A 24 horas de conocerse el resultado de las elecciones en Galicia, el Ministerio de Justicia sacó de un cajón un documento que tenía en su poder desde el 29 de diciembre para filtrarlo a algunos medios con el objeto de echar un poco de humo sobre el batacazo del Partido Socialista y poner otra vez bajo el foco el debate sobre la amnistía.

Me refiero a la respuesta de la Oficina Federal de Justicia Suiza (que no es un órgano judicial, sino un departamento del Ministerio de Justicia helvético) a la petición de información del juez Manuel García Castellón sobre el paradero y las cuentas de la ex dirigente de ERC Marta Rovira, sobre la que el magistrado español sostiene que hay indicios de que colaboró con Tsunami Democràtic.

En el documento filtrado, la Oficina Federal de Justicia deniega la información requerida por el magistrado de la Audiencia Nacional argumentando dudas sobre los indicios de terrorismo que García Castellón ve en Rovira y porque, esto es lo más grave, considera que el caso Tsunami tiene un "carácter político".

El alborozo del Gobierno y sus socios era palmario al ver publicado este documento. La alegría de los independentistas se entiende; hay alguien que les da la razón, nada menos que Suiza, el paraíso del chocolate y del secreto bancario. La del Gobierno no tiene explicación lógica.

En primer lugar, debería causar sonrojo que un órgano gubernamental extranjero opinara si unos hechos son o no delito, cuando el caso lo instruye la justicia española. En segundo lugar, la doctrina Suiza sobre la motivación política es más que dudosa. De hecho, no tiene aplicación en los países de la Unión Europea.

La "motivación política" de un delito esgrimida por Suiza para denegar la información sobre Marta Rovira implica que en España hay un déficit democrático

La teoría de la "proporcionalidad" o test suizo fue establecida en 1908. En resumen: si existe una motivación política, no se puede llevar a cabo la extradición y tampoco proporcionar información sobre el investigado al país que lo solicita. Al autor le basta con probar que ha cometido el posible delito durante un conflicto político (pongamos por caso el procés) para eludir la extradición. Incluido por delito de terrorismo, siempre y cuando no implique muertes o daños muy graves.

Pero, como señala el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, uno de los mayores expertos de nuestro país es estas lides: "No puede equipararse el ataque a las instituciones de un país democrático o con la finalidad de subvertir su orden constitucional con los actos cometidos contra estados de naturaleza autoritaria, por más que en ambos casos la motivación sea política".

Si admitimos que la Oficina Federal de Justicia Suiza tiene razón, estamos dando por buena la tesis fundamental del independentismo: que hubo un conflicto político que justificó los hechos del 1-0 y los posteriores de 2019 (Tsunami). Es decir, estamos admitiendo que en España existe un déficit democrático.

Desde que España denegó la extradición a Suiza del financiero Hervé Falciani (solicitada en 2013 y, posteriormente, en 2018), este país deniega por sistema la extradición a España de posibles delincuentes. La Justicia española, en respuesta, ha denegado cuatro extradiciones a Suiza en los últimos dos años.

Hay, por tanto, una situación de bloqueo que dificulta la colaboración entre los gobierno de ambos países. Eso explica muchas cosas.

Lo que no tiene explicación es que se den por buenas esas tesis humillantes sin ponerles una pega. Todo por aprovechar de forma oportunista un escrito que supuestamente da la razón a las tesis del Gobierno y a sus beneficiarios sobre la amnistía.