pero el Gobierno se ha negado a explicar las infiltraciones en otros dirigentes independentistas. Se trata de las investigaciones que siguen dos juzgados en Barcelona sobre las denuncias de los republicanos Diana Riba, Josep Maria Jové y Sergi Sabrià en el Juzgado 13 de Barcelona, y el también republicano Jordi Solé, en el Juzgado 20 de Barcelona.

En el caso de Aragonès, la intrusión de este virus israelí en el teléfono fue aprobada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, que controla las actividades del centro de inteligencia. Precisamente, entre la documentación que el Gobierno ha autorizado está este auto en el que el juez da el permiso.

Segunda declaración de Esteban

Esteban ya declaró en la Audiencia Nacional cuando fue el Ejecutivo el que interpuso una querella para saber quién había entrado en el móvil del presidente Pedro Sánchez y de tres ministros. Entonces lo hizo como testigo, pero el magistrado José Luis Calama entonces no pudo demostrar las sospechas de que había sido Marruecos el que había enviado los Pegasus al Gobierno, así que la causa terminó archivada.

Máxima colaboración con la Justicia y transparencia cuando nos requiere un juez por un caso en concreto”, asegura la portavoz del Ejecutivo

La exdirectora pasó también por la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que se reunió bajo llave para dar explicaciones sobre el asunto de Pegasus cuando Citizen Lab (un equipo de expertos de la Universidad de Toronto) publicó que había existido más de 50 interceptaciones de teléfonos. Allí, confirmó que al menos 18 fueron de parte del CNI.

A principios de diciembre del año pasado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abrió la puerta a que el Gobierno desclasifique informes del CNI sobre Pegasus, que afecta al espionaje a independentistas, si "se entiende que es oportuno, razonable y conforme a la ley".

Del mismo modo, el Ministerio de Defensa cree "bastante probable" que información relativa al caso se desclasifique antes de la declaración de la exdirectora del CNI Paz Esteban, que ha sido aplazada al 26 de enero. El Gobierno tenía este martes o el siguiente, cuando se celebra el Consejo de Ministros, para dar luz verde a la desclasificación.

Finalmente fue este martes. Alegría hizo hincapié en que el Gobierno es “el principal interesado” en que se aclare esta cuestión, pues fue el que la puso en manos de la Audiencia Nacional. “Máxima colaboración con la Justicia y transparencia cuando nos requiere un juez por un caso en concreto”, subrayó, para incidir en que “en ningún caso” esta desclasificación afectará a la seguridad nacional. No dio más detalles precisamente para no dar más información de la debida.

Y, como había hecho al referirse a la presunta guerra sucia del Gobierno de Mariano Rajoy contra dirigentes independentistas, contrastó la diferente actitud de los dos ejecutivos: el PP, cuando está en la Moncloa, “utiliza los resortes del Estado de derecho para perseguir a sus oponentes políticos”, y cuando está en la oposición “quiere ilegalizar a los que no piensan como él”. Aludía Alegría a la propuesta de Génova de disolver partidos que promuevan una declaración de independencia o un referéndum ilegal.