El ex presidente de la Generalitat catalana y ahora fugado de la Justicia tras el proceso independentista ilegal de 2017, Carles Puigdemont, remitió el pasado jueves una extensa carta a los eurodiputados en la que, con un tono entre amenazante y admonitorio, concluía que "todo se sabrá" en alusión al PP tras denunciar que, de haber apoyado la investidura de Alberto Núñez Feijóo, los jueces no intentarían acusarle de terrorismo ni de vínculos con Rusia. Ahí dejó la pelota botando, expuesta a todo tipo de especulaciones respecto a si los populares le ofrecieron alguna contrapartida a cambio de su apoyo parlamentario.

Desde Génova se ha venido insistiendo en que rechazaron de plano concederle la amnistía, como sí ha hecho Pedro Sánchez a cambio de 7 votos, pero que tampoco hubo ningún otro tipo de contraoferta, por ejemplo, el indulto. Ahora bien, desde el entorno de Alberto Núñez Feijóo, asumen que esta medida de gracia sí es constitucional, aunque debe concederse siempre y cuando se cumplan unas condiciones que tampoco se dieron con los nueve condenados por el Tribunal Supremo en 2019, con Oriol Junqueras al frente de los cabecillas del procés afirmando que esa medida de gracia era una muestra de la "debilidad" del Estado.

Significa que en el primer partido de la oposición no desechan una medida como la del indulto, ni siquiera para Puigdemont, pero siempre y cuando haya, primero, un sometimiento a los tribunales de Justicia, esto es, que el fugado vuelva a España, comparezca ante el Supremo para ser juzgado y condenado llegado el caso. Que, además, asuma de forma explícita la Constitución y la ley y luego solicite, personalmente el indulto. Muchos condicionantes, ninguno de los cuales está en la agenda del líder secesionista.

Junts no pidió el indulto ni el PP lo ofreció como contrapartid

Ante el interrogante de qué propuesta hace el PP para lo que se viene definiendo "normalización" o "reconciliación" en Cataluña tras los hechos gravísimos de 2017 y 2019, insisten siempre en el "cumplimiento de la ley", pero el indulto, "que podría haber sido una salida, no se planteó" por parte de nadie.

En todo caso, esta medida de gracia, que es prerrogativa del Gobierno, "nunca sería a cambio de una investidura", aseveran en el PP, y tampoco la pusieron sobre la mesa los interlocutores de Junts, esto es, Albert Batet, presidente del grupo parlamentario  y Josep Rius, portavoz del partido independentista además de estrechos colaboradores del fugado. Ambos se reunieron el pasado verano con el portavoz de los populares en el ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

Siempre ha quedado en el aire si hubo interlocución a más alto nivel en la que participara el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, quien negó haberse visto en ningún momento con el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Sí plantearon los independentistas la amnistía y del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, tanto para hacer posible la investidura de Feijóo como para elegir a Cuca Gamarra presidenta del Congreso de los Diputados. Y ambas peticiones, admiten en el PP en un detalle que es nuevo, "se estudiaron 24 horas" para concluir que la amnistía "era contraria a la Constitución y al derecho europeo". Con ese estudio exprés "constatamos y argumentamos de manera sólida en términos jurídicos nuestra negativa" a ir por un camino que reventaba las costuras de la Carta Magna. Finalmente, Sánchez se quedó en Moncloa y la socialista Francina Armengol es la tercera institución del Estado.

Génova admite que es difícil demostrar los vínculos de Puigdemont con el terrorismo

Lo cierto es que, desde que se produjeron dichos contactos, la situación no ha hecho más que enredarse para el expresidente de la Generalitat. Las sospechas del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre si los hechos violentos de entonces son constitutivos de un delito de terrorismo en el que él estaría en el "vértice", son compartidos por una abrumadora mayoría de la junta de fiscales del Supremo. Además, el juez Joaquín Aguirre ha prorrogado la causa de los vínculos del entorno de Puigdemont con Rusia.

No obstante, en el PP creen que existen "dificultades" para demostrar la relación del huido de la justicia con el terrorismo, "aunque queremos que se investigue", apostillan. Precisamente, Feijóo se refirió este sábado desde Sarriá (Lugo) a las afirmaciones tajantes de Sánchez -asegurando aquello de que "como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe (sic), el independentismo catalán no es terrorismo, no lo es"-, replicando que "no soy como Sánchez, no soy ni pretendo ser juez". Por lo tanto, "no me atrevo a calificar los delitos de terrorismo", pero pide autonomía para que se pueda seguir esta línea de investigación sin injerencias del Gobierno sobre la justicia.

Con unas intervenciones muy pegadas a la actualidad política nacional, dejando que sea el candidato a la Xunta, Alfonso Rueda, quien hable de cuestiones regionales, el líder del PP lanza un exhorto: "A los que piden amnistía, les pido que se sometan a las leyes; a los que insultan a los jueces, les pido que les dejen hacer su trabajo; a los que critican a los fiscales, les pido que les dejen trabajar; a los que piden indultos, que verbalicen el arrepentimiento; y a los que se fugaron, que regresen a España y se pongan a disposición de los jueces".