El Gobierno aprobará la jubilación anticipada de la Policía Local tras el verano

Los alrededor de 70.000 policías locales de España acariciaban la posibilidad de jubilarse antes de los 60 años en julio de 2017. Los informes favorables de la Seguridad Social estaban listos hacía meses. Solo faltaba que el Ministerio de Hacienda, que dirigía con mano firme Cristóbal Montoro, diera el visto bueno al Real Decreto que desarrollaría esta excepción suscribiendo su viabilidad económica. Después, solo sería cuestión de tiempo; la norma iría al Consejo de Estado y de allí definitivamente al Consejo de Ministros.

Pero solo faltaba un informe. Eso era lo que se decía tras cada reunión de los sindicatos con el anterior Gobierno, incluso en una que fue clave, en julio de 2017, hace ya un año, en la que el ex secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, llegó a plantear que la cosa quedaría zanjada en cuestión de días.

Pasaron los meses, el borrador del Real Decreto, del que informó este periódico, estaba preparado. Las dos plataformas representativas de la policía local -PSPL y la Plataforma Nacional por el Anticipo de la Jubilación Anticipada- se impacientaban y promovieron una oleada de movilizaciones que culminaron poco antes de la aprobación de los Presupuestos de 2018.

Sobre la bocina, el Grupo Parlamentario Popular introdujo una enmienda en el proyecto de Ley que garantizaba la puesta en marcha de la jubilación anticipada de los policías locales. Solo faltaba el informe de Hacienda.

Pero entonces llegó la moción de censura que catapultó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, eso sí, con los Presupuestos de 2018 elaborados con el PP prácticamente intactos.

Se vislumbra el final

Después de casi dos meses de mandato, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se ha reunido ya dos veces con los sindicatos y asociaciones de la policía local, la última este mismo martes, y ha expuesto el estado de la situación: el informe de Hacienda nunca existió y hay que ponerse a hacerlo.

No había tal informe, solo era de carácter verbal, y el anterior ministerio de Empleo no desbloqueó el Real Decreto, lo que habría llevado a un enfrentamiento con Montoro, según fuentes presentes en la reunión.

¿Por qué no hay informe? La clave a fin de cuentas es que los técnicos de Hacienda planteaban una cuestión que a ojos de los sindicatos y del actual Gobierno no era legal. Desde la Secretaría General Técnica y Presupuestaria del Ministerio de Hacienda se planteaba que para alcanzar el derecho básico para aplicar coeficientes reductores para acogerse a la jubilación anticipada de la Policía Local, estos deberían cotizar 30 años como mínimo dentro del cuerpo, según fuentes sindicales.

Los técnicos de Hacienda se sustentaban en que era preciso equiparar a los policías locales con las clases mutualistas de colectivos como la Policía Nacional, la Guardia Civil o los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), que, en efecto, deben ceñirse a ese límite de 30 años de servicio antes de jubilarse de forma prematura.

Sin embargo, los sindicatos de la Policía Local reivindicaban que sus plantillas cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social, que se rige por el Real Decreto 1698/2011, que establece el procedimiento al que debe sujetarse todo expediente administrativo para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación, y que establece como tiempo de cotización exigible los 15 años.

Según precisan las mismas fuentes, “esta situación generó que desde el anterior Gobierno no se reclamase un informe de ese calado porque supondría a posteriori una resolución negativa del Consejo de Estado al contenido del futuro Real Decreto”. La consecuencia fue un bloqueo de meses.

La nueva fecha, septiembre de 2018

El nuevo Gobierno ha dibujado este panorama tras tener acceso al expediente y se ha comprometido a tratar de tener listo el Real Decreto de jubilación anticipada de los policías locales en cuanto haya una resolución positiva del Consejo de Estado, al que se trasladará el documento en los primeros días de septiembre. A partir de ahí, las fuentes consultadas hablan de un plazo de entre uno y dos meses.

Hasta entonces, el Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, remitió la pasada semana un informe a la Dirección de Presupuesto y Hacienda con la memoria económica del expediente, en el que certificaba que no suponía un sobrecoste para el sistema.

Además, está previsto que estos días solicite un informe pertinente a la secretaría de Estado de Política Territorial y se enviará otro a Sanidad para informar del impacto que tendrá el Real Decreto en el conjunto de la profesión.

Será en el mes de agosto cuanto Trabajo solicitará al Ministerio de Hacienda el informe que nunca existió, una vez desarrolladas una serie de reuniones para consensuar las posiciones que lo sostendrán y en el que se aparcará la propuesta de limitar a 30 años el tiempo mínimo de servicio exigido Mientras tanto, no hay cambios en la redacción del Real Decreto.