El Gobierno tiene previsto reformar el despido ya este año. Así lo recoge su Plan Anual Normativo de 2024, que el Ministerio de la Presidencia ha publicado. En él, remarca que pretende reforzar las causas por las que puede despedirse y que los cambios legales se llevarán a cabo "en cumplimiento de la Carta Social Europea", algo llamativo en tanto que hace unos días desde el Ministerio de Trabajo pedían esperar a que publique la resolución del Consejo de Europa sobre el mismo tema para opinar sobre la posible reforma del despido.

"Se pretende establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea, reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral y eliminando el despido automático de las personas con discapacidad sobrevenida", reza el Plan, especificando que para ello modificarán, a través de una ley, el Estatuto de los Trabajadores, y en concreto el real decreto 2/2015 en materia de despido.

Hay que precisar que el Plan Anual Normativo solo recoge las iniciativas legales que el Ejecutivo prevé llevar al Consejo de Ministros este año para su aprobación, pero hasta ahí. Se trata de un instrumento de planificación de la actividad normativa del Gobierno, y también de transparencia, "asegura el conocimiento de dicha actividad por la ciudadanía con la suficiente antelación, garantizando un entorno previsible para la adecuada toma en consideración de todos los intereses afectados por las normas proyectadas".

Pero llama la atención que el Ejecutivo ya tenga entre sus planes reformar el despido en el corto plazo, tan solo días después de conocerse que el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, un organismo que representa a los 46 países europeos, ha determinado que el despido español es insuficiente tal y como está planteado. La resolución del CEDS no es pública, por el momento solo se ha comunicado a las partes afectadas -el Gobierno más el sindicato UGT, quien presentó la reclamación por la que se emite esta resolución-, más a 16 países europeos.

Esa es la razón por la que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, declaró la semana pasada que no podía valorar el contenido de la resolución, al mismo tiempo que dejó caer que si la decisión consideraba que el coste del despido español era demasiado bajo "naturalmente haría imprescindible una reforma para cumplir con nuestros compromisos internacionales". En ese mismo sentido ya se había expresado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante los últimos meses, pero no después de conocerse el fallo.

La cuestión ahora es en qué dirección encaminará el Ejecutivo la reforma. Eso dependerá, en parte, de lo que dicte exactamente la citada resolución, que por el momento no se ha filtrado a los medios de comunicación, más allá del sentido de la misma. También tendrán mucho que decir los agentes sociales, tanto los sindicatos mayoritarios como las organizaciones de empresas más representativas, que en la mesa de la reforma laboral decidieron dejar sin tocar el despido con tal de llegar a un acuerdo.

Según los expertos, y como ya ha explicado este medio, el Gobierno no tiene más remedio que reformar el despido después de la decisión del CEDS, aunque este no sea un órgano jurisdiccional. Las razones -desarrolladas aquí- tienen que ver con que España suscribió en 2021 la Carta Social Europea, y por tanto incumplirla supondría incumplir un tratado jurídicamente vinculante en el país; y también con que no cambiar la ley dejaría en manos de los jueces aplicar la decisión de Europa "a golpe de sentencia".

Derogado el despido por incapacidad permanente

El Gobierno ya acordó la semana pasada derogar el despido automático por incapacidad permanente con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). El cambio no está aprobado, pero cumple con lo que, al igual que pasa con el despido improcedente, prometió el Gobierno en su programa de coalición. Actualmente está en vigor el despido automático de las personas con incapacidad permanente, como señala el artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores.

Según comunicó entonces Trabajo, el texto señala el "pleno compromiso" del Gobierno "con la defensa y desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad, la eliminación de las desigualdades y la discriminación y su integración real en todos los ámbitos de la sociedad" y permitirá derogar como causa de extinción automática de la relación laboral el reconocimiento de incapacidad permanente a una persona trabajadora.