La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se reunió con directivos de Indra, Telefónica y Google para pedirles que desarrollaran gratuitamente una aplicación para el Máster de Transformación Social Competitiva que dirige en la Universidad Complutense de Madrid, según ha desvelado hoy el periódico El Confidencial. Las tres compañías accedieron a hacerlo.

Los datos de las propias empresas, a los que ha tenido acceso ese medio, revelan que éstas no recibieron ninguna remuneración económica por los trabajos de desarrollo, que supusieron un coste de al menos 150.000 euros. Accedieron a hacerlo gratis. Como se detalla en la información, la colaboración con Begoña Gómez se articuló como un proyecto altruista para una entidad de carácter educativo, aunque finalmente las tres compañías optaron por no acabar la aplicación cuando los trabajos estaban muy avanzados por la posible existencia de un conflicto de intereses.

Fue entonces cuando la mujer de Pedro Sánchez, según la información de El Confidencial, sacó a concurso un contrato para pagar con dinero público la última fase de la aplicación. La propia Begoña Gómez redactó y firmó el pliego de prescripciones técnicas. La consultora Deloitte se llevó el contrato por 60.500€, lo que provocó que el coste total de la herramienta para su máster ascendiera hasta los 210.500€.

Además, durante el tiempo que duraron los trabajos, la mujer de Pedro Sánchez visitó las instalaciones de Indra y Telefónica para supervisar personalmente la evolución, y en ambos casos fue recibida por los máximos responsables de las compañías.

Esta información sale a la luz un día después de que se conociera que Begoña Gómez está siendo investigada formalmente, una vez levantado el secreto de sumario de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a raíz de una denuncia de Manos Limpias. La esposa del presidente podría haber cometido dos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez Juan Carlos Peinado no sólo la considera investigada, sino que ordenó notificarla y que designara un abogado cuando inició las pesquisas el pasado 16 de abril.

Telefónica se defiende

La operadora ha querido defenderse de las acusaciones: “Telefónica siempre ha mantenido una estrecha relación con las Universidades y con ese objetivo se creó la Red de Cátedras Telefónica en 2001 como instrumento de formación, investigación y transferencia de conocimiento para el impulso de las TIC y la sostenibilidad en nuestra sociedad. Esta alianza universidad-empresa está establecida con 25 universidades españolas de referencia, constituyéndose como la mayor red de nuestro país, con las que se mantiene un marco global de referencia que permite desarrollar posteriormente, como práctica habitual y en diferentes formatos de colaboración, iniciativas concretas.

En el caso concreto de la Universidad Complutense de Madrid se colabora desde hace años en el ámbito de la formación a través de la “Cátedra Educación Digital y Juegos Serios”. En el  2023 Telefónica se incorporó al Comité Asesor Empresarial de la ya existente Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. El compromiso adquirido por Telefónica, exclusivamente para ese año y ya cumplido, fue una colaboración en especie para el desarrollo de una parte de las funcionalidades de la Plataforma de Medición de Impacto Recurrente, funcionalidades que serían propiedad de la Cátedra.  En el alcance de esta participación no se incluían las futuras necesidades de la Plataforma en cuanto a soporte y mantenimiento correctivo o evolutivo”.