El presidente de la Generalitat ha arremetido contra el CNI, al que ha acusado de buscar una "excusa irrisoria" para espiarle con el software Pegasus durante 2019 y 2020. Pere Aragonès ha calificado la actuación del servicio secreto de "aventura de Mortadelo y Filemón" por argumentar para intervenir su teléfono que él era el jefe clandestino de los CDR (Comités de Defensa de la República) ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, que autorizó las escuchas.

Lo que sabemos es que Aragonès, que en las fechas en las que estuvo controlado era vicepresidente de la Generalitat, nunca ha aparecido en las investigaciones judicializadas sobre los CDR. Ni en los autos del juez, ni en los escritos de la Fiscalía, ni tampoco en los informes de la Guardia Civil aparece Aragonès por ningún lado. Sin embargo, sí que aparece Carles Puigdemont, cuyas conversaciones fueron intervenidas por agentes de la Benemérita, y han dado pie a que el juez García-Castellón pretenda imputarle por terrorismo.

Desde que estalló el caso del espionaje a independentistas catalanes el Gobierno ha mantenido una actitud errática y escapista. En abril de 2022 The New Yorker publicó una información en la que se acusaba al CNI de haber espiado a 60 personas ligadas al independentismo. Hay que recordar que, en ese momento, ERC era uno de los partidos que apoyaban al Gobierno de Pedro Sánchez. Dos semanas más tarde (2 de mayo de 2022), el entonces ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció que el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y los titulares de Interior, Grande Marlaska, y de Agricultura, Luis Planas, habían sido espiados con el mismo software que los independentistas, el Pegasus que vende la empresa israelí NSO Group.

El escándalo del espionaje a los independentistas fue tapado con otro mayor: al presidente del Gobierno y a varios ministros también les habían pinchado los teléfonos. La operación de cortina de humo tan sólo sirvió para ofrecerle a ERC en bandeja de plata la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, que, por cierto, ayer declaró como imputada ante el juzgado de Barcelona que instruye la denuncia de Aragonès.

Cuando, días antes de ser forzada a dimitir, Esteban compareció ante la Comisión de Secretos del Congreso reconoció que, en total, habían sido espiados 18 personas ligadas al independentismo. También dijo que la operación se hizo con la autorización preceptiva del juez del Supremo, Pablo Lucas.

Bolaños sostiene que el Gobierno "no sabía nada" de la macro operación de espionaje de los servicios secretos a 18 independentistas

Entre los pinchados estaban, además de Aragonès, Jordi Sánchez (dirigente de Junts); Elisenda Paluzie (presidenta de la ANC); Josep Lluis Alay (jefe de Gabinete de Puigdemont); Elsa Artadi (consejera de Presidencia de la Generalitat), e incluso Gonzalo Boye (abogado de Puigdemont). Ahí es nada.

No sabemos por qué investigaron a cada uno de ellos, pero es evidente que el CNI llevó a cabo una operación extensa, tanto por sus objetivos y como por el tiempo en el que se prolongó, sobre figuras clave del independentismo.

El propio Aragonès dijo ayer que las fechas en las que él fue espiado coinciden con la negociación para la investidura de Sánchez y con la aprobación de los presupuestos generales, tanto de España como de Cataluña. Es más, afirma que la investigación del CNI "es la segunda parte de la Operación Cataluña", de la que los independentistas acusan a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy en tiempos de Jorge Fernández Díaz.

Sí, es un feo asunto, no sólo porque el hoy presidente de la Generalitat no aparece por ningún lado en las investigaciones judicializadas, sino porque es difícil de creer que fuera jefe clandestino de los CDR.

El Gobierno, que no sabe como zafarse de una acusación que el propio CNI ha reconocido, que se espiaron, al menos, a 18 independentistas, ha recurrido al truco de decir que no sabía nada. O a la mentira. El superministro Bolaños ha dicho que el CNI no informó al Gobierno de que Aragonès y los otros 17 estuvieran siendo espiados.

Nadie sensato puede creerse que el CNI hiciera una operación de esa envergadura sin informar a la ministra de Defensa. Porque, de haber sido así, Margarita Robles debería haber destituido fulminantemente a la responsable del servicio secreto. Y si Robles lo conocía, Sánchez también.

Como publicamos hoy en El Independiente, la orden al CNI de espiar a Aragonès y al resto vino directamente del Gobierno. En todo caso, esas investigaciones nunca derivaron en el procesamiento de ninguno de los espiados.

¿Con qué fin se llevó a cabo esa operación? Lo desconocemos, aunque podemos intuirlo.

Lo que sí sabemos es que, una vez más, el Gobierno ha dejado en mal lugar a los servicios secretos. Porque, si creemos a Bolaños, si nos tragamos que el Gobierno no sabía nada de esa macro operación contra los independentistas, entonces tenemos que concluir que el CNI, por su cuenta y riesgo, pinchó los teléfonos de dirigentes de Junts, ERC, Òmnium Cultural y la ANC con el objeto de obtener una información para consumo interno.

Viendo como se ha comportado el Gobierno en la negociación de la amnistía, a nadie puede extrañar que, con tal de eludir su responsabilidad, vuelva a poner al CNI a los pies de los caballos.