La semana pasada, la Policía Nacional detenía en Madrid y Valencia a cinco personas. Cuatro eran españolas y la última procedía de Libia. Unir los puntos entre todos ellos, a priori, no es un camino claro. Pero si en la ecuación se incluye una empresa de material armamentístico todo parece coger entidad.

Los cuatro españoles dirigen la empresa Star Defence Logistics & Engineering, SDLE en su acrónimo. El extranjero es el responsable de la RADA-SDF, un grupo paralimitar de corte salafista. Según fuentes de inteligencia, tiene un rango medio en la organización, una unidad de operaciones especiales que se centra en secuestros de alto perfil, asesinatos, muertes relacionadas con intoxicación por drogas y alcohol, tráfico de inmigrantes ilegales, contrabando de armas, contrabando de explosivos, ataques terroristas y complots.

La operación policial se centra en el contrabando de material de defensa de doble uso. En concreto de la compra y venta de drones con cámaras térmicas y sistemas contra este tipo de armas. En un primer momento de la investigación, en 2020, se identificó al libio como la persona que estaba llevando todo este material a su país. Pero las pesquisas avanzaron, y es cuando los policías de la Comisaría General de Información se encontraron con los cuatro españoles.

El sistema antidrones de la española SDLE tenía como destino final el aeropuerto de Tripoli, la capital de Libia. La infraestructura está bajo control de la milicia que lidera el quinto detenido. El valor en el mercado se estima en más de dos millones de euros. Vender material militar a Libia está prohibido por las sanciones que afronta el país de oriente medio.

Las detenciones se realizaron de manera simultánea el jueves 18, unas en el aeropuerto de Valencia y el resto en el municipio madrileño de Móstoles. Los agentes registraron las oficinas de la compañía española, así como dos domicilios en Valencia. Consiguieron requisar documentación digital y material tecnológico relacionado con la investigación. Por el momento, no quieren dar más pistas: el asunto es lo suficientemente delicado como para que termine siendo un escándalo.

73 millones en cinco años

El Ministerio de Defensa, como sus homólogos en el resto del mundo, lleva un férreo control de las empresas que producen armamento. Al fin y al cabo, es su principal cliente. Ningún estado quiere que se sepa que se compran y venden arma, aunque todos los hagan. El control de qué se exporta y se importa en el mundo de la guerra es un asunto de seguridad nacional, y una fisura en el sistema como la reciente operación policial deja marcado en el mapa a la industria española.

Las empresas europeas pueden negociar libremente con Libia en cualquier asunto excepto con el material de defensa y doble uso. Este último es aquel que se puede destinar tanto al uso civil como al militar, como es el caso de los drones. Para ello se necesita un permiso especial del Gobierno y la supervisión tanto del ministerio de Defensa como del de Economía.

SDLE no es una empresa ajena al departamento que dirige Margarita Robles. En los últimos años ha conseguido 418 contratos con la administración general por valor de casi 73,5 millones de euros, según la información disponible en el registro mercantil. También cuatro con administraciones locales por algo más de un millón. El último se lo adjudicó, según la Plataforma de Contratación del Sector Público, dos días antes de que sus directivos acabasen con las muñecas engrilletadas. 320.000 euros por servicios de apoyo de mantenimiento de vehículos VRC Centauro. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado un día después, mientras prestaban declaración ante la Policía.

El centro de la investigación gira en torno a un sistema antidrones que los directivos de la compañía querían vender a Libia. SDLE vendió hace cuatro años 25 aparatos similares a la Guardia Civil por 400.000 euros contando impuestos. Los equipos son portátiles, tiene forma de rifle y permiten inhibir un número ilimitado de drones en un radio de mil metros.

Multa de la CNMC y rumores en Colombia

El pasado julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a cuatro empresas y a seis directivos por repartirse varias licitaciones del Ministerio de Defensa a través de dos cárteles. La investigación abarcó desde enero de 2016 a junio de 2021, y descubrió que las empresas amañaron el precio en contratos relacionados con el suministro, el mantenimiento y la modernización de vehículos militares.

SDLE fue una de las multadas, y de hecho la que se llevó la peor parte con 3,3 millones de multa. Su administrador, Aurelio Estrella Rio, tuvo que pagar 52.000 euros. Es el único miembro de la empresa que está en la cárcel por el tema libio. Según la CNMC, las empresas se repartieron contratos. En concreto, llevaron a cabo pactos de no concurrencia, emitieron ofertas de cobertura, retiraron o no justificaron ofertas, e instrumentalizaron el sistema de colaboración temporal entre empresas (UTE).

Los acuerdos anticompetitivos afectaron a casi un centenar de contratos, valorados en 60 millones de euros: 13 acuerdos marcos (AM), sus correspondientes 81 contratos (CBAM), y otros 10 contratos públicos. Estas licitaciones estaban relacionadas con el mantenimiento de vehículos militares (como los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31) y material de campamento. Tres años antes de la multa, la sombra de la corrupción sobrevoló a SDLE. Una denuncia en Colombia señalaba a la compañía española por una serie de contratos de mantenimiento de vehículos del Ejército de aquel país radicadas ante Contraloría y Procuraduría.