Llarena no está solo: jueces, fiscales y oposición contra el Gobierno

La postura adoptada por el Gobierno sobre la demanda civil presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena no ha sido bien acogida por parte de la judicatura y la oposición. Los primeros creen que lo que está en juego no es la honorabilidad del magistrado del Tribunal Supremo, sino la integridad de la jurisdicción española. Y los segundos ya han anunciado acciones en defensa del juez (en el caso del PP) y la comparecencia inmediata en el Congreso (en el caso de Ciudadanos).

El Ministerio de Justicia dejó claro que solo se personará en el procedimiento civil iniciado por Carles Puigdemont y cuatro ex consellers fugados contra Llarena si el juez belga cuestiona la instrucción del procés. "En ningún caso", subrayó Justicia, actuará en "defensa" de Llarena por las manifestaciones de carácter privado que se le atribuyen en la demanda.

Una fórmula desacertada, según varias fuentes jurídicas consultadas por Efe, que aseguran que lo que realmente se está cuestionando es la jurisdicción y la soberanía española. Este viernes asociaciones de jueces y fiscales alzaron la voz contra el Gobierno y contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por la falta de amparo del Ejecutivo al juez Llarena después de la demanda civil interpuesta en Bélgica por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros prófugos de la Justicia española. En un comunicado, muestran su “sorpresa ante lo que solo puede calificarse –en este caso- como una clara dejación de funciones por parte del Gobierno de España”.

¿Se puede permitir que los tribunales belgas controlen o revisen la actividad jurisdiccional de un juez español?"

Las fuentes jurídicas consultadas por Efe insisten en que la demanda se refiere a la actividad jurisdiccional del magistrado y no a cuestiones privadas ni a declaraciones vertidas en su condición de ciudadano. No se trataría, por tanto, de defender a Llarena, sino a la propia nación y precisan que es imposible separar la función jurisdiccional de este juez del Tribunal Supremo como instructor de la causa, en la que están procesados los cinco líderes independentistas huidos que le demandaron, de las manifestaciones que le atribuyen en la demanda.

Es, dicen, un problema de más alto calado que transciende el ámbito personal de un juez porque lo que se pone en tela de juicio en este procedimiento civil es la actuación judicial de un magistrado español.

A raíz de este planteamiento, la pregunta que ponen encima de la mesa es: "¿Se puede permitir que los tribunales belgas controlen o revisen la actividad jurisdiccional de un juez español?".

Las fuentes temen que, en el caso de que el Estado no se persone en el procedimiento a través de un abogado privado, sea demasiado tarde a la hora de defender la inmunidad de la jurisdicción española y se deje al Estado indefenso en una cuestión que, a su juicio, afecta de manera directa al Poder Judicial. Y advierten de las posibles consecuencias que eso podría acarrear para cualquier otro funcionario público que pueda ser objeto de una demanda de similares características.

La decisión adoptada por Justicia no siguió el criterio de la Abogacía del Estado, que dictó dos informes de carácter consultivo en los que señalaba que se cumplían los requisitos legales para personarse en Bélgica a través de un abogado privado al entender que la demanda está sustentada en hechos relacionados con el ejercicio del cargo como juez.

La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales -ambas de carácter progresista-, también se mostraron contrarias a la postura adoptada por Justicia, que califican de "dejación de funciones".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo manifestó este viernes que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción española en Bélgica si es necesario pero dejó claro que los poderes judicial y ejecutivo son "distintos e independientes" y que el amparo legal a un juez le corresponde al Poder Judicial.

El PP anuncia acciones en la calle y las Cámaras

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado que su partido promoverá acciones de apoyo al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el Congreso, en el Senado y en la calle, dado que "Pedro Sánchez es el mejor abogado de Puigdemont contra el juez".

Así lo ha afirmado en un acto con militantes y cargos públicos del partido en Los Alcázares (Murcia), a quienes ha mostrado su apoyo al instructor de la causa abierta por el "procés" ante la demanda civil presentada en Bélgica por el expresidente catalán al alegar que no respetó su derecho a la presunción de inocencia, por la que Llarena deberá comparecer el 4 de septiembre.

Si el presidente nacional del PP, Pablo Casado, "hubiese estado en La Moncloa, el presidente catalán, Quim Torra, no hubiera entrado con el lazo amarillo, porque es un insulto a nuestra constitución y nuestras leyes", ha añadido.

Según sus palabras, ese lazo "dice que hay presos políticos, pero Cataluña es de todos y si los independentistas quieren irse, que hagan como Puigdemont y que se vayan".

Cs exigirá que el Gobierno "comparezca"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que su partido está "muy decepcionado" con el Gobierno por "no prestar defensa" al juez Pablo Llarena en Bélgica, asunto por el que van a exigir una comparecencia "inmediata" al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La portavoz madrileña de la formación naranja y miembro del Comité Permanente de Ciudadanos ha calificado de "inaceptable" la decisión del Gobierno de "no prestar defensa" al juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera en Bélgica.

"Queremos manifestar que estamos muy decepcionados con el Gobierno, muy decepcionados, por su decisión, en nuestra opinión errónea, de no prestar defensa al juez Llarena. Nosotros entendemos que en este caso se está abandonando a un defensor del Estado por petición de quienes dieron el golpe de Estado", ha dicho hoy Villacís en un encuentro con medios.