Los 8.800 millones para el 'rescate' de pensiones, funcionarios o la banca disparan el déficit

Hay rescates que ahogan. Es lo que ha ocurrido con las cuentas públicas del conjunto de las administraciones, hasta hace algo más de un mes comandadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. El informe encargado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para saber la realidad de la ejecución presupuestaria antes de elaborar un nuevo Presupuesto para 2019 muestra que la previsión de déficit del 2,2% del PIB para este año es imposible de cumplir.

Esta visión también queda confirmada, con nuevos detalles, en el Informe de Cumplimiento esperado de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto 2018 de las AAPP, que elabora cada año en estas fechas el organismo presidido por José Luis Escrivá y que la organización ha publicado este lunes.

La razón de la desviación, que ha llevado al Gobierno a negociar con Bruselas una relajación en la senda de déficit, es que, aunque mientras los ingresos que recauda la administración sigue el patrón previsto, los gastos adicionales incluidos en los Presupuestos de 2018, fruto de las negociaciones presupuestarias del anterior Gobierno, hacen que ahora las cuentas no salgan y que el déficit comprometido con Bruselas, inicialmente del 2,2% se vaya a desviar hasta el 2,7% del PIB.

Se trata precisamente del nuevo objetivo planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la UE tras haber abrazado los Presupuestos de 2018 heredados del Gobierno del PP.

¿Qué gastos se disparan?

Cabe recordar que la AIReF ya avisaba desde el inicio del trámite parlamentario de que había serio peligro de desviación ya en los cálculos iniciales del Gobierno.

Sin embargo, el agujero del gasto se localiza básicamente en toda una batería de rescates, algunos comprometidos con posterioridad: el de las pensiones, el de las autopistas de peajes, las ayudas a la banca y la mejora salarial de los funcionarios. Todos estos conceptos suman unos 8.800 millones de euros, algo más de las cinco décimas de desviación del déficit, puesto que parte se compensará con partidas de ingresos que mejoran las previsiones y con un menor gasto, por ejemplo, en desempleo.

Así, el Programa de Estabilidad 2018-2021 remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado mes de mayo admitía un sobrecoste en pensiones de 1.500 millones de euros por el incremento en la revalorización del 0,25% al 1,6%. En el caso de la subida salarial de los empleados públicos (incluida la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil), el incremento del gasto rozaba los 2.700 millones de euros. A ello habría que sumar unos 2.000 millones más por el rescate de las autopistas de peaje.

Pero la puntilla tiene que ver con las ayudas a la banca. Si en el año 2017 el Estado gastó 500 millones de euros en DTAs (activos fiscales diferidos), que consolidan como gasto en términos de déficit, este concepto supondrá 1.000 millones de euros, una vez el Banco Santander así lo solicite como está previsto antes del 25 de julio.

También se duplica el gasto asociado a pagos a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos en la liquidación de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) de la CAM y Unimm, que alcanzarán 1.700 millones de euros, frente a los 800 millones del pasado año.

Por el lado de los ingresos, mientras que las previsiones de ingresos por IRPF se está cumpliendo --y mejoran los no tributarios, como los fondos europeos--, ocurre lo contrario con los impuestos especiales o el Impuesto sobre Sociedades, al tiempo que las cotizaciones sociales, que crecen a un ritmo superior al 5%, no están siendo suficientes para seguir el ritmo del gasto en pensiones.

Las CCAA y los Ayuntamientos no son un contrapeso

Según AIReF, estas desviaciones no pueden ser absorbidas por la buena marcha de las cuentas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que podrían cerrar con un déficit del 0,3% del PIB, una décima por debajo del objetivo, y los ayuntamientos, que mantendrán un superávit del 0,6% del PIB. Solo Extremadura, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia podrían integrar la lista negra de los incumplimientos, aunque se contemplan riesgos moderados o altos de incumplimiento de la regla de gasto en trece comunidades.

Fuentes de AIReF señalan que antes de que se desarrollara la negociación presupuestaria, las cifras parecía difíciles de cumplir por el lado de los gastos y que, una vez aprobadas las cuentas con las modificaciones introducidas, las posibilidades se han alejado mucho más.