Es la cuestión que estos días se analiza con detalle en muchas asociaciones de víctimas del terrorismo. ¿Beneficiará la ley de amnistía de Puigdemont a los presos de ETA? La cuestión ha disparado la inquietud y las dudas entre muchas víctimas después de que en los últimos días el articulado se completara con la incorporación de la amnistía también para algunos acusados de delitos de terrorismo relacionados con el 'procés'. Si los socios catalanes del Gobierno, Junts y ERC, exprimen estos días el marco legal para blindarse con esta ley hecha ‘ad hoc’, y que contemple todos los escenarios, en Euskadi el entorno de la izquierda abertzale mira de reojo su posible incidencia en el entorno de los presos de ETA.

Hace años que desde EH Bildu y las asociaciones y organizaciones próximas a los presos de ETA se reclama al Gobierno un cambio de posición hacia los presos de la banda terrorista. Exigen que deje de aplicárseles lo que consideran que es una política penitenciaria “de excepción” y se aplique a los presos de ETA la legislación ordinaria. En el contexto actual, algunas voces ven una oportunidad para explorar estas medidas de gracia entre el entorno de la banda.

Desde EH Bildu aseguran a 'El Independiente' que no se han dado pasos en este sentido y que en la Cámara Baja no se negocia nada en esa dirección. La izquierda abertzale se limita a asegurar que sus reclamaciones continúan orientadas a la aplicación de la legislación "ordinaria" a los presos de ETA y que al respecto no hay avance ni negociación alguna. También desde el PNV niegan que se esté promoviendo nada en este sentido desde el Grupo Vasco en el Congreso.

Las últimas enmiendas pactadas en la ley de amnistía incluyen los delitos por terrorismo menos graves, aunque sólo aquellos cuyo objetivo no fuera la vulneración de derechos humanos. Es ahí donde algunas asociaciones de víctimas, como Dignidad y Justicia, consideran que se abre “la ‘caja de Pandora’”. Alertan de que este cambio incorporado a última hora abre la puerta para acceder a la amnistía para algunos presos de ETA. El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, señala que delitos como los de pertenencia o colaboración con banda armada, el enaltecimiento del terrorismo, estragos o humillación a las víctimas del terrorismo podrían entrar por el “resquicio” que ahora se abre con la inclusión de determinados delitos de terrorismo amnistiables: “Ese resquicio lo van a aprovechar en el País Vasco, no me cabe duda. Es algo gravísimo”, asegura.   

AVT: "Es un disparate jurídico"

Recuerda que el Convenio Europeo de Derechos Humanos fija un marco vinculado a la vida física y ante el que quedarían fuera algunos delitos. A ello suma que la ley de amnistía que se ultima entre el Gobierno y el independentismo catalán no “acota suficientemente” su aplicación a los casos vinculados al 'procés'.

Desde asociaciones como la AVT, la más numerosa de España, con más de 4.800 miembros, por ahora se limitan a denunciar lo que consideran una ley “inmoral” y un “disparate jurídico”. Señalan que aún deben analizar en profundidad el impacto que esta norma podría tener sobre el colectivo de presos de ETA pero avanzan que lo ya conocido “supone un retroceso en el modelo de protección de las víctimas del terrorismo”. Recuerdan que en cualquier caso, el terrorismo es una “violación grave de derechos humanos” y que no cabe hacer “categorías de gravedad en función de lo que le interesa al Gobierno”. Concluyen señalando que contraviene la directiva europea contra el terrorismo aprobada en 2017.

Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) también se guarda prudencia sobre la repercusión que pudiera tener sobre el colectivo de presos de ETA la ley de amnistía que se ultima. Por ahora, están a la espera de analizar en profundidad los aspectos jurídicos con los que pueda aprobarse finalmente la ley.

Actualmente existen en las cárceles españolas 135 presos de ETA, de los que alrededor de un centenar tendría delitos de sangre. Esta situación les dejaría fuera de cualquier opción de beneficiarse de una ley que diferencia entre los delitos graves y menos graves de carácter terrorista

Vía modificaciones legales

Otros expertos jurídicos consultados por ‘El Independiente’ señalan que la futura ley de amnistía parece complicado que pueda tener algún tipo de beneficio sobre los miembros de ETA. Señalan que la norma negociada con el independentismo catalán acota suficientemente la aplicación a los implicados en los posibles hechos delictivos del ‘procés’. Apuntan a que sólo una modificación del objeto de la norma podría alterar el campo de aplicación, “la ley hay que leerla en su conjunto y deja claro que afectará sólo a lo relacionado con el ‘procés’”, recuerdan.

Sin embargo, en este contexto favorable a considerar delitos “menos graves” de terrorismo alertan del riesgo de desbrozar el camino para otro tipo de acuerdos o modificaciones para beneficiar a otros socios del Gobierno; la izquierda abertzale. Es ahí donde expertos en procesos judiciales relacionados con el terrorismo verían una posible vía de incorporar a medidas de gracia similares al colectivo de presos de ETA. La elaboración de una ley de amnistía específica para presos de ETA o incluso la modificación de la actual del 'procés' para abrirla a los etarras parece una vía complicada, no tanto la de iniciar un proceso de determinadas modificaciones penales.

Estas fuentes jurídicas subrayan que lo que ahora se ha evidenciado es que el Gobierno está dispuesto a realizar distinción de grados de gravedad entre los delitos de terrorismo y que es esa novedad la que lleva a no descartar que se pueda explorar un camino dirigido al entorno de ETA. A esta corriente de laxitud en el tratamiento del terrorismo se sumaría el proceso por el que se quiere despenalizar un delito como el de enaltecimiento del terrorismo. Un delito que supone una parte importante, ya no tanto del relacionado con el terrorismo etarra pero sí de los casos de terrorismo yihadista.

Política penitenciaria 'excepcional'

Desde hace años la principal denuncia del entorno de ETA es la aplicación de lo que tildan de política “excepcional” a sus presos. Una política penitenciaria que no es otra que la prevista para los delitos de terrorismo, sean de ETA o de otra organización. Algunas de las medidas de esa supuesta política penitenciaria específica para presos de ETA incluso es de aplicación a los autores de dos o más delitos graves que no tuvieran relación alguna con el terrorismo o que procedan de la criminalidad organizada.

Es el caso del cumplimiento máximo de penas de hasta 40 años de prisión. Alrededor de una treintena de presos de ETA que aún cumple condena reclama que le sea tenido en cuenta el periodo de condena cumplido en Francia, algo que no sucede. Otra de las medidas que los colectivos de apoyo a los presos de ETA reclaman es que la aplicación de los beneficios penitenciarios que obtienen se apliquen sobre el máximo legal de años de condena -40 años- y no sobre el total de años a los que ha sido sentenciado. En el caso de los delitos por terrorismo además se exige el cumplimiento de tres cuartas partes de la condena para acceder al tercer grado, la colaboración con la Justicia o la petición de perdón.