La juez del máster de Casado y la inversión de la carga de la prueba

Carmen Rodríguez-Medel es doctora en Derecho. Y se nota. Su exposición razonada está bien construida, incluso bien escrita, lo que no suele ser habitual. La titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid es consciente de la trascendencia de su decisión de elevar al Supremo la investigación sobre el presidente del PP y ha elaborado un texto en el que más que una exposición de indicios lo que hay es un relato de convicciones.

Aunque la juez no ha tomado declaración a Pablo Casado (no puede hacerlo, al ser éste aforado) ha utilizado sus manifestaciones en medios de comunicación o en ruedas de prensa para poner en duda su credibilidad. He aquí algunos ejemplos:

1º No da crédito a la afirmación de Casado de que entregó los trabajos del máster en mano. "Parece sorprendente que, no acudiendo nunca a clase, así lo hiciera", ironiza en su escrito.

2º Pone en cuestión lo declarado en relación a Enrique Álvarez Conde, sobre el que Casado dijo que "apenas debió ver en alguna ocasión excepcional". "Surge entonces la duda de quién le corregía los trabajos", deduce Rodríguez-Medel.

3º Echa por tierra el argumento de Casado de que lo que él hizo "era coherente con la oferta pública que se hacía en este postgrado", al replicar que "con la mera lectura del folleto se puede comprobar que no es así, que el mismo diseñaba un curso presencial".

4º Desmonta el razonamiento de que "era un estudiante anónimo y veinteañero" arguyendo que en el momento en el que hizo el máster era "diputado de la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones".

Es decir, la titular del juzgado 51 ha usado lo dicho por Casado no en sede judicial para dejarle en evidencia. Convierte, de hecho, sus declaraciones en un elemento de prueba para avalar el criterio de que debe ser imputado por el Supremo.

El escrito de Rodríguez-Medel es un relato de convicciones: no sólo cree que ha cometido dos delitos, sino que ha mentido en sus declaraciones públicas

Rodríguez-Medel ve indicios de dos posibles delitos para la imputación del líder del PP: prevaricación administrativa y cohecho impropio. Éste último delito estaría prescrito, pero la juez sostiene que está "en concurso medial con el de prevaricación administrativa", cuya prescripción no se produce hasta los diez años. Es decir, que un delito no se entiende sin el otro. En definitiva, que la "calificación de asignaturas sin mérito académico" (prevaricación administrativa) sólo se entiende por ser el medio "para otorgar la dádiva, es decir, el Máster", expone la juez.

Por tanto, si no existiera el primero, no existiría el segundo. La prevaricación administrativa está muy clara como indicio delictivo en el caso del director del máster y de los profesores que colaboraron en el supuesto chanchullo académico. Pero, ¿y en el caso del que recibe la supuesta dádiva? La juez da por hecho que Casado sabía que otros alumnos eran tratados de forma diferente y que, desde el momento en el que pagó las tasas, era consciente de que formaba parte de un grupo de "elegidos" que obtendrían el título sin ni siquiera asistir a clase.

La juez duda incluso de que Casado hiciera los trabajos que éste expuso en rueda de prensa y que sirvieron para la obtención de los 20 créditos por las asignaturas que no le fueron convalidadas. Le pone ante la tesitura de tener que demostrar que dice la verdad, que no miente, cuando debería ser al contrario.

Por lo que se refiere al delito de cohecho impropio resulta difícil de argumentar de qué forma podría Casado, desde su puesto de diputado recién elegido de la Asamblea de Madrid o desde su cargo en Nuevas Generaciones, compensar a Álvarez Conde por la "dádiva" del máster. A no ser que el director del Instituto de Derecho Público tuviera una cualidad prospectiva o adivinatoria sobre la trayectoria política de su alumno.

La juez no sólo ha dejado al jefe de la oposición a las puertas del banquillo, sino que ha socavado su principal activo como político: su credibilidad. De su escrito se trasluce que Casado ha mentido en sus apariciones públicas. Y eso, para alguien que pretende ser presidente del gobierno, es aún más grave que el hecho de haber conseguido un título por la cara; o, como sostiene Rodríguez-Medel, por el cargo.

Ese daño al crédito del líder del PP ya está hecho. Hasta que el Supremo archive o dictamine, Casado cargará, gracias al escrito de la titular del juzgado 51, con el estigma de haber mentido, razón última de la dimisión de Cristina Cifuentes.