Sánchez debe afrontar un ajuste de 14.000 millones mientras mantiene su agenda social

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostraba el pasado viernes aparentemente tranquila, pese a que una inusual unión de fuerzas entre Unidos Podemos, Ciudadanos y el PP fundamentalmente había tumbado la senda de déficit negociada con Bruselas, que daba más margen de gasto al Gobierno para financiar su agenda social y, según corre por los mentideros ‘populares’, su campaña electoral.

La diferencia es de bulto. Mantener la actual senda de consolidación implica que este año habrá una desviación sobre los objetivos previsiblemente de cinco décimas del PIB, hasta el 2,7% (el objetivo pactado para hacer converger exigencias y realidades), y el año que viene habrá que hacer un esfuerzo cinco décimas superior, equivalente a unos 6.000 millones de euros, hasta el 1,3%.

Pese a todo, Montero no ha dejado de insistir en las últimas semanas en que los Presupuestos para 2019 seguirán su tramitación pase lo que pase y que (aunque tendrá que llevar antes de un mes una nueva propuesta de senda de déficit) las posiciones del Gobierno no van a variar en cuanto a las orientaciones de su política económica: el objetivo es trasladar la bonanza económica a los ciudadanos haciéndolo compatible con el ajuste fiscal, y todo ello sin subir impuestos ni a la clases medias y bajas ni a las pymes y autónomos.

En todo caso, el pasado viernes dejó para la hemeroteca que el revés sufrido en el Congreso supondrá más estrecheces para las comunidades autónomas y la Seguridad Social, a las que iba destinado el 80% de ese mayor margen de gasto, unos 5.000 millones de euros en total. El Estado, en cambio, apenas notará un menor margen de 1.000 millones de euros.

El verdadero revés

Sin embargo, la realidad es más acuciante, de ahí la bronca que en realidad dedicó Montero a la oposición el pasado viernes en el Congreso de los Diputados. El escenario que se abre a partir de ahora es el de una senda de déficit que, desde la ortodoxia, es irrealizable. Y en esa tesitura sobrevuela ahora la duda sobre si el Gobierno se lanzará a una carrera de ajustes para cumplir con el deber de consolidación o se mantendrá fiel a su programa hasta donde pueda, lo que parece más previsible.

De cumplirse los pronósticos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el déficit público cerrará este año en el 2,7% del PIB, cinco décimas por encima del objetivo del 2,2%.

Al no alcanzar un acuerdo para ampliar el objetivo previsto para el año que viene del 1,3% al 1,8%, el Gobierno tendrá entonces que hacer un ajuste desde el 2,7% al 1,3%, es decir, de más de 14.000 millones de euros, algo que fuentes del Gobierno admiten que es irreal, pese a que al hablar de estas cuestiones Montero se refiere solo al margen previsto para 2019 y menta solo los 6.000 millones de euros menos de margen que afectan solo a ese ejercicio.

Por tanto, el problema no se circunscribe solo a los 5.000 millones de euros menos que tendrán las comunidades autónomas y la Seguridad Social, ni mucho menos a los 1.000 millones que tendrá que cuadrar el Estado. De hecho, las fuentes consultadas aseguran que ese pequeño ajuste que afrontará la Administración Central puede aplicarse solo con ajustes de partidas.

La cuestión se complica si se tiene en cuenta ese déficit del 2,7% del PIB como punto de partida. En ese abismo que ahora se abre a los pies del Gobierno, algunas de sus promesas quedarán en entre dicho. Un ejemplo, es el compromiso de flexibilizar la regla de gasto para las comunidades autónomas. Fuentes de Hacienda aseguran que esta opción sigue en pie, pero matizan que con menor margen de déficit la posibilidad de ampliar la capacidad de gasto de las comunidades autónomas se reduce drásticamente.

La buena noticia es que la economía sigue creciendo con vigor por lo que el propio ciclo absorberá una parte del déficit, de forma que no todo tendrían que se ajustes ni del lado de los gastos ni del de los ingresos.

La UE es flexible

Con todo, una vez que el Gobierno reduzca el déficit por debajo del 3% del PIB, Bruselas no se fijará tanto en si se cumplen o no a rajatabla los objetivos nominales de déficit. Lo que requerirá ahora son muestras de que el proceso de consolidación sigue siendo sostenido, más allá de lo que pueden ser unas décimas arriba o abajo.

En este nuevo marco, el Gobierno tendrá que asumir la senda más restrictiva de las dos que podía tomar, con un programa que contempla unas políticas de gasto expansivas y financiando este cambio de rumbo a golpe de subidas de impuestos cuya viabilidad en un Parlamento en el que cuenta con 84 diputados es dudosa.

Sin duda, desde la UE se seguirá con atención este doble o nada de Pedro Sánchez.

Porque, aunque la reducción del déficit público por debajo del 3% del PIB marcará la salida del procedimiento de déficit excesivo abierto por Bruselas y el abandono de su brazo corrector, España entrará ahora en lo que se conoce como brazo preventivo.

La consecuencia es que la UE aplicará ahora a España una regla de gasto más restrictiva que la prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria nacional, y un seguimiento estricto del déficit estructural, no ya del nominal, que puede llevar a la exigencia de ajustes sobre el gasto o los ingresos con independencia del ciclo económico.

Es por eso que, en sus últimas recomendaciones específicas a España, del pasado mes de mayo, la UE recomendaba no exceder un gasto público primario del 0,6% en 2019. En lo que se refiere al déficit estructural, Bruselas exigía un ajuste equivalente al 0,65% del PIB en 2019.

Es este el horizonte que se marca el Ministerio de Economía que capitanea Nadia Calviño, ahora que la clave no son las cifras de déficit, sino su engranaje.

Como ya señaló cuando se anunció la pretendida relajación de la senda de déficit, las normas europeas permiten cierta flexibilidad sobre esas exigencias, así que la intención era, al menos en aquel momento, ceñirse a un ajuste equivalente al 0,4% del PIB, que se corresponden con una cifra de 4.470 millones de euros.

“Dentro de estos márgenes, el Gobierno de España toma una aproximación cauta, prudente, que se corresponde con un esfuerzo estructural del 0,4% para el ejercicio próximo”, manifestó. Una vez elaborado el Presupuesto de 2019, Bruselas emitirá su opinión al respecto en otoño cuando valore los borradores presupuestarios de todos los Estados miembros.

La puerta de entrada y la de salida

La puerta de entrada a esta situación son los Presupuestos de 2018. Unas cuentas que ya levantaron la alerta de la AIReF, y que después acabaron por desbordar sus sospechas de incumplimiento del déficit cuando el Gobierno admitió introducir una serie de gastos derivados de su negociación parlamentaria.

La principal, la subida de las pensiones mínimas y no contributivas en un 3%, las de viudedad en un 7%, y, finalmente, el incremento con carácter general del 1,6% para los años 2018 y 2019. Pero no solo eso. También el rescate de las autopistas de peaje, la subida salarial a los funcionarios y, como gasto de última hora, ciertas ayudas a la banca. Todo este paquete de gastos alcanzan los 8.800 millones de euros.

Además, de todas ellas, las partidas más cuantiosas son gastos que se consolidan a futuro. Porque la subida de las pensiones y la de los salarios públicos engrosarán millones de nóminas sobre las que se aplicarán las subidas de los años venideros.

Son esos 8.800 millones de euros los que están detrás de la desviación del déficit del 2,2% al 2,7% del PIB y los que ponen en cuestión de qué manera podrá realizar realizar el Gobierno un ajuste de 4.000 millones de euros el año que viene o de 14.000 millones si se plantea realizar o irrealizable.