El titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado este miércoles al empresario Juan Carlos Cueto, el presunto 'cerebro' detrás del entramado empresarial por el que se blanqueó supuestamente el dinero de la adjudicación de mascarillas a través del Ministerio de Transportes que dirigía en 2020 José Luis Ábalos. Por su parte, el jefe de operaciones de Comercial Cueto Internacional C.A.P. reconoce en la red social de trabajo Linkedin los trabajos de la compañía durante la pandemia.
Según se puede encontrar en estas fuentes abiertas, el trabajador lleva vinculado al grupo Cueto 15 años, desde 2009 bajo el cargo de "responsable de logística en África Austral. Este empleado destaca entre los proyectos de los que ha formado parte un "corredor aéreo Madrid-Shenzhen-Madrid, con un centro logístico de estocaje, inspección y despacho en origen Shcenzen, China". Lo curioso es que ninguna de las adjudicaciones de mascarillas que partieron del Ministerio de Transportes fueron a parar a ninguna sociedad de Cueto, sino que la adjudicataria por contratos de unos 53 millones de euros fue Soluciones de Gestión, cuyo responsable es Víctor de Aldama. Otro de los principales investigados junto a Koldo García (asesor de Ábalos) a quien las pesquisas ubican como "conseguidro".
Pero la Fiscalía Anticorrupción ha tirado del hilo hasta encontrar que el dinero que se llevó Soluciones de Gestión terminó yendo a parar a sociedades del entramado de Cueto. Este trabajador lo reconoce a través de su descripción en la red social. Habla de una labor entra "marzo-junio 2020" --precisamente el periodo en el que se adjudicaron los contratos millonarios-- y menciona al cliente: "Gobierno de España". Él se dice en la labora de "supervisión de proyectos".
Además, otros trabajos de los que habla están en Angola como la "construcción, funcionamiento y mantenimiento" de una central términca flotante para el Gobierno de Angola. Nada desdeñable este dato, puesto que precisamente Juan Carlos Cueto ha estado involucrado en otra causa de la Audiencia Nacional por el desvío y apropiación de fondos en los contratos de suministros de material policial para Angola.
Una empresa de salarios
El grupo Cueto es un conglomerado empresarial compuesto al menos por 7 sociedades de la familia Cueto Martín. Anticorrupción señala que tienen dos etapas en su actividad: la primera, desde su creación hasta 2018, época marcada por su actividad en países de África; y la segunda, desde 2018 hasta 2021 donde el grupo continúa siendo partícipe de las decisiones de Soluciones y Gestión.
Está registrada como una sociedad que opera en el sector de automoción y ha generado menos ingresos, incluso llegando a pérdidas, una vez superada la pandemia. En apenas dos años ha perdido casi la mitad de facturación. En 2020, coincidiendo con la llegada del Covid, llegó a facturar 1,8 millones de euros, de acuerdo a la información de Insight View.
En lo que se refiere a las ganancias, el año de la pandemia 2020 dispararon su beneficio neto hasta los 230.000 euros, mientras que en 2021 la sociedad incurrió en pérdidas por valor de un millón de euros, según el Registro consultado por El Independiente.
Llama poderosamente la atención, a pesar de los malos resultados cosechados, el importe anual destinado a los salarios, más aún teniendo en cuenta los pocos trabajadores que tiene dado de alta Cueto SL. Según sus cuentas, en los últimos tres ejercicios destinó un total de 1,1 millones de euros a pesar de tener solo siete asalariados en nómina. Es decir, que casi la mitad de ingresos que la compañía recibía se evaporaban para el pago de sueldos.
Ninguna foto
A pesar de que el empresario ha liderado otras tramas de corrupción como el 'caso Defex' por el que declaró en la Audiencia Nacional y el juez Pablo Ruz ordenó su detención en 2014, no hay ni una solo foto de él en los archivos. El público no conoce su cara y por eso (y por la obvia expectación de este bautizado 'caso Koldo') habrá hoy varios fotógrafos postrados en la sede judicial a la espera de saber si Cueto saldrá por su propio pie como el resto de imputados o ingresará en prisión provisional.
La empresa familiar era, en realidad, la que controlaba Soluciones de Gestión y Apoyo, que fue la que facturó más de 53 millones de euros de contratos de mascarillas de Transportes, el Misniterio del Interior y los gobiernos autonomicos de Canarias y Baleares.
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