Malestar en la Abogacía del Estado por el ninguneo de la ministra en el caso Llarena

Los servicios jurídicos del Gobierno que encabeza la nueva abogada general del Estado, Consuelo Castro, han recibido con "profundo malestar" la respuesta que la ministra de Justicia Dolores Delgado dio al informe que le encargó a su departamento el pasado mes de julio analizando si era posible defender al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante la demanda civil que ha presentado contra él el expresidente catalán Carles Puigdemont en Bélgica.

La titular de Justicia, que se ha visto obligada a rectificar su postura por orden del presidente Pedro Sánchez, ignoró en un primer momento el criterio de la abogada general y del subdirector general de los servicios contenciosos que sostuvieron que el Estado español debía personarse en Bélgica para ejercer la defensa del juez Llarena, instructor del ‘procés’.

La Abogacía del Estado, considerada un cuerpo de juristas de élite encargados de representar a nuestro país, recibió el pasado mes de julio el encargo de examinar si era pertinente o no personarse en el citado país europeo para defender a magistrado del Alto Tribunal que ha procesado al ex líder del Govern por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos y que ahora se ha visto demandado por cinco de los encausados.

El criterio de la abogada general

El encargo que hizo el secretario general de la Administración de Justicia a la Abogacía del Estado el pasado mes de julio fue respondido con un informe de 42 páginas, redactado por la propia abogada general, donde se concluía que Llarena había sido demandado “por el legítimo ejercicio de su función de instructor" del procés y, que por lo tanto, concurrían “los requisitos previstos en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado para autorizar la representación y defensa del magistrado". Además, Consuelo Castro alertaba de que esta personación en el proceso belga debía realizarse “con urgencia" y abría la posibilidad a la contratación de un bufete de abogados en Bélgica.

Además, un segundo informe redactado el pasado 17 de agosto por el subdirector general de los servicios contenciosos del Estado secundaba el criterio de la abogada general y se acordaba que se daría además “traslado de este informe al Ministro de Asuntos Exteriores, a fin de recabar previamente el criterio y la decisión del mismo antes de fijar las instrucciones necesarias para el seguimiento del procedimiento judicial por la Abogacía General del Estado”.

Con este escenario, el pasado jueves se produjo una reunión de distintos cargos del Ministerio de Justicia donde se propuso a Delgado que se debía defender a Llarena ante el intento de Puigdemont de cuestionar la imparcialidad del juez. Sin embargo, la ministra, según informan fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, ignoró de primeras el criterio de la Abogacía del Estado y sostuvo que no se podía representar al juez del ‘procés’ por actos privados. Finalmente, la titular de Justicia accedió a defender la soberanía española en esta procedimiento aunque dejando claro que las palabras que Llarena pronunció no formaban parte de su función jurisdiccional y que, por lo tanto, no correspondía a su departamento ejercer su defensa en el extranjero.

A raíz de ahí, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado -corregido por el propio gabinete de Delgado- donde se reflejaba claramente cómo el Ejecutivo había dejado a su suerte al juez que ha procesado a la cúpula independentista que promovió la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Sánchez ordenó la rectificación

Las fuentes consultadas explican que la respuesta de la ministra Dolores Delgado causó un gran malestar en el cuerpo de abogados del Estado que se ha sentido “ninguneado" al ver el rechazo de plano recibido por la fiscal sobre el exhaustivo análisis técnico jurídico de la cuestión planteada.

Este malestar coincide con el vivido por las asociaciones de jueces y fiscales –todas a excepción de Jueces para la Democracia- que vieron con asombro cómo la ministra trató de desentenderse de la defensa del magistrado Pablo Llarena en una "clara dejación de funciones". El final de la historia es conocida. El pasado domingo, a las 17:00 horas, de forma sorpresiva la Moncloa emitió un comunicado anunciado que el Ejecutivo contrataría a un bufete de abogados belga para asumir la defensa de España y del instructor del ‘procés’. El presidente, aseguran las fuentes informantes, no quería que este asunto enturbiara su gira por Sudamérica y obligó a Delgado a rectificar.