Lejos de amainar el conflicto entre órganos constitucionales, la Mesa del Senado, presidida por el popular Pedro Rollán, estudiará el próximo martes un escrito encargado a los servicios jurídicos de la Cámara Alta para exigir que sea el pleno del Congreso el que debata y vote la petición de retirada de la ley de Amnistía. Intenta dar réplica al informe que, a su vez, salió del equipo dirigido por el letrado mayor y secretario general del Congreso, Fernando Galindo, calificando de "improcedente" y "artificio" el conflicto planteado por el pleno de Senado al Congreso, inédito en democracia.
El informe de Galindo le sirvió de coartada a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para sostener no sólo su negativa a retirar la tan controvertida ley, sino también para sustanciar el asunto en la Mesa, sin convocar al pleno, hecho interpretado por los populares como un "fraude de procedimiento grave" además de una "usurpación" de las competencias del conjunto de los grupos diputados.
La Mesa del Senado, controlada por el Partido Popular, espera para este martes un informe favorable a su posicionamiento, por entender que "una petición del pleno de la Cámara Alta debe ser respondida por el pleno de la Cámara Baja" y todo ello a sabiendas que será una votación abocada al fracaso, pues el Gobierno de coalición y sus socios parlamentarios rechazarían retirar una ley sobre la que se sostiene la continuidad de la legislatura de Pedro Sánchez.
El PP duda llevar este conflicto al TC
En fin, una guerra de informes y contrainformes que paraliza de momento cualquier decisión respecto a llevar este choque de atribuciones entre las dos Cámaras al Tribunal Constitucional, que debiera ser quien tuviera la última palabra respecto a si el Congreso ha hurtado al Senado un debate sobre una reforma "constitucional encubierta" y, por tanto, considera nula la tramitación de la ley de Amnistía, tal y como argumenta la mayoría absoluta del PP.
Fuentes populares recuerdan que tienen un mes de plazo para tomar una decisión al respecto, pero no son demasiado concluyentes. Si bien está decidido llevar ante el tribunal de garantías constitucionales la ley de impunidad una vez culmine todo el trámite parlamentario -y por la que se le perdonarán a Carles Puigdemont la comisión de graves delitos, incluida una fuga para sustraerse a la acción de la Justicia- hay debate interno en Génova sobre si este conflicto entre las dos Cámaras, promovido por los propios populares, acabará en el territorio de Cándido Conde Pumpido.
Debate en pleno ciclo electoral
De momento insisten en intentar forzar a Armengol para convocar un pleno extraordinario de modo "que todos los Grupos Parlamentarios vuelvan a retratarse sobre la ley" en mitad del presente ciclo electoral. Porque tras los comicios autonómicos vascos de este domingo vienen las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio y la intención de los de Alberto Núñez Feijóo es mantener este asunto lo más vivo posible por entender que puede impactar en los resultados en Cataluña y al Parlamento Europeo.
La fecha límite para la tramitación de la ley en el Senado es el 16 de mayo, tras una reforma unilateral del Reglamento destinada a alargar lo más posible el plazo, rechazando el carácter de urgencia con el que se despachó el texto en el Congreso. La ley regresará al palacio de la Carera de San Jerónimo.
Si el Senado ejerce su derecho de veto, el texto deberá debatirse y aprobarse de nuevo en pleno de la Cámara Baja para levantar dicho veto. Una vez publicando en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la pelota pasa a los jueces, quienes tienen que aplicar la nueva norma, y ahí se abren varios frentes, el del recurso ante el TC ya anunciado por el PP y la posibilidad de una cascada de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), momento en que se paralizaría la aplicación de la ley hasta que resolviera si el texto vulnera o no las normas de la Unión.
Los populares amplían el objeto de la comisión de investigación de la Cámara Alta
Por otro lado, el Grupo Popular del Senado llevará la semana que viene al pleno de la Cámara una ampliación del objeto de la comisión de investigación del "caso Koldo" después del varapalo del letrado adscrito a esta comisión.
Y es que los populares, más allá de la presunta trama corrupta de compra de mascarillas dirigida por el asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, habían incluido un largo listado de comparecientes y petición de documentación sobre cuestiones como el rescate de Air Europa y la supuesta relación de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con esta operación, o el ya famoso capítulo del tránsito por el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y sus maletas, que compromete también a Ábalos.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, negó ayer que la ampliación respondiera al informe negativo del letrado, circunscribiéndolo a una "cuestión política", informa Ep. "Queremos ampliar, actualizar el objeto de esta comisión por las posibles interconexiones que puede haber en las distintas ramificaciones que vamos conociendo que tiene esta trama de corrupción del Partido Socialista y del Gobierno", explicó.
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