En España hay vehículos con licencia VTC circulando desde hace muchos años. Era, y todavía es, habitual que hoteles o empresas dispusieran de coches de este tipo para transporte de directivos o para hacer las veces de enlace entre el alojamiento y el aeropuerto. El surgimiento y posterior popularización de plataformas como Uber y Cabify, sin embargo, han derivado en un conflicto que ha llevado a los taxistas a bloquear Madrid y Barcelona.
Ambas partes, el sector del taxi y el frente VTC, están muy lejos y le toca ahora al Gobierno hacer las veces de mediador. Esta misma semana los dos bandos pasarán por el Ministerio de Fomento para trasladar su punto de vista el secretario de Estado de Transporte, Pedro Saura, y esperar la decisión de la Conferencia Nacional de Transporte, que se reunirá este mismo miércoles para intentar encontrarle una solución a un enfrentamiento cada vez más recrudecido.
- ¿Cuál es el origen del conflicto?
Uber desembarca en Barcelona en el año 2014 con su servicio UberPop -diferente al UberX actual- con una estrategia de crecimiento y expansión tremendamente agresiva. La legislación no estaba preparada para algo así y el sector del taxi, en un preludio de lo que ahora vivimos, decidió llevar a la compañía estadounidense a los tribunales. La Justicia de Cataluña trasladó dicha demanda a las autoridades continentales que paralizaron UberPop y provocaron su salida de Barcelona. Era el germen de un choque que siempre ha tenido la Ciudad Condal como gran campo de batalla.
- ¿Cómo llegan a España Uber y Cabify?
Tras la chapuza de UberPop, un servicio al estilo estadounidense que permitía a cualquiera ser conductor de Uber con su coche particular y unas horas al día, Cabify aprendió lo que no había que hacer y cuál no era el camino. Así que aprovechó las licencias VTC, por entonces sencillas de conseguir y muy baratas en relación a una licencia de taxi, para crecer poco a poco. Uber, por su parte, no regresó a Madrid, con ese mismo sistema, en marzo de 2016 y volvió a operar en Barcelona en el mismo mes de este año.
- ¿Cómo se consigue una licencia VTC y cuántas hay?
Una autorización de alquiler de vehículos con conductor, conocidas como VTC, es un permiso para prestar los servicios que realizan actualmente empresas como Cabify o Uber. Actualmente su concesión está paralizada, pero no eran especialmente difíciles de conseguir. De hecho, es bastante más sencillo y más barato que hacerse con una licencia de taxi, conductores a los que la ley exige no tener, por ejemplo, antecedentes penales, una condición que no se exige a los solicitantes de una VTC. En la Comunidad de Madrid bastaba con presentar una solicitud a través de la página web, tener domicilio fiscal en España y haber nacido aquí o en algún Estado miembro de la Unión Europea. Según datos de Fomento, en España hay poco más de 7.000 licencias VTC, por casi 65.000 de taxi.
- ¿Cómo se ha llegado a este punto?
La guerra del taxi estaba en un punto muerto hasta hace apenas unas semanas. El Tribunal Supremo dio la razón a los taxistas y mantuvo la famosa proporción de 30 taxis por cada VTC y parecía que la calma había llegado a las calles. Sin embargo, la luz verde al conocido como decreto Colau, aprobado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y su posterior paralización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han provocado los paros y el bloqueo actual.
- ¿Qué es el decreto Colau?
A principio de este mes de julio el Área Metropolitana de Barcelona aprobó un decreto que obligaba a los poseedores de una licencia VTC a solicitar un nuevo permiso para operar en Barcelona. Esta segunda autorización sería concedida, o no, por el Instituto Metropolitano del Taxi, que podía de esta forma controlar a su antojo la flota de Cabify y Uber en Barcelona sin ningún tipo de problema. Esta normativa, suspendida cautelarmente, fue aprobada con los votos de la formación de Colau, PDeCAT, ERC, el PSC y la CUP, y con la abstención de Ciudadanos y PP.
- ¿Por qué el TSJC suspendió esta normativa?
Dos semanas después de su aprobación, el decreto Colau quedó congelado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que admitió un escrito presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y un recurso presentado por Fomento, que ha provocado el cese del responsable de transportes terrestres por, según el departamento de Ábalos, actuar por cuenta propia. Según el regulador, el AMB no tiene las competencias para pedir una licencia extra a los vehículos VTC alegando que esa es una responsabilidad que pertenece al Estado y al Ministerio de Fomento.
- ¿Por qué convocan huelga los taxistas?
La decisión del TSJC fue un jarro de agua fría para los taxistas, que todavía estaban celebrando el decreto Colau y lo que eso podría suponer en otras ciudades. Los taxistas madrileños, valencianos o murcianos se han sumado a la huelga con la esperanza de conseguir normativas similares en sus ciudades. El mismo día en el que se hizo pública dicha medida, el pasado jueves 19 de julio, representantes del sector mantuvieron una reunión con el portavoz de Fomento en el Congreso de los Diputados, César Ramos Esteban, en medio de un "clima tenso" por la "falta de rigor y compromiso con las conversaciones anteriores". Tras ese encuentro decidieron convocaron una huelga de 48 horas que, en teoría, tendría lugar los días 25 y 26 de julio.
- ¿Qué piden los taxistas?
Además de las habituales demandas de los taxistas en este conflicto, sus principales reclamaciones se pueden resumir en cuatro puntos. El primero, el más importante para ellos, es que el Gobierno transfiera las competencias en materia de VTC a las Comunidades Autónomas, algo que también ha solicitado la Generalitat. Consideran que su capacidad de presión contra un Ejecutivo autonómico es mucho mayor que la que pueden ejercer ante el estatal. Además, piden cambios en el reglamento de Transporte, la congelación de nuevas licencias y que se materialice la web de registro y control de estos vehículos que se aprobó a finales del año pasado. Todo esto se lo van a trasladar al secretario de Estado de Transporte, Pedro Saura, en la reunión que mantendrán en Fomento este mismo lunes.
- ¿Qué reclaman las VTC?
Unauto, patronal de las empresas VTC, Uber y Cabify se encontrarán con Saura este martes para realizar sus demandas. Por supuesto, piden seguir operando con normalidad y, como ya han hecho en otras ocasiones, trasladarán al Ejecutivo la necesidad de que les garanticen la seguridad de sus trabajadores y vehículos. El frente VTC, que ha vivido algunas disputas internas, ha entendido que necesitan unidad para afrontar el momento más crítico de su existencia en España.
- ¿Qué va a hacer el Gobierno?
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha encontrado con un importante conflicto, si bien heredado, sobre su mesa. El papel de su departamento, que también se posicionó frente al decreto Colau aunque posteriormente retirara el recurso, ha provocado las iras de los taxistas, que veían la llegada del PSOE al poder como una puerta abierta para ganar la batalla en los despachos. Este miércoles se reunirá la Conferencia Nacional de Transporte, a petición de Ábalos, para estudiar la posibilidad de cumplir las demandas del taxi y transferir a las Comunidades Autónomas las competencias, que ya hacían este papel en la práctica por delegación del Ejecutivo central.
- ¿Puede el Ejecutivo transferir esta competencia a las Comunidades Autónomas?
Sí, pero no va a ser fácil. Ábalos ya ha advertido de que debe hacerse con un "amplio consenso" ya que una decisión así tendría que tomarse con una ley orgánica y sería necesaria una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El Gobierno necesitará entonces 176 votos a favor, por lo que tendrá que sumar apoyos a sus 84 escaños. Con los 67 síes garantizados de Podemos, muy cercanos al taxi, y los nueve que aportará ERC, la cuenta se queda en 160 votos, a 16 del número mágico. La clave estará en arañar alguno de los 19 del grupo mixto o los cinco que tiene PNV, pues no parece probable que Ciudadanos y PP, que suman 166, sumen sus escaños.
- ¿Cómo se puede desbloquear el conflicto?
Los taxistas no han dado demasiadas opciones y ya han anunciado que si no se cumplen sus demandas mantendrán la huelga indefinida, y amenazan incluso con paralizar infraestructuras clave como el puerto de Barcelona o bloquear la frontera con Francia. El Gobierno está abocado a recabar apoyos y obligar a los grupos parlamentarios a posicionarse en un conflicto que se puede prolongar en el tiempo para perjuicio de ambas partes.
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