El estallido del denominado 'caso Koldo' provocó la rápida reacción del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El titular del departamento en el que se gestó la presunta trama de corrupción anunció el 27 de febrero una "amplísima" auditoría sobre la compra de mascarillas durante la pandemia a las empresas por las que habría intermediado Koldo García, asesor personal de su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos.

Cuando se cumplen casi tres meses de aquel anuncio, y pese a que las conclusiones se esperaban "a la máxima brevedad posible", todavía no se ha hecho público el resultado de la auditoría.

Durante una comparecencia en sede ministerial, el exalcalde de Valladolid anunció la puesta en marcha una auditoría específica sobre la compra centralizada a través de dos órdenes ministeriales para adquirir 13 millones de de mascarillas FPP2; ocho por parte de Puertos del Estado y cinco por parte de Adif. Todo en base a la tramitación de emergencia prevista en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020.

Aunque aquellas compras ya fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General del Estado (IGAE) sin objeciones, el sucesor de Raquel Sánchez quiso iniciar la investigación interna para despejar las dudas sobre un caso que sigue judicializado.

Puente enfatizó entonces que la Inspección General de Servicios del ministerio sería la encargada de elaborar la auditoría, un departamento -destacó- compuesto "por funcionarios de carrera que no deben su puesto a este Gobierno, sino que son inamovibles". Entre otras cosas, señaló que dichos funcionarios iban a tener capacidad para realizar entrevistas y recabar todo tipo de documentación.

Desde Transportes se limitan a decir que cuando la auditoría esté lista, lo comunicarán. No en vano, está previsto que sus conclusiones se envíen a las comisiones de investigación abiertas como la del Senado sobre el caso, en la que el PP pretende citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según dijo Puente, la intención también era remitir su contenido a los órganos judiciales que corresponda así como a la opinión pública.

Mientras tanto, un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el foco al presidente de Adif designado por el ministro tras acceder al cargo, Ángel Contreras.

El texto remitido a la Audiencia Nacional por los agentes recoge una conversación en la que el empresario Daniel F. M. (administrador de la sociedad Obras Públicas y Regadíos SA, que no está imputado en el procedimiento), envía al que fuera asesor de Ábalos un mensaje del que se dirime que Contreras habría podido intermediar en una adjudicación.

En 2020, durante la etapa investigada por la compra de las mascarillas a Soluciones de Gestión S.L., empresa que la Fiscalía Anticorrupción sitúa en el centro de la trama de corrupción, Contreras era director general de Conservación y Mantenimiento de Adif. Este organismo público encargado de la infraestructura ferroviaria fue la entidad -según el Tribunal de Cuentas- que pagó el precio medio más bajo por las mascarillas, a 2,37 euros unidad, seguida de Puertos del Estado, que adquirió cada mascarilla a 2,5 euros.

La auditoría encargada por Puente tenía el objetivo de poner bajo la lupa todo el proceso de contratación seguido por Adif, Puertos del Estado y el propio Ministerio y los posibles fallos de control de interno que pudieron existir en el procedimiento. "Los ciudadanos han de tener la certeza de que este Gobierno no va a cruzarse brazos ante cualquier atisbo de corrupción, venga de donde venga. Y de que actuará con ejemplaridad caiga quien caiga", dijo Puente por aquel entonces.

A la luz de las conclusiones que aún no se han hecho públicas, la Inspección tenía la misión de elevar a los distintos responsables del Ministerio y de las entidades adscritas "recomendaciones para la mejora de la organización y los procedimientos para prevenir cualquier riesgo de eventuales situaciones contrarias a la ética e interés público".