El campo se encuentra en una encrucijada. Las protestas de agricultores y ganaderos son una muestra de que estamos ante un fallo sistémico sin precedentes del actual modelo agroalimentario, incapaz de dar respuesta a urgentes retos económicos, sociales y ambientales. Entre ellos, la subida imparable del precio de los alimentos, sin que beneficie necesariamente a los productores, y de los costes de producción.
El sistema agroalimentario actual es cada vez más global, complejo e interdependiente y, a la vez, más vulnerable al cambio climático y a las diferentes crisis a las que nos enfrentamos (pandemias, conflictos bélicos o incremento de los costes, entre otros). Este modelo fomenta una agricultura y ganadería industrializada basada en combustibles fósiles e insumos químicos, como plaguicidas y fertilizantes, el consumo excesivo de un agua cada vez más escasa, empleo de mano de obra precarizada o de materias primas baratas importadas de terceros países, que no siempre cumplen los mismos requisitos legales que se exigen a nuestras producciones.
El 20% de los grandes agricultores, en muchos casos empresas agrarias industriales a gran escala, reciben el 80% de las ayudas de la PAC
En este contexto, pierde en especial la agricultura y ganadería ecológica familiar. Fincas de alto valor social, que producen alimentos cuidando de las personas y de la naturaleza, terminan abandonado su actividad por la falta de apoyo público adecuado. Actualmente, el 20% de los grandes agricultores, en muchos casos empresas agrarias industriales a gran escala, reciben el 80% de las ayudas de la PAC, mientras la mayoría de las explotaciones de pequeño o mediano tamaño, a menudo de carácter familiar, perciben poco o nada. Y, además, compiten en desigualdad de condiciones con producciones industriales low cost, en un mercado no diferenciado, que prima el precio frente a la sostenibilidad.
Frente a esta realidad hacemos autocrítica, pero también pedimos honestidad a la clase política y a determinados representantes del agro, para evitar el discurso de confrontación y las falsas dicotomías. En especial aquella que promulga que, para salir de la encrucijada actual, hay que escoger entre economía y ecología. Conservar el patrimonio natural y adaptarse al cambio climático es una cuestión de supervivencia, no se pueden producir alimentos al margen de la naturaleza. Y por supuesto, necesitamos compromiso por un futuro sostenible y justo para el campo que debemos construir entre todos en alianza con organizaciones agrarias, de consumidores y mujeres rurales. Es decir, desde todos los ángulos que conforman el sistema alimentario.
Nos preocupan las posiciones maximalistas, desde la crispación, que pretenden dar soluciones simples a problemas complejos como este y los intentos de cargar el peso de la culpa de la situación del campo sobre las políticas ambientales. Frente a ello, para alentar un debate fructífero y contribuir a la resolución de este problema, desde WWF planteamos varias propuestas que, puede que no sean exhaustivas o perfectas, pero que buscan contribuir al diálogo y al compromiso para lograr que las personas que trabajan el campo respetuosamente tengan un precio justo por sus producciones, una calidad de vida digna y avancemos hacia una transición verde y justa para el sector agrario, que no deje a nadie atrás.
Conservar el patrimonio natural y adaptarse al cambio climático es una cuestión de supervivencia, no se pueden producir alimentos al margen de la naturaleza
Es necesario una distribución más justa de los fondos de la Política Agraria Común apoyando a los agricultores con dificultades. Pero también se requiere una acción público- privada para evitar prácticas desleales en la cadena alimentaria y un mayor compromiso, incluso financiero, de la industria y la distribución alimentaria con el aprovisionamiento local de materias primas y alimentos sostenibles. También es fundamental que las importaciones agrarias cumplan las mismas normas de sostenibilidad, salud, bienestar animal y seguridad que las vigentes en la UE para evitar la competencia desleal.
Reducir un 50% el uso y riesgo de plaguicidas en la producción de alimentos es una medida necesaria por su toxicidad e impactos negativos en la salud de las personas y el medio ambiente. También, promover una implantación ordenada y responsable de las energías renovables, priorizando las zonas urbanizadas e industrializadas, evitando zonas ambientalmente sensibles.
Y por supuesto, si no garantizamos una vida digna en los pueblos con servicios públicos de calidad (sanidad, educación, transporte, etc.) no habrá un futuro por el campo ni el tan necesario relevo generacional.
Desde WWF seguiremos trabajando porque se reconozca la valía de los y las profesionales del medio rural. También por un diálogo constructivo, despolitizado y libre de prejuicios que nos permita asegurar, de una vez por todas, un futuro para el campo.
Celsa Peiteado es responsable del programa de Alimentos de WWF
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