La fiscalía anticorrupción no apoya la imputación del Banco de España en el ‘caso Bankia’ que ha sido solicitada por Andrés Herzog en representación de la confederación intersindical de crédito por considerar que el órgano regulador no es responsable de la contabilidad de esta entidad sino que es el auditor el encargado de velar por la veracidad de las cuentas, según han informado fuentes jurídicas.

Herzog ya solicitó esta medida el pasado mes de julio, pero fue rechazada por el juez Fernando Andreu y ratificada por la sala de lo penal el pasado mes de octubre. Este abogado ha vuelto a solicitar la imputación de los responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que salieran a la luz cuatro correos electrónicos de un exjefe de inspección del órgano regulador en el que se mostraba en contra de la salida a bolsa de Bankia.

Negativa del juez

Andreu se negó a imputar a los responsables de los organismos supervisores en un auto en el que tildó de “impertinente, inútil e infundada” esta petición. El togado explicó entonces que acusar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex Gobernador del Banco de España, y a Fernando Restoy, ex vicepresidente de la CNMV, era tanto como suponer que “todos los funcionarios” de estos organismos habían participado “de forma consciente, voluntaria y materialmente” en las pérdidas de los accionistas por la salida a bolsa de Bankia.

Además, apuntó que la imputación solo se podría llevar a cabo si se acreditara que el Banco de España y la CNMV “habían pretendido causar voluntariamente el perjuicio que sufrieron los inversores” dentro de un plan “delictivo acordado” con los gestores de Bankia de tal modo que “desde sus cargos públicos” mantuvieran “una calculada inacción”. El juez señaló que “esta elaboración fáctica es inverosímil”.

Nuevos correos electrónicos

Sin embargo, Herzog sostiene que ahora ha encontrado la vía para acreditar este plan después de que se hayan incorporado a la causa cuatro emails de José Casaus, ex jefe del Banco de España, en los que alertaba a sus superiores del “desastre” de la salida a bolsa de Bankia y de “la socialización de las pérdidas”.

Fuentes judiciales han explicado las dificultades jurídicas para tipificar el perjuicio causado a los accionistas por la salida a bolsa de Bankia en esta investigación. Estas fuentes explican que, en principio, esta actuación se puede encuadrar en un delito de falsedad pero, en este punto, el propio Casaus reconoció que en las cuentas “había información suficiente para calibrar el quebranto del banco”.

Responsabilidad política

Sin embargo, más complicado es acusar a los ex gestores del banco de un delito de estafa por haber optado por sacar el banco a bolsa en vez de por pedir la nacionalización del mismo. Esta decisión no fue solo económica sino también política y en ella intervinieron además del Banco de España y de la CNMV, el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la entonces ministra de Economía Elena Salgado.

La decisión de intervenir el banco fue tomada en el 2012 por el equipo del actual ministro de economía Luis de Guindos después de que la entidad no mejorara sus resultados que se vieron agravados por la crisis económica del 2011 y que supuso una inyección de capital de 20.000 millones de euros.

Las consecuencias del fin de la instrucción

El Frob, que es el dueño del banco, ha preferido dejar la decisión en manos del juez. Andreu ya adelantó en julio que su instrucción está a punto de concluir. Este paso tendrá consecuencias, ya que el auto de apertura de juicio oral permitirá a las grandes empresas reclamar el dinero que invirtieron para que Bankia saliera a bolsa. Unas peticiones que pueden desequilibrar, de nuevo, las cuentas del banco, que ya está haciendo frente a las reclamaciones de los pequeños inversores.