Uno de los temas más relevantes que han surgido alrededor de las declaraciones de Pedro Sánchez en su entrevista en RTVE fue la lucha contra la desinformación. Es un hecho que ha levantado especial polémica, que algunos han visto como un ataque a la libertad de información, mientras que otros lo defienden como un mecanismo natural de los valores democráticos. Se trata de un debate que no está exento de polémica, porque en muchos ámbitos no se va al origen de la necesidad de hacerlo, que fue el uso de la desinformación por parte de actores cercanos al Kremlin para alterar el funcionamiento democrático y de las instituciones a partir de 2015.

En el caso de España, como Estado miembro de la Unión Europea, la guerra contra la desinformación de ciñe al Plan de Acción contra la Desinformación, del 5 de diciembre de 2018. Este documento elaborado por la Comisión Europea, y con el apoyo de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, se podría considerar el punto de origen de la lucha contra la desinformación. El texto reconoce la necesidad de proteger la libertad de expresión como valor fundamental de la UE, que además está protegida por la Carta de Derechos Fundamentales y las diferentes Constituciones de los Estados miembro. 

De la misma manera que define la desinformación como la "información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público". Es en esta última parte, cuando alude a que puede causar perjuicio público, donde reside la principal gravedad de la desinformación. Cuestiones que pueden afectar al día a día del Estado como alterar la legitimidad de las instituciones democráticas, perjudicar el funcionamiento de los servicios esenciales provocan que la desinformación se haya convertido en un elemento más de lo que podríamos entender como guerra híbrida.

Un ejemplo evidente de lo que se contempla como ejemplo de desinformación es la injerencia rusa en diferentes elecciones y referendos de la Unión Europea, de la misma manera que toda la campaña mediática alrededor de la guerra civil de Siria o el ataque al MH-17, abatido por las fuerzas prorrusas, aunque se sigue transmitiendo el bulo de que fueron ucranianos. También el caso de Salisbury, donde Rusia y las facciones prorrusas acusaron al Reino Unido de envenenar químicamente a Sergei y Yulia Skripal, cuando se demostró que fueron los rusos. El intento de golpe de Estado de Montenegro, en 2016, también fue un ejemplo del uso de la desinformación para desestabilizar un país. 

Debemos recordar también, que desde 2020, a través del Consejo de Seguridad Nacional se creó el Procedimiento de actuación contra la Desinformación, como consecuencia de las diferentes campañas organizadas en el marco de la pandemia de COVID-19. Las continuas noticias falsas sobre las cifras de fallecidos y hospitalizados, las acciones del gobierno que no eran tales, la continua desinformación alrededor de las diferentes vacunas existentes, como también sobre los procesos democráticos que se dieron en la pandemia, sirvieron para crear el primer paso en la lucha contra la desinformación. El PP en su día ya se quejó al respecto, junto a Vox, que el gobierno buscaba decidir qué es falso y qué es cierto, pero como hemos visto la desinformación no es eso, salvo que haya situación de perjuicio público.

La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de 2021, escrita por el Departamento de Seguridad Nacional, también reconoce la información como un mecanismo para desestabilizar las instituciones, influir en los procesos democráticos y alentar a la polarización. Además, la ESN 2021 evidencia cómo esta desinformación condiciona la Seguridad Nacional, y deben diferenciarse, para abordarse bien, la difusión de información falsa de la difusión de información errónea. Ambas, pero, pueden buscar manipular a la ciudadanía para alterar el funcionamiento democrático del Estado. El Centro Nacional de Inteligencia, junto con el Centro Criptológico Nacional y la Oficina Nacional de Seguridad son, en el caso de España, el principal baluarte contra la desinformación que puede provenir tanto del exterior, como del interior. 

Estos tres centros están conectados a otros similares a nivel comunitario, y colaboran en la guerra a la desinformación que afecta hoy en día a las noticias provenientes de Ucrania, y que provocan entre otras cosas protestas campesinas en Polonia, alientan a la ultraderecha en Francia o sitúan como centralidad del debate aquellos temas que pueden beneficiar a Rusia, como sucede con la agenda de Donald Trump y sus acólitos en Estados Unidos. Actualmente, la guerra híbrida que se está desarrollando en los Balcanes, donde la zona de influencia rusa se ha quedado limitada a Serbia, también es un punto en el mapa donde la desinformación afecta a la seguridad nacional. 

El debate de la desinformación no lo podemos afrontar desde el partidismo, porque es un asunto que afecta más allá de la cuestión electoralista"

Países como República Checa, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, Bulgaria y Rumanía, han impulsado campañas contra la desinformación. En el caso de Moldavia, las continuas campañas de desinformación sobre lo que hace el gobierno moldavo han provocado que incluso el gobierno de Gagauzia, cercano al Kremlin, haya aprovechado para polarizar y amenazar con unirse a Rusia. El motivo, una supuesta adhesión de Moldavia a Rumanía, algo que ninguno de los dos Estados defiende. Pero en los foros y medios alternativos aparecía como inminente. Este caso es uno de los más actuales. Así pues, podemos ver que no es una ocurrencia partidista, ni un hecho que no tiene consecuencias. De la misma manera, los actores prorrusos de Georgia se han convertido en altavoces de noticias falsas para tensar la situación social y justificar que el gobierno georgiano no se adhiera a la Unión Europea. 

En conclusión, el debate de la desinformación no lo podemos afrontar desde el partidismo, porque es un asunto que afecta más allá de la cuestión electoralista. La importancia de combatirla puede generar ciertas reticencias, pues transfiere una potestad al Gobierno que puede ser intrusiva para mucha gente, pero al mismo tiempo el marco común europeo, con sus amenazas y sus adversidades a la seguridad de los Estados miembro obliga a tomar acciones, así como mecanismo de prevención.

Tendremos que estar atentos a la próxima ola de desinformación, pues cada una es más compleja que la anterior. También son intrincadas sus formas de financiación. Quizás sea una de las políticas comunitarias que más relevancia tenga en pocos años. 

Guillem Pursals es doctorando en Derecho (UAB), máster en Seguridad (UNED), y politólogo (UPF). Especialista en conflictos, seguridad pública y Teoría del Estado.